La multinacional Marktel Global Services anuncia un ERE y su cierre en Albacete
La multinacional Marktel Global Services ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el cierre de su centro en Albacete y la desaparición de los 55 puestos de trabajo que aún permanecen activos. La decisión llega tras una sucesión de conflictos laborales y varias sentencias judiciales desfavorables para la empresa, que había sido obligada a reconocer la categoría profesional real de varios empleados y a indemnizar despidos calificados como improcedentes.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT detalló este viernes que la compañía ha justificado el ERE por “causas organizativas” y por el fin de la última campaña que mantenía operativa en Albacete. Sin embargo, el sindicato considera que la medida es una represalia directa ante las reclamaciones laborales de la plantilla, que ha venido denunciando el incumplimiento del convenio y la asignación de categorías por debajo del trabajo real desempeñado.
Un conflicto que se agrava tras las sentencias judiciales
Según explica UGT, la empresa acumula ya cuatro sentencias perdidas en las que la justicia ha confirmado que varios trabajadores ejercían funciones de gestores telefónicos pese a estar contratados como teleoperadores, lo que obliga a Marktel Global Services a reconocer su categoría profesional y asumir las indemnizaciones correspondientes por despidos improcedentes. Tras estos fallos, la dirección respondió con una “oleada de despidos” en el centro albaceteño.
El conflicto se enmarca en una estructura empresarial que cuenta con cerca de 5.000 trabajadores distribuidos entre Valencia, Madrid, Barcelona, Albacete, Portugal y Colombia. Entre sus principales clientes figuran compañías como Orange, Caixa, Aguas de Valencia, Mapfre, Santa Lucía, Adeslas, Línea Directa, Carrefour, Mutua Madrileña o Iberdrola.
Pese a este volumen operativo, UGT denuncia que la multinacional se ha negado durante meses a asignar nuevas campañas al centro de Albacete, que únicamente trabajaba para Vodafone, mientras se seguían incorporando servicios y personal en otros centros del grupo. El sindicato interpreta esta actitud como un indicio de mala fe y considera que la empresa está privando deliberadamente al centro albaceteño de carga de trabajo viable.
Un declive planificado: de casi 200 trabajadores a 55
La organización sindical recuerda que Marktel Global Services lleva un año reduciendo su plantilla en Albacete: de casi 200 empleados en 2024 se ha pasado a los 55 actuales. UGT asegura que esta reducción se ha producido mediante “despidos improcedentes tras meses de bajas por enfermedades, principalmente psicológicas”, justificados por supuestas sanciones graves o bajo rendimiento voluntario. La mayoría de los trabajadores, señala, han interpuesto demandas por categoría profesional y por despido improcedente, que se están resolviendo favorablemente en los juzgados.
Durante las negociaciones previas al ERE, los representantes empresariales llegaron a advertir que cerrarían el centro si continuaba la presión sindical. Para UGT, el anuncio del despido colectivo confirma esa amenaza: un cierre “premeditado” que deja a decenas de familias “en la cuneta antes que cumplir con la normativa”, denuncia el sindicato, mayoritario en el Comité de Empresa.
UGT exige detener el ERE y reactivar la actividad del centro
La organización sindical reclama que se paralice el expediente por carecer de causa justificada y que, en su lugar, se reasigne carga de trabajo y se impulsen nuevas campañas que garanticen la rentabilidad del centro. Recuerda que un contact center no requiere una localización específica para prestar servicios y que la empresa podría mantener su actividad en Albacete si hubiera voluntad.
Marktel Global Services, por su parte, ha planteado una oferta de indemnización que, según el sindicato, queda “muy por debajo” de las cuantías que los trabajadores obtendrían acudiendo a los tribunales. Según las sentencias ya ganadas, la empresa deberá abonar salarios correspondientes a la categoría de gestor telefónico, atrasos de un año y cotizaciones a la Seguridad Social de hasta cinco años, en función de la jornada y la antigüedad de cada empleado.
UGT también solicita la implicación de las administraciones públicas locales y regionales que en su día apoyaron a la empresa con fondos públicos. Reclama que exijan explicaciones a la compañía y respalden a la plantilla en defensa de sus derechos para evitar “otra masa de despidos provocada por la mala gestión de los responsables de la empresa”.
