Denuncian que la mayor granja avícola de España amenaza el agua

La Junta de Castilla-La Mancha concedió la Autorización Ambiental Integrada al Grupo Avícola Rujamar S.L. para levantar en San Clemente (Cuenca) una macrogranja avícola de dimensiones sin precedentes en España. La resolución, publicada el viernes 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, da luz verde a un proyecto que prevé albergar 810.000 gallinas ponedoras y 187.500 de recría —casi un millón en total— con una capacidad de producción de 235 millones de huevos al año. La plataforma vecinal constituida en los municipios afectados y varias organizaciones ecologistas de ámbito nacional han trasladado su rechazo frontal a la decisión y anunciado acciones legales y administrativas.

Según los propios datos aportados por la promotora, la instalación generaría más de 1.000 toneladas de gallinaza al mes y se convertiría, por volumen de emisión de amoniaco, en la explotación avícola más contaminante del país. El amoniaco es un gas tóxico con efectos documentados sobre el medio ambiente y la salud pública, cuya concentración en zonas rurales puede comprometer la calidad del aire y del suelo a largo plazo.

Amenaza sobre el acuífero Rus-Valdelobos

Las organizaciones han puesto el foco de manera especial en el impacto hídrico del proyecto. La explotación dependería del acuífero Rus-Valdelobos, que la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana ha declarado en mal estado cuantitativo y químico, con recursos hídricos sobreexplotados y vulnerable a nitratos. La macrogranja se proyecta a tan solo 3 kilómetros de las aldeas de Villarrobledo y Ventas de Alcolea, cuyos vecinos ya registraron en meses recientes problemas de suministro por alta concentración de sulfatos.

La situación es especialmente crítica en la red de abastecimiento Casas de Roldán-Casas de los Pinos: según los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, el agua de esa red supera el límite legal de nitratos desde hace años. En la última medición disponible, correspondiente a septiembre de 2024, fue declarada no apta para consumo humano.

"Es inadmisible que en un escenario de crisis climática y de agua, y después de un año en que fueron sacrificados millones de aves de corral debido a la gripe aviar, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que supuestamente apoya la transición ecológica, dé luz verde a un proyecto de dimensiones faraónicas como el que Rujamar pretende llevar a cabo en San Clemente", afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto. "Pese a que casi todos los límites planetarios están traspasados, las administraciones nos siguen empujando hacia el precipicio promoviendo un modelo agroalimentario totalmente insostenible, destructivo y cruel".

Riesgo de zoonosis y proximidad a la ZEPA

Las entidades también alertaron sobre el riesgo sanitario que, a su juicio, representa este tipo de instalaciones en el contexto epidemiológico actual. El año pasado se sacrificaron en España casi tres millones de aves de corral por brotes de gripe aviar de alta patogenicidad, lo que supuso un nuevo récord y una factura millonaria en indemnizaciones públicas. El proyecto se ubicaría a tan solo 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, lo que incrementa, según las organizaciones, el riesgo de contagio procedente de aves silvestres.

"Las macrogranjas son una auténtica bomba de relojería e incrementan de forma exponencial el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a los seres humanos", sostienen. Desde 2003 se han notificado en el mundo 993 casos de gripe aviar en humanos, con 477 muertes, y dos de ellos en España. El virus ha saltado además a otros mamíferos, como vacas, visones o lobos marinos.

Críticas al greenwashing de Rujamar

Las organizaciones dirigieron también sus críticas al perfil público del Grupo Avícola Rujamar S.L., cuya página web lo presenta como una empresa comprometida con la sostenibilidad y cuyo director ejecutivo, Rubén Martínez, se ha declarado públicamente defensor del bienestar animal. Los colectivos lo desmienten con los datos incluidos en la propia propuesta de la promotora: los huevos producidos en la macrogranja tendrían código 2 y 3, correspondientes a gallinas criadas en suelo y en jaula, respectivamente, los dos sistemas de peor calificación en la escala de bienestar animal permitida en España —que va del 0 (producción ecológica) al 3 (jaula)—.

"Rujamar y su CEO Rubén Martínez deben dejar ya de hacer un lavado verde de su empresa: ni es verde ni garantiza el bienestar animal. Lo único que busca es explotar a los animales para alcanzar su máximo rendimiento económico. Las gallinas no son objetos ni existen para estar encerradas desde que nacen hasta que mueren", concluyen las organizaciones.

Alegaciones ante la Confederación Hidrográfica y el Gobierno central

Frente a esta situación, la plataforma y las organizaciones ecologistas han anunciado que presentarán alegaciones en dos frentes. Por un lado, a la solicitud de concesión de agua actualmente en proceso de participación pública, abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por otro, al proyecto de Real Decreto del Gobierno central "por el que se modifican diversos reales decretos que establecen las normas básicas de ordenación de determinadas explotaciones ganaderas", y en particular al Real Decreto 637/2021 de ordenación de granjas avícolas. Este reglamento no fija ningún límite de tamaño para las instalaciones, lo que, a juicio de los denunciantes, es la grieta normativa que permite que proyectos de estas dimensiones lleguen a tramitarse.