"Fue una relación querida": la defensa del empresario de Ciudad Real
La Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 15 años de prisión y 30.000 euros de indemnización.
La defensa sostiene que la relación fue “real y querida por ambos” y que existió consentimiento válido.
El propietario de una empresa de limpiezas de Ciudad Real acusado de abusar sexualmente de una trabajadora con discapacidad psíquica reconocida ha negado los hechos y ha defendido que mantuvo con ella una relación sentimental consentida. El juicio se ha celebrado este martes a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido su petición de 15 años de prisión, además de otras medidas accesorias.
Momentos antes del inicio de la vista, el abogado defensor, Francisco Víctor, explicó a los medios de comunicación que la postura del acusado “no ha variado desde el minuto uno” y que sostiene que existió “una relación sentimental real, efectiva, querida por ambos”, con un consentimiento que, a su juicio, fue “real y efectivo”.
Durante la vista oral, el Ministerio Fiscal y la acusación particular ratificaron su solicitud de pena, que incluye también la prohibición de aproximación y comunicación durante 20 años y el abono de una indemnización de 30.000 euros por daño psíquico y moral.
Postura de la defensa
La defensa ha solicitado la libre absolución del empresario al entender que los hechos se enmarcaron en una relación sentimental consentida y no en un contexto de abuso. El letrado ha negado que existiera violencia, intimidación o una situación de superioridad por parte del acusado.
Según ha argumentado, el procedimiento judicial ha evolucionado desde una denuncia inicial en la que se hablaba de un cierto grado de violencia hacia un debate centrado en la supuesta falta de consentimiento por las patologías psíquicas de la denunciante. En su opinión, esta línea acusatoria “no se sostiene”.
El abogado también ha señalado que la incapacidad civil declarada en 2016 a la trabajadora se limitaba al ámbito económico y a la firma de contratos complejos. Ha añadido que los informes forenses de entonces recogían que la mujer estaba orientada, coherente y con capacidad de gobierno de su vida personal inalterada, por lo que, a su juicio, su libertad sexual no estaba anulada ni en contradicción con su diagnóstico de retraso mental leve.
Asimismo, ha advertido de que sostener que una persona con retraso mental leve carece automáticamente de capacidad para consentir implicaría que cualquier relación pudiera derivar en una acusación de agresión sexual.
El letrado ha añadido que la denuncia surgió tras un conflicto familiar relacionado con cuestiones económicas, momento en el que la relación sentimental salió a la luz.
Los hechos investigados
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la denunciante, trabajadora de la empresa de limpieza desde 2004, habría mantenido con el acusado —propietario de la mercantil— una relación sentimental paralela a la de su matrimonio entre 2019 y febrero de 2023.
El Ministerio Fiscal sostiene que, entre julio de 2022 y febrero de 2023, los encuentros pasaron a ser de naturaleza sexual y se produjeron en distintos centros de trabajo, en la oficina del empresario e incluso en su domicilio.
La acusación considera que el empresario, conocedor de la discapacidad psíquica del 65% reconocida a la trabajadora y de su especial vulnerabilidad, se habría aprovechado de esa circunstancia para mantener relaciones sexuales, al entender que la mujer no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita 15 años de prisión, así como la imposición de medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante 20 años, además de la citada indemnización de 30.000 euros por los daños psíquicos y morales supuestamente ocasionados.
