Page avanza una macro inversión sanitaria de más de 84 millones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este viernes en Toledo que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 24 de marzo una macro inversión sanitaria de más de 84 millones de euros, destinada a reforzar infraestructuras estratégicas del sistema público regional. El anuncio se ha producido durante su intervención en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, donde ha detallado tanto el alcance de estas actuaciones como su encaje dentro de la política general de fortalecimiento del estado del bienestar.

Esta inversión supondrá uno de los mayores impulsos recientes a la sanidad pública autonómica y se distribuirá entre la ampliación del Hospital General Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y la construcción de dos nuevos centros de salud en Madrigueras (Albacete) y Albaladejo (Ciudad Real), reforzando así la red asistencial tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria .

En el caso del hospital alcazareño, el Ejecutivo regional destinará más de 76,2 millones de euros para retomar y culminar un proyecto largamente esperado. La actuación permitirá no solo finalizar una ampliación que quedó paralizada en 2012, sino también adaptar el complejo sanitario a las necesidades actuales del sistema. Entre los objetivos destacan la mejora de la funcionalidad interna, la reorganización de circuitos asistenciales, la optimización de los flujos de pacientes y la creación de nuevos espacios para actividad docente y formativa.

Se trata de una infraestructura clave para la comarca, ya que el Hospital Mancha Centro presta servicio a una población de referencia de alrededor de 250.000 habitantes, lo que convierte esta inversión en un elemento estratégico para garantizar una atención sanitaria más eficiente, moderna y segura. La modernización permitirá además mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda asistencial y avanzar en calidad y confort tanto para pacientes como para profesionales.

Junto a esta actuación, el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará la construcción de un nuevo centro de salud en Albaladejo (Ciudad Real), con una inversión cercana a los 2,9 millones de euros. Este proyecto permitirá sustituir las actuales instalaciones, consideradas obsoletas, por un espacio moderno que mejore las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y atención sanitaria en el municipio.

Por su parte, en Madrigueras (Albacete) se desarrollará otro nuevo centro de salud con una inversión superior a los 5,3 millones de euros. Este recurso dará cobertura a la Zona Básica de Salud de Madrigueras, que incluye también a Cenizate, Motilleja, Navas de Jorquera y Mahora, sumando más de 8.000 tarjetas sanitarias. Con ello, se refuerza la atención primaria en un área rural, uno de los ejes prioritarios de la política sanitaria regional.

Durante su intervención, García-Page ha subrayado que estas inversiones responden a una estrategia sostenida en el tiempo basada en la estabilidad institucional y financiera. “Seguimos apostando por mejorar y mucho la sanidad, la educación y las prestaciones sociales”, ha afirmado, contraponiendo esta línea de actuación a un contexto que, según ha lamentado, está marcado por decisiones “cortoplacistas” y situaciones de emergencia permanente.

Mediación ante la huelga médica y defensa del sistema sanitario

En paralelo al anuncio inversor, el presidente autonómico ha abordado la situación derivada de la huelga médica estatal, mostrando su preocupación por las consecuencias que está teniendo en el funcionamiento ordinario del sistema sanitario.

En este contexto, ha anunciado que Castilla-La Mancha, junto con Canarias y País Vasco, ha remitido una petición formal al Ministerio de Sanidad para impulsar una solución dialogada que evite que el conflicto se prolongue en el tiempo. La iniciativa plantea la necesidad de una mediación independiente que facilite el entendimiento entre las partes.

García-Page ha reconocido que pueden existir discrepancias en el ámbito laboral, pero ha insistido en que lo que resulta incomprensible es la falta de diálogo. A su juicio, la prolongación de la huelga está teniendo un impacto directo en las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar el sistema sanitario.

En concreto, ha advertido de que esta situación ya está provocando suspensiones de operaciones, retrasos en intervenciones y aplazamientos de pruebas diagnósticas, afectando tanto a pacientes como a la planificación asistencial. Por ello, ha mostrado la disposición del Gobierno regional a colaborar activamente en la búsqueda de un acuerdo que permita desbloquear el conflicto.

El presidente ha insistido en la necesidad de alcanzar un “acuerdo de compromiso” que evite que la situación se cronifique, reconociendo que el Ejecutivo autonómico observa con “seria preocupación” la evolución de este escenario.

Advertencia sobre el plan anticrisis y la financiación autonómica

Uno de los apartados más extensos y críticos del discurso de García-Page ha estado centrado en el plan anticrisis que prepara el Gobierno central y sus posibles repercusiones sobre las comunidades autónomas.

El presidente regional ha comenzado expresando su incertidumbre sobre el contenido final del decreto, apuntando incluso a la falta de claridad en el propio proceso de aprobación. No obstante, ha manifestado su deseo de que las medidas sean eficaces, al tratarse de una cuestión de interés general en un contexto internacional complejo.

Sin embargo, ha denunciado con contundencia que las comunidades autónomas no han sido consultadas “bajo ningún concepto” en la elaboración de este plan, pese a que muchas de las decisiones previstas afectan directamente a sus competencias y recursos financieros.

Para García-Page, este hecho supone un déficit de coordinación institucional especialmente grave cuando se trata de medidas que inciden en el ámbito fiscal. Ha recordado que impuestos como el IVA, el IRPF o los carburantes tienen una repercusión directa en los ingresos autonómicos, lo que obliga, a su juicio, a contar con las regiones en la toma de decisiones.

El presidente castellanomanchego ha ilustrado esta preocupación con ejemplos concretos. En el caso del impuesto sobre carburantes, ha señalado que hasta el 58% de la recaudación corresponde a las comunidades autónomas, lo que evidencia el impacto que cualquier modificación puede tener sobre sus cuentas.

Asimismo, ha recordado precedentes recientes, como las medidas adoptadas durante la crisis de Ucrania, que supusieron para Castilla-La Mancha una pérdida de más de 400 millones de euros en ingresos. Este tipo de decisiones, ha advertido, generan tensiones financieras que repercuten directamente en la prestación de servicios públicos.

En este sentido, García-Page ha alertado de que el plan anticrisis podría reproducir un esquema que ha definido como “yo invito y tú pagas”, en el que el Estado adopta medidas de alivio económico que terminan siendo financiadas, en parte, por las autonomías.

A su juicio, esta dinámica constituye una “amenaza directa” a la sostenibilidad de la sanidad, la educación y las políticas sociales, pilares del estado del bienestar que dependen en gran medida de la financiación autonómica.

El presidente ha enmarcado esta situación en un contexto más amplio de dificultades estructurales, denunciando el “retraso monumental” en la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta circunstancia, ha explicado, deja a las comunidades en una posición de vulnerabilidad ante decisiones unilaterales del Estado.

De este modo, ha advertido de que la combinación de una financiación insuficiente y nuevas cargas derivadas de políticas estatales puede desembocar en un “problema financiero muy considerable”, con consecuencias directas sobre la calidad de los servicios públicos.

García-Page ha insistido en que, si las decisiones son de carácter estatal, deben ser financiadas con recursos del propio Estado, evitando trasladar el coste a las comunidades. De lo contrario, ha señalado, existe el riesgo de “interiorizar la crisis” en España, amplificando sus efectos de manera más profunda y prolongada.

Finalmente, ha apelado al consenso y a la coordinación institucional como elementos clave para afrontar el actual contexto económico. Ha defendido que las medidas deben ser claras, compartidas y respetuosas con el reparto competencial, especialmente cuando afectan a ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.