Castilla-La Mancha destina 31 millones a centros especiales de empleo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido esta semana, ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 31,2 millones de euros destinada a los centros especiales de empleo, con el objetivo de impulsar la integración laboral de alrededor de 5.000 personas con discapacidad en 2026. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha defendido este programa como una herramienta clave para garantizar oportunidades laborales reales a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Padilla ha subrayado que este programa no se limita a financiar estructuras, sino que busca sostener empleo protegido y generar entornos laborales adaptados. “No se trata únicamente de subvencionar estructuras; se trata de sostener empleo protegido para personas con dificultades de inserción laboral, asegurar su estabilidad y favorecer entornos de trabajo adaptados”, ha señalado la portavoz del Gobierno regional.

La convocatoria, aprobada en el último Consejo de Gobierno, mantiene el objetivo de atender la singularidad derivada de las dificultades de integración laboral que afrontan las personas con discapacidad, facilitando así su acceso y permanencia en el empleo. Con esta inversión, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la estabilidad de estos centros y el empleo de miles de trabajadores con discapacidad en la región.

Más fondos para salarios y mayor flexibilidad en las contrataciones

La nueva convocatoria introduce dos principales novedades para el año 2026. Por un lado, se incrementa en un millón de euros la línea destinada al pago de los salarios de las personas con discapacidad que trabajan en estos centros especiales de empleo.

Según ha explicado Padilla, la evolución de este programa refleja el compromiso del Gobierno regional con la inclusión laboral. “En 2015 la dotación para la línea salarial era de diez millones de euros; hoy es de 29 millones, prácticamente el triple de lo que se destinaba cuando llegamos al Gobierno”, ha recordado, destacando que esta inversión sostenida aporta estabilidad tanto a los centros como a las familias de las personas beneficiarias.

La segunda novedad consiste en ampliar de dos a seis meses el plazo para realizar las contrataciones vinculadas a la inversión, una medida que introduce mayor flexibilidad para que los centros especiales de empleo puedan cumplir los requisitos de estas ayudas y mejorar su gestión administrativa y presupuestaria.

Personas beneficiarias y líneas de financiación

Las ayudas están dirigidas a personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 %. Además, se priorizará a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como personas con parálisis cerebral, trastornos de salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo, siempre que cuenten con ese mismo grado de discapacidad.

La convocatoria se articula en tres líneas de financiación. La primera, dotada con 1,2 millones de euros, se destina a inversiones generadoras de empleo, como la adquisición de maquinaria, equipamiento o la adaptación de espacios de trabajo. Estas actuaciones permiten a los centros modernizar sus instalaciones y crear puestos de trabajo adaptados.

La segunda línea concentra la mayor parte de los recursos, con 29 millones de euros destinados al apoyo salarial de las personas con discapacidad contratadas en los centros especiales de empleo. Por último, la tercera línea cuenta con un millón de euros para financiar unidades de apoyo y servicios de ajuste personal y social, orientados a mejorar la integración laboral y personal de los trabajadores.

Padilla ha recordado que desde 2015 el Gobierno regional ha invertido más de 262,8 millones de euros en este programa, lo que ha permitido consolidar miles de puestos de trabajo y ofrecer oportunidades laborales a personas que, sin estas ayudas, tendrían mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

14,2 millones para explotaciones agrarias en ZEPA y zonas de montaña

Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno también figura la aprobación de dos convocatorias de pagos compensatorios en el marco de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, que movilizarán cerca de 14,2 millones de euros para apoyar explotaciones agrarias situadas en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en zonas de montaña.

Según ha explicado la portavoz regional, estas ayudas pretenden garantizar la viabilidad económica de explotaciones que trabajan en condiciones más exigentes, ya sea por limitaciones ambientales o por dificultades geográficas, evitando así la pérdida de actividad agraria y el abandono del medio rural.

Una de las convocatorias corresponde a los pagos compensatorios vinculados a la Red Natura 2000, concretamente a las ZEPA de ambientes esteparios, con una inversión de 8,2 millones de euros. Estas zonas, creadas por la Directiva Aves de la Unión Europea, tienen como finalidad conservar especies de aves silvestres y sus hábitats de reproducción o migración.

Las ayudas se dirigen a agricultores que desarrollan su actividad en estos espacios de alto valor ambiental y que deben cumplir determinadas restricciones de manejo o limitaciones productivas para proteger la biodiversidad. En 2026 la ayuda alcanzará 192,90 euros por hectárea y beneficiará a unos 1.200 titulares de explotaciones agrarias.

Por otro lado, el Gobierno regional ha convocado también pagos compensatorios para explotaciones en zonas de montaña, con un presupuesto superior a seis millones de euros. Estos territorios presentan desventajas naturales como pendientes acusadas, mayor altitud, climatología adversa o fragmentación de parcelas, factores que incrementan los costes de producción y reducen la productividad.

En este caso, la ayuda se sitúa en 66 euros por hectárea y se espera beneficiar a unas 3.000 explotaciones, contribuyendo así a mantener la actividad agraria y prevenir la despoblación rural.

