Sabrido apoya el fin del trasvase, pero sin dañar a otras regiones

El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, afirmó este viernes que defiende el fin de las derivaciones de agua de la cabecera del Tajo al Segura, pero precisó que ese objetivo no puede "estrangular" a las comunidades receptoras mientras no dispongan de recursos hídricos alternativos suficientes. Sabrido hizo estas declaraciones en Toledo en una entrevista concedida a la Agencia EFE al cumplirse sus primeros cien días como delegado del Gobierno en la región, cargo que tomó en posesión tras la etapa de la actual ministra de Educación, Milagros Tolón, quien ejerció el mismo puesto antes de acceder al Ejecutivo nacional.

"Yo no tengo que ocultar que yo soy un firme defensor de que el trasvase tiene que tener fin", subrayó Sabrido, que sin embargo añadió que las derivaciones deben mantenerse mientras las comunidades del arco mediterráneo "tengan a su disposición los recursos necesarios para seguir desarrollándose". "Tenemos que ser solidarios hasta que todos tengamos los recursos suficientes", recalcó el delegado, quien reconoció que ya se ha realizado "mucha inversión" en desaladoras y otras infraestructuras hidráulicas, y exigió a las comunidades afectadas que "tienen que hacer también el esfuerzo de poner en funcionamiento todos los recursos".

El recurso de la Junta, un derecho legítimo

Sobre el anuncio del Ejecutivo regional de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno central por su presunta "inacción" en la modificación de las normas de explotación del Tajo-Segura, Sabrido se mostró comprensivo con la decisión. "El Gobierno de Castilla-La Mancha hace bien en exigirlo", afirmó, al tiempo que aclaró que no criticará que la Junta "exija a través de una demanda judicial lo que crea que son sus derechos". El delegado describió sus relaciones con el Ejecutivo autonómico que preside Emiliano García-Page como "cordiales" y señaló que comparte el objetivo de defender los intereses de la región, aunque precisó que ese propósito "con carácter general, no debe ser incompatible con defender los intereses generales de España".

Sabrido recordó que ya se ha reunido con el propio García-Page, con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y con la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, desde su llegada al cargo.

Prudencia ante el Tribunal Supremo

En materia de regulación hídrica, el delegado defendió la posición del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha optado por no aprobar definitivamente las nuevas normas de explotación del trasvase hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos pendientes contra el plan de cuenca del Tajo. "Desde el Ministerio de Transición Ecológica están trabajando en estas normas de explotación y yo creo que están queriendo ser prudentes para no aprobar unas normas que después pudieran ser contradichas por las sentencias del Tribunal Supremo", aseveró Sabrido, que confió en que, una vez despejada esa incertidumbre jurídica, las nuevas normas puedan acordarse "en breve tiempo".

El delegado aludió también al marco legal vigente: la ley aprobada en 2013 que fija en 600 hectómetros cúbicos anuales el máximo trasvasable a la cuenca del Segura y en 50 hectómetros cúbicos el destinado al Guadiana. A su juicio, cualquier avance real en la reducción de las derivaciones exigiría modificar esa norma, lo que llevaría aparejado el apoyo parlamentario del Partido Popular (PP) en el Congreso. "¿Cuál es la postura del PP?", se preguntó Sabrido, apelando implícitamente a la necesidad de un acuerdo amplio para reformar la legislación.

Rechazo a la tesis del "Gobierno vegetativo"

El delegado también se distanció de la caracterización que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, hizo del Ejecutivo de Pedro Sánchez como un gobierno en estado "vegetativo" por sus dificultades para sacar adelante iniciativas legislativas. Sabrido rechazó esa visión y enumeró una serie de datos para rebatirla: la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, el récord de 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social y la creación de 3,4 millones de puestos de trabajo desde que Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno.

"Si este es un gobierno vegetativo, cuántos gobiernos que no sean vegetativos me gustaría que tuvieran este tipo de políticas", sentenció Sabrido, cerrando así la entrevista con una defensa explícita de la gestión del Ejecutivo central frente a las críticas de un dirigente que, pese a pertenecer al mismo partido, el PSOE, mantiene desde hace años fricciones públicas con la dirección nacional.