Castilla-La Mancha aprobará un nuevo reglamento del taxi y regulará los VTC

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido dar un paso firme en la ordenación del sector del transporte urbano y rural, anunciando un nuevo Reglamento del Taxi y una regulación específica de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). El consejero de Fomento, Nacho Hernando, avanzó tras una reunión en Toledo con la Federación Regional del Taxi que la tramitación de ambos textos se realizará “con la mayor urgencia, transparencia y participación ciudadana”.

Un reglamento que responde a demandas históricas

El nuevo Reglamento del Taxi se prevé aprobar a finales de este año o, como muy tarde, a principios de 2026, y su objetivo es actualizar un marco normativo que el propio consejero calificó de “limitado y obsoleto”.

Entre las medidas más destacadas figura la posibilidad de que todos los taxistas puedan realizar viajes precontratados más allá del municipio en el que tienen licencia, algo hasta ahora restringido y que en la práctica generaba problemas especialmente en el ámbito rural. “En los pueblos, la actual limitación resulta incluso ridícula, porque un cliente habitual puede necesitar desplazarse periódicamente a otra localidad y su taxista de confianza no podía legalmente prestarle ese servicio”, señaló Hernando.

Eso sí, se mantendrá la prohibición de captar pasajeros fuera del municipio de origen. “Lo que no puede pasar es que taxistas de la periferia vengan a Toledo a la estación del AVE a ver a quién recogen. Eso no se podrá hacer”, puntualizó el consejero, dejando claro que la medida solo amparará servicios previamente contratados.

Más accesibilidad y apoyo al sector

El Ejecutivo regional también ha confirmado que en el mes de octubre lanzará una nueva convocatoria de ayudas dotada con 100.000 euros para la adaptación de taxis a personas con movilidad reducida, en línea con la vocación de servicio público del sector. Estas subvenciones buscan facilitar la accesibilidad universal y sufragar el alto coste que supone la adaptación de los vehículos.

“El taxi debe estar al alcance de todos”, defendió Hernando, destacando el compromiso del gremio con la movilidad inclusiva y con la atención a usuarios en situaciones de vulnerabilidad.

Regulación estricta para los VTC

El otro gran frente es la regulación de los VTC. El borrador en tramitación establece varias medidas clave:

• Precontratación obligatoria: los VTC no podrán recoger clientes sin reserva previa.

• Prohibición de deambular sin servicio: tras completar un trayecto deberán regresar a base, garaje o aparcamiento.

• Límites en zonas turísticas para evitar saturación.

• Exigencias técnicas y medioambientales estrictas.

• Prohibición de geolocalización previa de vehículos en espera.

• Ratio 1/30: una licencia de VTC por cada 30 de taxi, criterio avalado por el Tribunal Supremo.

• Transparencia total en precios y obligación de contar con una cuota de vehículos adaptados.

El consejero advirtió que, al haberse superado ya con creces la ratio legal, no se concederán nuevas licencias VTC salvo en el caso de vehículos eléctricos, debido a la normativa europea.

Hernando fue crítico con el marco nacional: “El Estado se lavó las manos, delegando en las comunidades la regulación de este sector. Eso ha sido un error, porque hoy tenemos normativas distintas en cada región, generando desigualdad y confusión”.

Choque con Bolt en Toledo

El foco del debate está ahora en Toledo, donde la empresa Bolt ha comenzado a operar con VTC. Según explicó Hernando, la Policía Local ha tramitado hasta ahora 10 denuncias, aunque el Ayuntamiento asegura contar con 45 expedientes adicionales aún no remitidos a la Junta.

El consejero anunció que la próxima semana comenzará la imposición de sanciones a las empresas y titulares de licencias que hayan incumplido la ley, con multas de hasta 4.000 euros por infracciones graves. “No hay vacío legal; lo que hay es una empresa que está incumpliendo la ley”, subrayó.

Hernando recordó que la Administración regional solo puede sancionar trayectos realizados con origen y destino dentro del mismo municipio, mientras que los ayuntamientos son competentes para sancionar a los VTC que esperan en zonas no habilitadas, como estaciones de tren, de autobuses o plazas céntricas.

Preguntado sobre un posible encuentro con Bolt, aseguró que “las puertas están abiertas a todos”, pero insistió en que la prioridad del Gobierno regional es garantizar la seguridad jurídica, el control de precios y la protección de los usuarios y del taxi.

Vocación de servicio y futuro del sector

El secretario técnico de la Federación Regional del Taxi, José Luis Morón, destacó la “vocación de servicio público” del taxi y la importancia de que la Administración respalde al sector frente a prácticas que considera de competencia desleal.

Morón negó enfrentamientos entre taxistas y conductores de VTC, aunque reconoció que ha habido contactos informales entre ambas partes. “Lo que queremos es prevenir que lo que ocurre en Toledo se repita en otras ciudades de la región”, advirtió.

Por su parte, Hernando ensalzó la fiabilidad del taxi: “Es un sector pujante, que mantiene precios limitados y estables. Ni en fiestas ni en grandes eventos se disparan las tarifas, algo que no siempre se garantiza en los servicios de VTC”. También alertó de que algunos operadores pueden estar ofreciendo trayectos a pérdidas “solo para expulsar del mercado a taxistas”, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de movilidad.

Un cambio con impacto social y económico

El nuevo marco legal tendrá impacto tanto en la movilidad urbana como en la cohesión territorial. En las grandes ciudades, se busca ordenar la convivencia entre taxis y VTC bajo reglas claras; en los entornos rurales, la introducción de los viajes precontratados permitirá a muchos vecinos disponer de un servicio más flexible, adaptado a sus necesidades.

La aprobación de este reglamento y la regulación de los VTC colocan a Castilla-La Mancha en línea con otras comunidades que ya han dado pasos en esta materia, aunque con normativas muy diversas. Con ello, el Ejecutivo autonómico pretende blindar el derecho a una movilidad accesible, segura y regulada, reforzando el papel del taxi como servicio público esencial y estableciendo un control más estricto sobre las plataformas privadas.