Castilla-La Mancha reclama claridad y rechaza la ordinalidad ante la nueva financiación autonómica

El encuentro de este lunes en el Ministerio de Hacienda arrancó con un mensaje rotundo de Castilla-La Mancha. Su consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, reclamó al Gobierno central transparencia y certeza para construir un sistema de financiación “realista y justo”, criticó la falta de documentación previa y denunció el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad, un escenario que —señaló— complica la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2026.

Castilla-La Mancha exige certidumbre y rechaza cualquier modelo que rompa la igualdad

Desde el primer minuto, Ruiz Molina subrayó que, a estas alturas del año, las comunidades continúan sin conocer datos esenciales para elaborar sus cuentas, como el incremento retributivo del personal público para 2025 y 2026. Reiteró que Castilla-La Mancha trabaja para aprobar sus presupuestos el 1 de enero y que la falta de esos parámetros básicos supone “limitar la autonomía financiera” de las regiones.

El consejero también mostró su preocupación por la ausencia de un documento de base para debatir la reforma del modelo. “No hemos recibido ni una sola propuesta por escrito”, lamentó, reclamando coherencia al Gobierno y recordando el rechazo de Castilla-La Mancha al principio de ordinalidad, que considera incompatible con el principio constitucional de igualdad.

Ruiz Molina advirtió además que cualquier negociación bilateral que afecte a recursos comunes debe excluirse del diseño del nuevo sistema y defendió de nuevo un fondo transitorio de compensación para territorios infrafinanciados.

Cifras inéditas para Castilla-La Mancha: 7.480 millones en entregas a cuenta y 7.798 millones en total

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la revisión al alza de las entregas a cuenta de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que los territorios recibirán la mayor cuantía de la historia gracias al impulso de la economía.

En el caso de Castilla-La Mancha, los datos marcarán un punto de inflexión:

• 7.480 millones de euros en entregas a cuenta, un 7,6% más que este año.

• 7.798 millones sumando la liquidación de 2024, un incremento conjunto del 8,5%.

La senda de déficit propuesta para el periodo 2026-2028 permitirá además a la región disponer de 193 millones adicionales, destinados a reforzar servicios sociales, sanitarios y educativos.

Montero anuncia que el nuevo modelo se presentará en dos meses y aspira a aplicarlo en 2027

Durante el CPFF, la ministra expuso el calendario del nuevo sistema de financiación autonómica, que el Gobierno quiere presentar en enero o febrero. Montero avanzó algunos de sus pilares, dejando claro que afectará por igual a todas las comunidades de régimen común y que ninguna saldrá perjudicada.

Entre los elementos principales que adelantó:

• Más recursos globales para las autonomías.

• Incremento de la cesión de algunos impuestos como IRPF, IVA o especiales.

• Reducción de la brecha de financiación por habitante ajustado.

• Un sistema con solidaridad interterritorial explícita y basada en criterios objetivos.

• Mayor capacidad normativa y un avance hacia una gestión tributaria en red con la Agencia Tributaria.

• Posibles desincentivos al ‘dumping’ fiscal, aún por definir.

La ministra insistió en que el Gobierno presentará el modelo “en su totalidad” y que su voluntad es que entre en vigor en 2027, aunque para ello será imprescindible un clima político que hoy sigue lejos del consenso.

Debate intenso: multilateralidad, bilateralidad y diferencias políticas

A lo largo de las más de cuatro horas de reunión, varios consejeros expresaron sus dudas sobre la viabilidad del calendario. Las comunidades gobernadas por el PP criticaron la falta de documentación y denunciaron que Hacienda quiera “mezclar bilateralidad y multilateralidad”.

Ruiz Molina tomó la palabra para matizar esta idea: defendió que la bilateralidad solo debe abordarse para cuestiones estrictamente propias de una comunidad autónoma, y no para definir un sistema común. “No se puede sorber y soplar al mismo tiempo”, afirmó, reclamando un enfoque plenamente multilateral para el marco general de financiación.

Advertencia de Montero: 5.485 millones en juego si el Congreso rechaza la senda de estabilidad

En rueda de prensa posterior, la ministra lanzó una advertencia contundente: si el Congreso tumba la senda de estabilidad en dos ocasiones, las comunidades perderán 5.485 millones de capacidad de gasto en el conjunto del trienio.

Explicó que, en ese caso, España quedaría automáticamente sometida al objetivo de equilibrio presupuestario (0%) previsto en el plan fiscal enviado a Bruselas, obligando a las regiones a un ajuste de 1.755 millones en 2026.

Hacienda espera que, incluso si fuera necesaria una segunda votación, todo el proceso quede resuelto antes de enero.

Una aprobación incierta: el Gobierno encara su quinto intento en dos años

Más allá del CPFF, el debate sobre la senda de déficit condiciona el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado de 2026. El Gobierno llegará al Parlamento con un escenario volátil:

• Es el quinto intento de aprobar una senda fiscal en esta legislatura.

• La nueva normativa deja sin efecto el veto previo del Senado, dominado por el PP.

• Junts vuelve a situarse como fuerza decisiva tras advertir de un bloqueo general al Ejecutivo.

Si el partido de Carles Puigdemont se suma al no del PP y Vox, la senda caerá. Si se abstiene, el Gobierno tendría opciones de sacarla adelante.

Mientras tanto, España sigue con los presupuestos prorrogados de 2023.

Un antecedente que vuelve al debate: la propuesta basada en población ajustada

La reforma del modelo de financiación arrastra un largo historial de desencuentros. La última propuesta formal —presentada hace cuatro años— se basaba en la población ajustada, criterio defendido por las comunidades infrafinanciadas, entre ellas Castilla-La Mancha.

Aquel intento fracasó por falta de acuerdo, y ahora resta saber si el Gobierno retomará parte de ese planteamiento o si optará por un diseño completamente renovado. En cualquier caso, Montero recordó que el nuevo sistema exigirá un consenso entre PSOE y PP, algo que las posiciones actuales hacen especialmente complejo.