Castilla-La Mancha acumula 1.565 solicitudes en el registro de alquiler de corta duración
Castilla-La Mancha acumula 1.565 solicitudes en el registro de alquileres de corta duración que se hará efectivo este martes, de las cuales el 91,63 % corresponden a alquiler turístico.
Las solicitudes para obtener el número de registro del alquiler de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) se han acelerado en los últimos días, con 15.000 nuevas peticiones en el fin de semana previo a su entrada en vigor, pues su aplicación será efectiva desde este martes.
El Ministerio de Vivienda ha informado de que las solicitudes, a las 08.00 horas de este lunes, superaban ya las 215.438, cuando el pasado viernes el número total de peticiones era de 199.686, casi 16.000 menos.
De momento, 94.209 de las 215.438 solicitudes están ya activas de manera definitiva, 102.732 son provisionales -pendientes de verificar por el Colegio de Registradores, que tiene un plazo de quince días- y 18.497 han sido revocadas.
El 76,78 % de las solicitudes activas son para alquiler turístico, mientras que cinco comunidades, Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunitat Valenciana, concentran por ahora el 82,2 % de las solicitudes destinadas al alquiler turístico.
Esta nueva regulación establece que todas las viviendas destinadas a uso turístico o de temporada deben contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente.
El procedimiento de registro único se articula a través del Registro de la Propiedad y de Bienes Muebles, que se encarga de facilitar a los propietarios -cuando se cumplen los requisitos-, un código sin el cual no pueden comercializar la vivienda en las plataformas 'online' de alquiler.
El Ministerio de Vivienda ha asegurado que España ha sido el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa comunitaria referente a los alquileres de corta duración, cuyos efectos se despliegan plenamente a partir de este martes.
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha reivindicado la necesidad de regular este tipo de alojamientos para "acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios", así como con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para "especular" con el precio de la vivienda.
