Hay 21.000 personas en exclusión severa en la ciudad de Albacete, según el informe Foessa

La Fundación FOESSA y Cáritas Diocesana presentan un diagnóstico que alerta de una ciudad cada vez más polarizada, donde la vivienda y el empleo son los principales motores de desigualdad y uno de cada ocho vecinos vive en exclusión severa. La presentación del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en el municipio revela un “Albacete de dos velocidades” y un modelo social agotado que requiere políticas valientes, según sus autores.
Hay 21.000 personas en exclusión severa en la ciudad de Albacete, según el informe Foessa
Hay 21.000 personas en exclusión severa en la ciudad de Albacete, según el informe Foessa

La Fundación FOESSA y Cáritas Diocesana de Albacete presentaron este martes el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en el municipio, un estudio que analiza por primera vez la evolución de la integración y la exclusión en la capital. El diagnóstico, integrado en el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, alerta de un escenario de fuerte desigualdad donde la vivienda y el empleo actúan como epicentro de las brechas sociales.

La investigación fue presentada por Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete, y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del estudio, en un acto que contó con la presencia del obispo de Albacete, Ángel Román, y la concejala de Acción Social del Ayuntamiento, Llanos Navarro, administración que ha cofinanciado la investigación.

García explicó que para Cáritas es un compromiso actuar ante la pobreza y la exclusión, y que ese trabajo debe sostenerse en un “conocimiento profundo” de la realidad social. Avanzó que el informe “habla de pobreza, pero también de carencias en la cobertura de derechos; de aislamiento social; de falta de participación social y política”, una combinación que define “una situación compleja y compuesta por múltiples dimensiones”.

Navarro, concejala de Calidad de Vida y Participación, puso en valor que Albacete sea la única ciudad española que ha impulsado este análisis específico. “Es la mejor manera de poder actuar cuando se tiene un diagnóstico”, afirmó, recordando que el Ayuntamiento destina 13 de cada 100 euros del presupuesto a atender a quienes peor lo están pasando, con una cuantía cercana a los 23 millones de euros y un incremento del 13% en el último ejercicio. Reconoció, no obstante, que queda un largo camino por recorrer y subrayó la importancia de seguir trabajando junto a entidades como Cáritas, “que están sobre el terreno y aportan su experiencia”.

El obispo Ángel Román destacó la necesidad de que la Iglesia conozca la realidad social “para servirla mejor” y reivindicó que su primera línea de acción es “hacer que los más necesitados sientan que pertenecen a una familia que les ofrece una mano, los acoge y los llena de esperanza”. Invitó a una reflexión valiente sobre las causas de la exclusión, citando el individualismo, la indiferencia, la superficialidad de las soluciones o la pérdida del espíritu crítico como factores que perpetúan desigualdades.

Un Albacete de dos velocidades: 21.000 personas en exclusión severa

El Informe FOESSA dibuja un Albacete “más polarizado que el resto de España”. Según los datos presentados por Raúl Flores, el 49,5% de la población está en plena integración, por encima de las medias nacional y regional, mientras que un 12,5% vive en exclusión severa. “Hablamos de unas 21.000 personas que sufren dificultades serias y acumuladas, personas que sobreviven al margen de la sociedad”, señaló el secretario técnico de FOESSA.

El estudio desmiente, además, la idea de pasividad en los hogares más vulnerables: tres de cada cuatro activan redes y planes de inclusión, aunque chocan con barreras estructurales. “No fallan las personas, falla el sistema”, remarcó Flores.

La vivienda, epicentro de la desigualdad

La vivienda emerge como el principal factor de exclusión en la ciudad. El 26,1% de la población sufre exclusión residencial, una proporción superior a la media estatal y autonómica. El aumento del alquiler —un 25% desde 2018— sitúa al 47% de los inquilinos en riesgo de pobreza y exclusión social. Más de 9.000 hogares caen por debajo del umbral de pobreza severa tras afrontar los gastos básicos de vivienda y suministros.

