El Tribunal Constitucional (TC) encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma, según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes del TC a Europa Press.
Un grupo de letrados del Constitucional elaborará un estudio previo para analizar la legitimación que se plantea en todos los recursos de las comunidades, aprovechando el primero que se presentó para resolver un problema que afecta al resto de las 15 impugnaciones de la medida de gracia para los encausados por el proceso independentista catalán.
El recurso cabecera será el presentado por Aragón --fue la primera comunidad en impugnar la Ley de Amnistía-- y la persona encargada de dicho procedimiento es la magistrada Laura Díez, por lo que será la primera que lleve en su día al Pleno su propuesta de admisión o no de estos recursos.
Fuentes del TC han aclarado que la elaboración del estudio no conlleva que los recursos de las comunidades estén suspendidos porque "ya se está trabajando sobre ellos". En cambio, defienden que "resolver conjuntamente" un asunto que afecta a todas las impugnaciones ahorra tiempo de estudio.
También han expresado su voluntad de resolver los recursos autonómicos sin prisas, porque se trata de asuntos complejos que necesitan tiempo estudio.
El plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el TC cerró el pasado miércoles con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía. Entre ellos está el procedimiento abierto por Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page, así como el resto de las 15 regiones del PP.
LEGITIMADO PARA RECURRIR
Al respecto, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha apuntado desde Guadalajara el convencimiento del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que las comunidades autónomas, y en concreto la de Castilla-La Mancha, está legitimada para recurrir la Ley de Amnistía porque tanto el gabinete jurídico de la Junta como el informe que presentó el Consejo Consultivo de la región, por unanimidad, "han sido muy contundentes" en esa afirmación.
"Y por lo que se ve, no solo Castilla-La Mancha sino también el resto de las comunidades autónomas", ha remarcado a preguntas de los medios la consejera portavoz, quien ha indicado que, no obstante, esperarán a la decisión del Tribunal Constitucional en el estudio que encargará para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma.
En todo caso, según Padilla, esto entra dentro de la normalidad del funcionamiento del TC a la hora de estudiar recursos de inconstitucionalidad.
Así, ha abundado en que dicho informe indica que las comunidades autónomas están legitimadas porque uno de los principios de los derechos que se vulnera es el de igualdad ante la ley de los ciudadanos de este país y, por supuesto, también los de Castilla-La Mancha.
"En esta parte no se trata de hablar de cuestiones económicas, pero si a una persona de Guadalajara por cometer un delito la tratan de manera diferente a como se trata a una persona de Cataluña en un momento concreto, consideramos que es una vulneración del principio de igualdad porque no a todos los ciudadanos se les trata igual independientemente de donde vivan y en qué momento hayan cometido el delito", concluye.
