Page pide aclarar "con contundencia" la relación de Salazar con el PSOE o el Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó este miércoles el tono al reclamar a su propio partido una explicación “contundente” sobre si Paco Salazar —apartado del PSOE el pasado julio tras conocerse denuncias por comportamientos inadecuados hacia mujeres— ha mantenido desde entonces algún tipo de vínculo, apoyo directo o indirecto con el partido o con administraciones gobernadas por los socialistas. La entrevista en La Sexta, cargada de mensaje político interno y de advertencias institucionales, sirvió también para que el dirigente instara a PP y PSOE a no deslegitimar el sistema judicial tras la sentencia al exfiscal general García Ortiz.

García-Page, que en los últimos meses ha reforzado sus posiciones críticas dentro del PSOE en asuntos de regeneración y transparencia, reclamó despejar de forma inmediata las incógnitas sobre la “situación social y económica” de Paco Salazar. El dirigente recordó que Salazar iba a ser secretario de Organización y que cayó del organigrama tras una filtración sobre comportamientos impropios. Desde entonces, dijo, resulta imprescindible saber “de qué ha vivido”, “quién le ha contratado” y “quién le ha apoyado directa o indirectamente”.

Insistió en que quiere tener “la tranquilidad” de que Salazar no ha recibido “ningún tipo de ofrecimiento” ni “ningún tipo de contrato” en instituciones donde gobierna el PSOE. A su juicio, si hubiera existido algún vínculo, “sería enormemente clarificador de por qué el asunto no ha avanzado”, en referencia al estancamiento percibido en la tramitación interna del caso.

El presidente autonómico argumentó que la ciudadanía merece una explicación exhaustiva. “Desde julio aparecen informaciones y comentarios, y lo que importa a la gente es conocer con claridad si ha habido apoyos o respaldo indirecto”, señaló. Recordó que Salazar formaba parte del “núcleo duro” del presidente del Gobierno y que su caída se produjo en un contexto especialmente sensible para el partido a nivel nacional.

García-Page quiso dejar claro que esta proximidad orgánica no implica que Pedro Sánchez conociera los hechos. “Nos puede pasar a muchos estar en un estado de ignorancia”, afirmó, subrayando que el foco debe estar en el funcionamiento interno del partido y en la respuesta ante posibles casos de comportamiento inapropiado.

El presidente autonómico planteó abiertamente que el PSOE “no ha reaccionado debidamente”, generando un contraste entre el discurso feminista del partido y la gestión de algunas denuncias internas. A ojos de García-Page, hacia la opinión pública puede haber calado la impresión de que “se han visto denuncias encerradas en un cajón”, algo que considera incompatible con los compromisos proclamados por la organización.

Posible traslado de denuncias a Fiscalía

Preguntado por la posibilidad de que las denuncias de las mujeres afectadas puedan remitirse a la Fiscalía, García-Page sostuvo que esa vía “perfectamente” podría abrirse cuando haya más información disponible. Matizó que no estaba pidiendo que se ejecutara ya, pero sí subrayó que “no es descartable ni está prohibido”.

Recalcó que trasladar un caso a la Fiscalía “no significa condena ni presunción de culpabilidad”, sino un mecanismo adicional de garantías. Recordó que él mismo ha enviado en ocasiones denuncias anónimas recibidas en Castilla-La Mancha para que fueran valoradas por los órganos jurisdiccionales.

El presidente volvió a la idea de fondo: evitar que quede cualquier sombra sobre el proceso. “Es imprescindible despejar con contundencia el fantasma que rodea este caso”, afirmó, apelando a la coherencia. “Hay que intentar cumplir con lo que se predica y con lo que se promete”.

El caso del presidente de la Diputación de Lugo

La entrevista abordó también la denuncia interna que afecta al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de comportamientos machistas, algo que él niega y por lo que ha anunciado acciones legales. García-Page sostuvo que los procedimientos internos deben ser claros y transparentes, sin adaptarse a coyunturas políticas ni electorales.

“No podemos improvisar protocolos en función del momento”, advirtió, defendiendo que las organizaciones deben disponer de cauces estables para canalizar denuncias y disponer de “líneas rojas” inequívocas.

Populismo y trasvase de voto hacia Vox

García-Page admitió que es un hecho “evidente” que parte del electorado de izquierdas puede trasladar su voto a Vox. Según recordó, los estudios sociológicos muestran que este tipo de movimientos se produce “en toda Europa”. En su opinión, los partidos deben analizar “en qué medida pactos y errores” pueden estar alimentando a la extrema derecha.

El presidente recordó que la prioridad debe ser el impacto de la economía en la ciudadanía. Coincidió con el diputado de ERC Gabriel Rufián en que “la gente no come rankings” y afirmó que la principal preocupación de un gobierno de izquierdas “tiene que ser cómo le llega la realidad económica al bolsillo de la gente”.

Un mensaje institucional: “No deslegitimar” el modelo judicial

En paralelo a sus reflexiones sobre el caso Salazar, García-Page se pronunció sobre la reciente sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aseguró que se trata de una cuestión “juzgada” que ya está decidida, y pidió evitar que el asunto se utilice políticamente para erosionar la credibilidad del sistema judicial.

Recordó que los tribunales son órganos colegiados y que la existencia de opiniones discrepantes es normal en la deliberación jurídica. “En la mayoría de las sentencias hay votos particulares, incluso en el caso Gürtel”, apuntó.

El presidente autonómico alertó de que España vive una “guerra de relatos” en la que cada actor intenta reinterpretar las decisiones judiciales. Rechazó esa dinámica: “La justicia no debe ser un problema de relatos, ni de unos ni de otros”.

Subrayó que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional son órganos pactados por PP y PSOE, y que por ello son precisamente estos dos partidos los que menos deberían contribuir a deslegitimar el modelo. “Esa deslegitimación podrían hacerla otros, pero no quienes lo construyeron”, afirmó.

Para García-Page, aunque el caso ya está resuelto, siempre habrá quien quiera “estirar el chicle” y perpetuar un clima de “frentismo” que considera nocivo para la vida institucional.