SOS Desaparecidos se querellará por las víctima mortales de la dana en Letur

La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos se personará como acusación particular en el procedimiento que investiga la gestión de la dana en un juzgado de Catarroja (Valencia), en representación de familiares, y presentará una querella para que se investigue lo sucedido en Letur (Albacete), donde murieron seis vecinos.

El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Madrid junto a su equipo jurídico para anunciar las acciones judiciales, con las que representarán a familiares de 70 fallecidos tras una catástrofe que dejó 233 víctimas mortales (225 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) y tres desaparecidos.

A la rueda de prensa han acudido familiares de las víctimas, algunos de ellos con camisetas con el rostro de sus seres queridos y el lema 'No han muerto, les han asesinado'.,

SOS Desaparecidos denuncia un presunto delito de "homicidio imprudente por culpa in vigilando" que atribuyen a una "serie de negligencias", dejación de funciones, "desidia" y "errores" de distintas administraciones.

Por ello, en un escrito, el lunes se personará como acusación particular ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Comunidad Valenciana); simultáneamente aportará un informe pericial que detalla negligencias de distintas administraciones y pedirá además nuevas pruebas.

En base al informe pericial, realizado pese a la "omertá" que han detectado en las administraciones, SOS Desaparecidos pedirá que declaré como testigo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por ser, a su juicio, el responsable último del mando en la catástrofe.

El perito encargado del informe, Chema Gil, ha explicado que según la ley 3/2020 de la Generalitat Valenciana, y el apartado 4 del artículo 12, en caso de peligro y daños de especial extensión o intensidad "el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica" y ello supondrá "la asunción por el presidente del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia".

Por eso, consideran que la "obligación" del president era estar en el Cecopi y pedirán que la jueza de Catarroja, cuya instrucción han elogiado, llame a Mazón como testigo.

"La Generalitat ha protagonizado un desastre, una chapuza, ha actuado con tal nivel de desidia que en buena medida muchas de estas muertes se podrían haber evitado", ha señalado el perito.

SOS Desaparecidos ha apuntado también al papel de los ayuntamientos y a la ausencia en algunos de planes de Protección Civil y de preemergencia, que sí se activaron en municipios en los que no hubo víctimas mortales. También ha denunciado la inejecución de planes de obras que se quedaron en un cajón en sucesivos gobiernos.

Esta asociación presentará además una querella en nombre de los familiares de las personas que murieron en Letur (Albacete), donde la dana dejó seis víctimas mortales, al no tener constancia de que se estén tramitando, como en el caso de Valencia, diligencias previas por lo ocurrido.

"La diferencia es el número de fallecidos, nada más", ha señalado sobre el caso de Letur el abogado Juan Manuel Medina Andrés, mientras que el perito ha destacado que "nadie les avisó para quitarse de la zona de riesgo", pese a que en municipios cercanos de Murcia sí se habían tomado medidas.

Las familias de las víctimas, que están dando los pasos para convertirse en asociación, también han tomado la palabra.

Encarna Martínez, que perdió a su hermano, José, se ha dirigido a Mazón para pedirle que dimita y decirle que su legislatura no puede acabar para que cobre durante dos años. "No todo vale, ni el dinero ni escaños", ha recalcado, denunciando que "los políticos llegaron 227 muertes tarde", como rezaba también su camiseta.

Por su parte, Rosa Álvarez ha pedido refuerzos para el juzgado de Catarroja que investiga este caso y ha anunciado que los familiares acudirán esta tarde a la sede del PP, en la madrileña calle de Génova.

"LA FALTA DE ALERTAS FUE LA SENTENCIA DE MUERTE"

Un informe pericial solicitado por Sos Desaparecidos concluye que la "falta de alertas" el pasado 29 de octubre, cuando la dana asoló la Comunidad Valenciana, "fue la sentencia de muerte" porque "un aviso habría salvado vidas".

Es una de las conclusiones del informe pericial, al que ha tenido acceso EFE, y que analiza la gestión de una catástrofe que dejó 233 víctimas mortales (225 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) y tres desaparecidos.

Al analizar la actuación de la Generalitat Valenciana se indica que el president, Carlos Mazón, "debía declarar la emergencia catastrófica, emitir alertas vía 112 y liderar a los municipios" y hubo en cambio "omisiones graves" en el fallo al declarar la emergencia, no asumir el mando único, el silencio en las alertas o el abandono municipal.

"La no declaración de emergencia impidió evacuaciones y movilización de recursos. La falta de alertas fue la sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas. El abandono municipal amplificó la tragedia", apuntan.

Este informe cuestiona también la actuación de los ayuntamientos por la ausencia de estrategias de evacuación y refugios" o la inacción. "La ausencia de planes convirtió barrios en trampas mortales. La inacción local fue el golpe final", indican.

Concluyen que "la Generalitat falló en liderar, alertar y coordinar, causando pérdidas humanas evitables", "los ayuntamientos traicionaron su deber, multiplicando víctimas" y consideran un "nexo causal irrefutable" que estas omisiones "mataron y dejaron desaparecidos".

De la cronología de lo ocurrido, detallada en el informe, los peritos identifican una "ventana de oportunidad de al menos cuatro días (25-28 de octubre) en la que la Generalitat, Diputación y los ayuntamientos pudieron actuar para salvar vidas".

Apuntan a que la Generalitat debió conformar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y emitido las alertas correspondientes "desde que en fechas anteriores ya se advierte de que el 29 de octubre se iban a producir precipitaciones con aviso rojo por parte de la Aemet".

Y que en aquella jornada, pese que había inundaciones en Requena y Utiel desde las 8.00, la alerta, "con consejos poco específicos" se produjo "cuando ya se habían producido las desapariciones y la mayoría de los fallecimientos", a las 20.11.

El texto detecta incapacidad de reacción, desidia administrativa o negligencia y apunta un "modus operandi negligente" en la no disposición de mecanismos apropiados de seguimiento y avisos eficaces o en no utilizar adecuadamente los planes de emergencia.

"De haber actuado con la probidad propia de los mecanismos de Protección Civil 'ex ante' y durante el fenómeno se habrían salvado la mayor parte de las vidas humanas que se perdieron", indica este informe.

Los peritos ven responsabilidades en los ayuntamientos y en la Generalitat Valenciana, pero también en Diputaciones Provinciales como la de Valencia, encargada de coordinar la protección civil de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y que, según este informe, llegó a tener "destacados efectivos de la diputación en el control de caudales en el río Poyo y por la tarde les ordenaron que se retiraran".

También apuntan a responsabilidad estatal porque consideran que debió activarse el nivel 3 de emergencia nacional "pasadas las primeras 24/36 horas de una manifiesta y bochornosa incompetencia municipal y autonómica".

Además, hacen extensible el análisis a lo ocurrido a Letur (Albacete) donde "nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas a zonas seguras" en una dana que causó seis muertos en ese municipio.

El informe pericial propone además solicitar pruebas como las grabaciones del Cecopi, los registros de órdenes y decisiones adoptadas, actas y planes de emergencia.

Como testigos proponen interrogar al president de la Generalitat, los responsables de la Diputación Provincial de Valencia, los de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), alcaldes de municipios afectados, concejales con competencias en emergencia, técnicos y todos los participantes en el Cecopi.

Sos Desaparecidos aportará este informe el lunes, cuando se personará como acusación particular, en representación de familiares de 70 víctimas mortales en la dana, en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Catarroja (Comunidad Valenciana), que investiga lo ocurrido, e interpondrá además querella respecto a lo ocurrido en Letur (Albacete) como se mencionaba anteriormente.