Castilla-La Mancha rechaza el modelo de financiación y pide al Estado que se abstenga
Castilla-La Mancha mantiene su rechazo frontal al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 4 de septiembre con una posición invariable: el 'no' al sistema pactado, en su opinión, con una sola comunidad autónoma, que vulnera el principio de igualdad.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avisado este viernes desde Santander de que si el gasto sanitario sigue creciendo sin cambios en el modelo, "habrá que replantearse cómo pagamos los impuestos los ciudadanos", en una advertencia que eleva el tono del debate regional sobre la sostenibilidad de los servicios públicos.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, reiteró este viernes el rechazo del Gobierno regional al modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio, al que consideró perjudicial para el principio de igualdad entre ciudadanos. Lo hizo durante su participación en el II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde compartió mesa de debate con sus homólogos de Hacienda de Cantabria y Castilla y León en un coloquio titulado 'Crisis de financiación. La brecha insostenible'.
Ruiz Molina confirmó que Castilla-La Mancha acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre manteniendo una posición "bastante clara desde el inicio" y anunció que pedirá a la Administración del Estado que "se abstenga para que el acuerdo que sostenga sea el reflejo de lo que sentimos en las comunidades autónomas". El consejero rechazó que la financiación se haya "consensuado con un único territorio" y con un solo partido político, lo que, a su juicio, vulnera un principio que la Junta considera fundamental: que todos los ciudadanos, "con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residan", tengan el mismo acceso y el mismo nivel de calidad a los servicios públicos fundamentales.
El debate de la población ajustada
En el plano técnico, el titular de Hacienda apostó por reformar el concepto de población ajustada —el indicador que pondera las necesidades de gasto de cada territorio— mediante criterios "objetivos e independientes" que reflejen el coste real de prestar los servicios. Señaló variables como la población protegida, la edad, la superficie o la densidad demográfica y subrayó que "no cuesta igual prestar el mismo servicio sanitario en Fuenlabrada que en la provincia de Cuenca, con una población mucho más dispersa y un territorio mucho más extenso". Para garantizar esa objetividad, propuso que el cálculo quede en manos de un órgano técnico e independiente.
Ruiz Molina cuestionó también que la financiación autonómica pueda convertirse en "moneda de cambio" para obtener apoyos parlamentarios y reclamó que la reforma del sistema se aborde "como una cuestión de Estado, al margen de la confrontación política y de acuerdos bilaterales". "Si sacamos la financiación del debate regional y la afrontamos como un debate de Estado, en el que estoy seguro de que todos tendremos que ceder algo, ganará el sistema", afirmó. En la misma línea, reivindicó el papel coordinador del Estado en sanidad: "Tenemos que hablar de un verdadero Sistema Nacional de Salud y no de 17 sistemas nacionales de salud diferentes".
Pesimismo ante la evolución del gasto sanitario
El consejero mostró también su preocupación por la sostenibilidad financiera de la sanidad pública a medio plazo y se declaró "pesimista" si no se producen cambios estructurales. En Castilla-La Mancha, la Sanidad representa cerca de la mitad de todo el gasto ejecutado por la Comunidad Autónoma. Ruiz Molina detalló que el gasto de personal supone en torno al 50% del gasto sanitario total; el farmacéutico, un 30% de ese mismo gasto total, que a su vez equivale al 4,9% del gasto autonómico global. A esa presión se añaden la incorporación de nuevos tratamientos y la ampliación de prestaciones, factores que tensionan los presupuestos mientras las comunidades siguen obligadas a cumplir las reglas fiscales.
Ante este diagnóstico, Ruiz Molina planteó la necesidad de revisar el tratamiento del gasto sanitario dentro de las reglas fiscales: "Si existe un consenso en que la salud es una prioridad, eso también debe tener una traducción en nuestras reglas de gasto". Y lanzó una advertencia de calado: si el coste de la Sanidad continúa creciendo, "habrá que replantearse cómo pagamos los impuestos los ciudadanos", porque, advirtió, no se puede defender simultáneamente una reducción permanente de los ingresos públicos y pretender mantener o incrementar unas prestaciones sanitarias cada vez más costosas. El aviso supone implícitamente abrir la puerta al debate sobre la presión fiscal en un momento en que el modelo de reparto entre comunidades está en el centro de la tensión territorial.