Cae una red que introducía carburante adulterado en varias gasolineras 'low cost'
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras 'low cost' del Levante con la finalidad de eludir los controles y evadir el pago de impuestos. Un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona han sido relacionadas con el entramado delictivo.
Como resultado de la investigación, bautizada como operación 'Tenk', han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 14, a la vez que se ha vinculado a 40 empresas con el entramado criminal, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.
La investigación se inició en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), por el continuo trasiego de camiones cisterna.
Gracias a esto, la Guardia Civil localizó un gasocentro irregular, cuyo registro permitió incautar más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos.
Los efectivos desplegados averiguaron que el combustible era el conocido como 'designer fuel' (combustible de diseño), una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos.
Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción.
También se averiguó que el destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio tipo 'low cost' de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia.
Por último, las siguientes averiguaciones llevaron a encontrar otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla y Silla (Valencia).
COMBUSTIBLE DECLARADO COMO LUBRICANTE PARA ELUDIR IMPUESTOS
Los investigadores descubrieron que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países, y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes y no como gasóleo.
La finalidad era eludir los controles y formalidades exigidas para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la Unión Europea (UE), así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
Estas mezclas de combustible son comercializadas por organizaciones criminales de forma fraudulenta, lo que causa pérdidas económicas tanto a los Estados miembros de la UE, como al sector empresarial por competencia desleal.
Además, los gases emitidos en su combustión pueden suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Su almacenamiento irregular también genera riesgos de vertido y pueden causar un perjuicio al consumidor final, por posibles daños en los motores de los vehículos particulares.
UN COMPLEJO ENTRAMADO
La investigación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar a los distintos miembros del entramado delictivo y las mercantiles 'fantasma' con las que operaban.
Algunos de los supuestos empresarios serían 'testaferros', personas en situación económica precaria que cobraban por ceder sus datos para la creación de empresas y cuentas bancarias. Entre estos falsos empresarios destaca la presencia de ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles.
Durante la investigación, un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona han sido relacionadas con el entramado delictivo.
En el curso de la operación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y empresas.
Hasta el momento, 18 personas han sido detenidas y otras 14 han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal.
Destaca la imputación de uno de los conductores de los camiones por 26 delitos contra la seguridad vial, por conducir vehículos con mercancías peligrosas careciendo de permiso de conducción en vigor.
