Los regantes del Alto Guadiana votan en contra de los Planes Especiales de Sequía

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II ha expresado su rechazo a la aprobación de los Planes Especiales de Sequía (PES) al entender que estos instrumentos no incorporan un análisis suficiente del impacto social y económico que generan sobre los regantes y los territorios afectados.

El vicepresidente segundo de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y responsable de Aguas Subterráneas, José Joaquín Gómez Alarcón, participó recientemente en Madrid en el Consejo Nacional del Agua, donde presentó un voto particular en contra de la aprobación de los Planes Especiales de Sequía.

Gómez Alarcón, que también preside la CUAS Mancha Occidental II y actúa como representante titular de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana en el Consejo Nacional del Agua, defendió la necesidad de contar con los PES como instrumentos legalmente exigidos y fundamentales para la gestión de situaciones excepcionales de escasez hídrica. No obstante, justificó su voto en contra al considerar que los planes se centran casi exclusivamente en indicadores, fases y medidas restrictivas, sin abordar adecuadamente las demandas reales del territorio ni incorporar informes que acrediten su impacto socioeconómico.

Según expuso, los PES no incluyen análisis que evalúen las consecuencias derivadas de su aplicación, una carencia que calificó de “especialmente significativa” en cuencas estructuralmente deficitarias como las del Guadiana, Guadalquivir o Segura. En estos ámbitos, la activación de fases de alerta o emergencia tiene efectos directos sobre el empleo, la actividad agraria, el abastecimiento urbano y la cohesión territorial.

Por este motivo, el representante de los regantes manifestó que no puede apoyarse la aprobación de los Planes Especiales de Sequía sin un compromiso claro de mejora. Entre las medidas que considera imprescindibles figuran el refuerzo de la coordinación con los planes hidrológicos de cuenca, la incorporación de análisis socioeconómicos cuando se activen las fases más graves y el avance hacia una gestión de la sequía más integral, capaz de combinar la protección ambiental con la viabilidad social y económica de los territorios afectados.

En el marco del debate, Gómez Alarcón reiteró la voluntad de colaboración de los usuarios de aguas subterráneas, aunque defendió una planificación del agua “más equilibrada, realista y socialmente sostenible”. A su juicio, el voto en contra de los PES se justifica porque estos planes no contemplan compensaciones económicas por los daños socioeconómicos, no incluyen medidas para minimizar los impactos negativos y no evalúan de forma sistemática las pérdidas en renta, empleo o actividad productiva, limitándose a regular restricciones y prioridades de uso en situaciones excepcionales.

Asimismo, solicitó la creación de un mecanismo de compensación cuando el daño derivado de la sequía sea grave, prolongado y no imputable al usuario, advirtiendo de que, en caso contrario, la gestión de la escasez hídrica se realiza a costa de determinados territorios o sectores productivos.

José Joaquín Gómez lamentó que los Planes Especiales de Sequía desarrollen únicamente la dimensión ambiental y restrictiva, dejando desprotegida la social y económica, y subrayó que la inclusión de compensaciones contribuiría a equilibrar el sistema. En este sentido, señaló que un PES debería prever que, en fases de alerta grave o emergencia, se activen mecanismos de evaluación y compensación, lo que permitiría una mayor aceptación social, menos litigios y una mayor legitimidad institucional.

Durante su intervención en Madrid, el presidente de la CUAS Mancha Occidental II también recordó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el compromiso anunciado en septiembre de 2022 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) sobre una dotación de 250 millones de euros para el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), una financiación de la que, según indicó, “nunca más se supo”.