Un perro azuzado muerde y hiere a dos guardias civiles en Tomelloso

Dos guardias civiles del puesto de Tomelloso (Ciudad Real) resultaron heridos este domingo al ser atacados por un perro de raza potencialmente peligrosa en un parque del municipio, después de que el dueño del animal huyera e instigara deliberadamente al perro a atacar a los agentes cuando estos intentaban identificarle. Así lo comunicó la Guardia Civil a través de sus redes sociales.

La patrulla de Seguridad Ciudadana acudió al parque tras recibir aviso de que un individuo paseaba al animal sin correa y sin collar, una infracción contemplada en la normativa de tenencia de perros potencialmente peligrosos. Cuando los guardias civiles se personaron en el lugar y requirieron al sujeto que sujetara al perro e iniciaron los trámites de identificación, el hombre optó por darse a la fuga.

En plena huida, el individuo incitó directamente al animal a embestir contra los agentes. El perro atacó a ambos guardias civiles, que sufrieron mordeduras de distinta consideración. Ninguno de los dos pudo evitar las heridas ante la agresividad del animal.

La diferente gravedad de las lesiones determinó el destino hospitalario de cada agente. Uno de los guardias fue atendido en el Hospital de Tomelloso, donde recibió asistencia por las heridas sufridas. El segundo, con lesiones de mayor gravedad, tuvo que ser derivado al Hospital General Universitario de Toledo para recibir una atención más especializada.

La Guardia Civil difundió lo ocurrido en sus redes sociales y transmitió sus deseos de pronta recuperación a los dos compañeros heridos. En la misma línea se pronunció la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Ciudad Real, que mostró públicamente su apoyo a los agentes del puesto de Tomelloso y les deseó una rápida mejoría.

La legislación española establece que los propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas están obligados a mantenerlos sujetos con correa y con bozal en espacios públicos, además de portar en todo momento la documentación del animal. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones que oscilan entre los 1.500 y los 15.000 euros en los casos más graves. La instigación del animal para agredir a agentes de la autoridad, por su parte, podría suponer además responsabilidad penal para el propietario por atentado contra la autoridad, un delito que el Código Penal castiga con penas de prisión de entre uno y cuatro años.