Nuevas resonancias magnéticas en Alcázar de San Juan y Talavera

En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 3,9 millones de euros —4,4 millones con IVA— para instalar y mantener dos nuevas resonancias magnéticas en los hospitales La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

Padilla ha señalado que esta actuación tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención sanitaria y agilizar los diagnósticos. Los nuevos equipos incorporarán herramientas de inteligencia artificial y sistemas avanzados de procesamiento de imagen, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y mejorar la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales.

“Esto se traduce en más seguridad para los pacientes, que serán diagnosticados y evaluados con la última tecnología disponible en el mercado”, ha subrayado la portavoz.

La responsable autonómica ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia de renovación tecnológica del sistema sanitario regional, que en la última década ha supuesto una inversión de más de 500 millones de euros en equipamiento sanitario. Gracias a este esfuerzo, Castilla-La Mancha ha pasado de liderar la obsolescencia tecnológica tras la legislatura 2011-2015 a situarse entre las tres primeras comunidades autónomas en renovación de equipos sanitarios.

Renovado el descuento del 50 % en el transporte para jóvenes

Otro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno es la renovación del descuento del 50 % en el transporte público interurbano para jóvenes de entre 14 y 29 años, medida que contará con un presupuesto de 3.750.000 euros.

La portavoz ha destacado que esta partida aumenta en cerca de medio millón de euros respecto al año anterior y permitirá beneficiar a unos 200.000 jóvenes de la comunidad autónoma.

Padilla ha subrayado que esta política tiene un doble objetivo: facilitar la movilidad juvenil y aliviar el gasto de las familias. Desde que el descuento se recuperó en 2017, tras haber sido eliminado por el anterior Gobierno, las familias de Castilla-La Mancha han ahorrado 22,2 millones de euros gracias a esta medida.

El funcionamiento es sencillo: los usuarios solo deben presentar el carné joven al subir al autobús para acceder al descuento. Los datos reflejan su creciente aceptación: solo en 2025 se vendieron 2,2 millones de billetes, y en los últimos dos años el número de usuarios ha aumentado en más de 90.000 personas.

Según la portavoz, el crecimiento de la demanda demuestra la utilidad de una política que reduce el gasto familiar, facilita el acceso a estudios, empleo u ocio y contribuye a la vertebración territorial, especialmente en municipios pequeños que necesitan conexiones con las capitales o localidades mayores.

Plan Estratégico del Dato 2026-2030

Durante la comparecencia también se ha informado de la aprobación del Plan Estratégico del Dato de Castilla-La Mancha 2026-2030, un documento destinado a modernizar la gestión de la información en la Administración pública y mejorar la relación con ciudadanos y empresas.

El plan contará con un presupuesto de 11 millones de euros y pretende crear un sistema que permita unificar la información que actualmente reciben las administraciones por múltiples vías, evitando duplicidades y simplificando trámites administrativos.

Entre sus objetivos se encuentra crear un censo unificado de datos de personas y empresas, lo que permitirá que ciudadanos y compañías tengan que aportar menos información a la Administración y que las instituciones puedan aprovechar mejor esos datos para mejorar la toma de decisiones públicas.

La estrategia incluye 63 actividades agrupadas en diferentes iniciativas, así como un modelo de gobernanza que fomentará la participación y coordinación con los distintos actores regionales.

Advertencia a Monbus por el servicio Toledo-Talavera

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz también se ha referido a la situación del servicio de autobús entre Toledo y Talavera de la Reina, gestionado por la empresa Monbus.

Padilla ha advertido de que el Ejecutivo autonómico podría rescindir el contrato si la empresa no ofrece “soluciones inmediatas” a las deficiencias detectadas en la prestación del servicio.

Según ha explicado, este martes se celebró una reunión entre la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y representantes de la compañía, en la que el Gobierno regional exigió la renovación de la flota y la mejora de los cuadrantes de servicio.

La portavoz ha insistido en que el transporte público debe cumplir los estándares de calidad y puntualidad exigidos por la Administración, y ha advertido de que la Junta no permitirá que el servicio se preste en condiciones deficientes.

San Juan de Dios: la Junta pide explicaciones al Ayuntamiento de Toledo

Por último, Padilla se ha referido a las declaraciones del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sobre posibles conversaciones para convertir el antiguo edificio de San Juan de Dios en una residencia y centro de día.

La portavoz ha asegurado que el Gobierno regional no tiene constancia de esas negociaciones y ha señalado que “quien más tiene que dar explicaciones es el alcalde”.

Padilla ha recordado que inicialmente el Ayuntamiento defendía destinar el edificio a un hotel, una propuesta que el Grupo Socialista rechazó planteando recuperar su uso como residencia de mayores. En cualquier caso, la portavoz ha señalado que, si el Consistorio decide impulsar un proyecto de este tipo, deberá contar con la financiación correspondiente, como ocurre con el resto de municipios que optan por crear servicios residenciales.