El informe identifica también a 20.000 personas que viven en pisos inadecuados, afectados por hacinamiento, insalubridad o problemas de habitabilidad. Flores subrayó que estas cifras representan realidades concretas: “Esto no son números, son niños que no tienen una mesa tranquila donde hacer los deberes”. La vivienda, insistió, se ha convertido en “el cuello de botella de la integración social en Albacete”, un derecho que calificó de “fake”.

Empleo: la recuperación no llega a los bolsillos

Aunque los indicadores laborales globales han mejorado, el empleo ha perdido capacidad para proteger frente a la exclusión. “Tener trabajo no garantiza salir de la pobreza”, destacó Flores. El 17,3% de los hogares está afectado por problemas laborales graves, desde inestabilidad y parcialidad involuntaria hasta desempleo.

La pobreza, la salud y las relaciones sociales agravan la exclusión

El informe advierte de que, pese a que la pobreza relativa es algo menor que en Castilla-La Mancha, la pobreza severa es más intensa en la ciudad. El Ingreso Mínimo Vital llega al 4,2% de los hogares, pero no cubre la magnitud del problema, y la eliminación de la renta mínima autonómica ha debilitado la red de seguridad. “La prioridad debe ser garantizar accesos reales y recuperar la complementariedad de las rentas autonómicas para no dejar a nadie atrás”, insistió Flores.

La salud se presenta como uno de los espejos más claros de la desigualdad: el 7% de la población ha tenido que renunciar a tratamientos o medicación por motivos económicos. Mientras que los problemas de salud afectan al 27% de la población integrada, en la exclusión severa la tasa asciende al 49%. “No se trata solo de listas de espera, se trata de quién puede permitirse esperar y quién no”, afirmó Flores.

Las redes sociales también están más deterioradas que en el conjunto de Castilla-La Mancha. El 8,3% de la población sufre conflictos y el 7,9% aislamiento; entre los hogares en exclusión, estas cifras suben al 24%. Uno de cada cinco hogares excluidos carece de apoyos en caso de necesidad. Según Flores, “la soledad en Albacete pesa más que en otros lugares” y reconstruir la comunidad debe ser una política social prioritaria.

Infancia, migrantes y familias con menores: los rostros de la exclusión

La exclusión afecta al 22,3% de la población general, pero se dispara al 36,6% entre los menores de 18 años. “Estamos hipotecando el futuro de algo más de uno de cada tres niños”, advirtió Flores.

El origen también marca diferencias: el 54% de la población extranjera está en exclusión, frente al 20% de la población con nacionalidad española, aunque la mayoría de las personas en exclusión (81%) son españolas. “La exclusión no es un problema importado”, zanjó.

Los hogares con dos o más menores alcanzan tasas del 39%, convirtiéndose en uno de los perfiles más vulnerables por los sobrecostes y las necesidades de cuidado.

Servicios sociales: baja utilización, alto apoyo

Solo el 15,6% de la población ha recurrido en el último año a servicios sociales públicos o entidades como Cáritas, una cifra baja para el nivel de exclusión existente. Sin embargo, el respaldo ciudadano a la protección social es contundente: el 86% cree necesario aumentar la inversión y el 81% estaría dispuesto a pagar más impuestos por mejores prestaciones.

Hacia un nuevo pacto social

El informe concluye que el modelo social actual está agotado y genera desigualdad, precariedad y fractura. Aun así, detecta “semillas de esperanza” en las redes comunitarias, los movimientos sociales y las prácticas cotidianas de solidaridad. Frente a una sociedad “del miedo, desconfiada e individualista”, FOESSA propone transitar hacia un modelo basado en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica, donde el bienestar se mida por la capacidad de “biencuidar”.

Las propuestas incluyen convertir la vivienda en un verdadero pilar del bienestar mediante más alquiler social y mecanismos contra subidas abusivas; reforzar las políticas de inclusión laboral; ampliar la cobertura del IMV y reactivar la renta mínima autonómica; y promover la integración de la población inmigrante desde el primer día, agilizando procesos de regularización. “Exigimos políticas valientes, concretas y evaluables”, concluyó Raúl Flores.

La Fundación FOESSA, creada por Cáritas Española en 1965, mantiene su misión de estudiar y explicar la realidad social, cultural y económica de España para contribuir a su transformación.

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