El exalcalde de Puertollano se defiende: "No firmé ningún contrato"
El exalcalde de Puertollano (Ciudad Real), el socialista Joaquín Hermoso Murillo, y el que fuera secretario municipal del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, han defendido este jueves la legalidad del contrato suscrito para la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, en el juicio en el que ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa. La vista se celebra en la Sala de lo Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Ciudad Real.
Ambos se han sentado en el banquillo por la forma en la que se impulsó en 2007 la construcción del estadio del Cerrú, una infraestructura cuyo coste superaba los siete millones de euros, y cuya adjudicación, según la acusación, se articuló mediante un contrato de permuta con una empresa privada sin seguir los procedimientos legalmente establecidos.
La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento firmó un acuerdo con una mercantil para levantar el estadio a cambio de parcelas municipales, prescindiendo de la tramitación de un expediente administrativo y de la convocatoria de un concurso público. A juicio del Ministerio Fiscal, se vulneraron así los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley en la contratación pública.
Según la acusación, el acuerdo se formalizó incluso antes de su aprobación por el Pleno municipal y las actuaciones posteriores no subsanaron esa irregularidad inicial. Por ello, considera que se dictó una resolución arbitraria, a sabiendas de su ilegalidad, que encajaría en el delito de prevaricación administrativa.
La defensa del exalcalde
Durante su declaración, Hermoso Murillo ha asegurado que no actuó como órgano de contratación y que no firmó ningún contrato de construcción del estadio. Según su versión, lo que se suscribió fue un acuerdo para que la propuesta presentada por la empresa Teconsa se tramitara conforme a la normativa vigente.
El exregidor ha explicado que la iniciativa partió de la propia mercantil, que contactó con la Concejalía de Urbanismo y ofreció construir el estadio a cambio de parcelas municipales destinadas a vivienda pública. A su juicio, se trataba de una fórmula que ya se había utilizado con anterioridad en el Ayuntamiento de Puertollano.
Hermoso Murillo ha reconocido que no se valoraron otras alternativas empresariales ni se licitó el contrato, pero lo ha justificado en la falta de recursos económicos municipales para acometer la obra con medios propios. Según ha indicado, la permuta era la única vía posible para ejecutar el proyecto en aquel momento.
El exalcalde también ha señalado que, tras la paralización de las obras por decisión de la empresa, el Ayuntamiento resolvió el contrato inicial y sacó a licitación la finalización del estadio por una cuantía inferior, ya con financiación procedente del Plan E. Asimismo, ha afirmado que el acuerdo contó con informes favorables de la Intervención municipal y que durante su mandato nunca adoptó decisiones contrarias a informes técnicos.
El papel del secretario municipal
Por su parte, el exsecretario municipal Juan Luis Vázquez ha manifestado que no detectó ninguna anomalía jurídica en el convenio, motivo por el cual dio su visto bueno. Ha explicado que el acuerdo incluía dos contratos diferenciados, uno de permuta y otro de ejecución de obra, y que cuando se elevó al Pleno municipal no se formuló ninguna objeción por parte de los concejales.
Testigos e informes técnicos
En el juicio han declarado también un agente de la UDEF de la Policía Nacional y un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Este último ha señalado que se detectaron irregularidades en la contratación y que, en lugar de tramitar un contrato administrativo conforme a la ley y sacarlo a licitación, se optó por una permuta mediante la cual la promotora se comprometía a construir el estadio sobre suelo municipal a cambio de parcelas que se transferirían una vez ejecutada la obra.
La posición final de la Fiscalía
En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha modificado su petición inicial de pena y ha solicitado hasta seis años de inhabilitación especial para ambos acusados, en lugar de los nueve años reclamados inicialmente, al tener en cuenta las dilaciones en la tramitación del procedimiento.
No obstante, la Fiscalía ha mantenido que concurren todos los requisitos del delito de prevaricación administrativa, al considerar que se eliminó cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad y que la operación se articuló de forma arbitraria, sin concurso público ni informes previos, mediante un acto decisorio del alcalde al que posteriormente se dio una apariencia de legalidad formal.
