Castilla-La Mancha recibió 8 euros por habitante frente a los 450 de Cataluña

Castilla-La Mancha recibió en 2023 apenas 8 euros por habitante para financiar las competencias singulares que tiene asumidas, frente a los 450 euros por habitante que percibió Cataluña por el mismo concepto, según el informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el coste de las competencias no homogéneas entre comunidades autónomas de régimen común. La diferencia, de más de 56 veces entre ambos territorios, pone de manifiesto lo que el propio estudio califica como "problemas de equidad" en el sistema de financiación autonómica.

El informe, redactado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, sitúa a Cataluña a la cabeza del reparto con un total de 3.563 millones de euros, lo que equivale a un índice de 243,4 y representa casi dos veces y media la media de las comunidades de régimen común, fijada en 185 euros por habitante. Tras Cataluña, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja son las siguientes con mayor dotación por habitante, con 320 y 318 euros, respectivamente.

En el extremo opuesto del listado figuran, junto a Castilla-La Mancha, Castilla y León, con nueve euros por habitante, y Extremadura, con once euros, las tres comunidades del interior peninsular con menor presencia de competencias singulares y, por tanto, con una financiación por este concepto prácticamente testimonial.

Una brecha invisible para los ciudadanos

Fedea advierte en el informe de que estas desigualdades resultan "prácticamente invisibles" para la ciudadanía porque el Ministerio de Hacienda no publica con regularidad los datos detallados sobre este tipo de transferencias. La metodología del "coste histórico" que se aplica actualmente genera, a juicio de De la Fuente, "valoraciones muy dispares e incoherentes" para un mismo servicio según el territorio en que se preste.

El gasto total en competencias singulares —es decir, atribuciones asumidas solo por algunas autonomías— ascendió en 2023 a 8.319 millones de euros. La mayor partida corresponde a la policía autonómica catalana, seguida del personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, y la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones. A estas partidas les siguen los fondos para la normalización lingüística, con 813 millones; los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.

Disparidades en Justicia, religión y competencias provinciales

El informe ofrece ejemplos concretos de lo que califica como diferencias "difícilmente justificables" en el coste de un mismo servicio según la comunidad que lo gestiona. En la Administración de Justicia —traspasada a diez comunidades—, el coste por habitante oscila en un abanico de más de 80 puntos de índice: Asturias recibió 81,8 euros por habitante, mientras que Galicia percibió 35,5 euros y la Comunidad Valenciana se quedó en 37,7 euros.

Una brecha aún más pronunciada se registra en la financiación de los profesores de religión, donde la dotación por alumno en edad escolar presenta desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias encabeza también este reparto con 88,7 euros por alumno, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 euros de Baleares.

El estudio también detalla desequilibrios en la valoración de las competencias de las diputaciones provinciales: Madrid recibe 136 euros per cápita por este concepto, mientras que Extremadura percibe 367 euros, una diferencia que triplica a la de la capital del Estado.

Un debate pendiente en el modelo de financiación

Las conclusiones de Fedea llegan en un momento de máxima tensión institucional sobre el reparto autonómico. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, reiteró este viernes en Santander el rechazo frontal del Gobierno regional al modelo propuesto por el Ministerio y anunció que pedirá al Estado que "se abstenga" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 4 de septiembre, para que el acuerdo que salga de ese encuentro refleje la posición del conjunto de las comunidades y no la de un único territorio. El informe de Ángel de la Fuente pone ahora cifras concretas a lo que la Junta lleva meses denunciando en el plano político.