Bellido urge a reconsiderar el bloqueo al nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, aprovechó este lunes el 44 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía —celebrado el 10 de agosto— para lanzar un llamamiento público a quien "está impidiendo" que prospere en el Congreso de los Diputados la profunda reforma del texto fundacional de la comunidad, reclamándole que "reconsidere su posición y respete lo acordado" por el conjunto de la sociedad castellanomanchega.

En un mensaje institucional difundido por el Parlamento regional con motivo de la efeméride, Bellido expresó su deseo de que la reforma salga adelante sin que los intereses partidistas frustren el consenso alcanzado: "Ojalá se pueda aprobar el Estatuto que necesitamos, ojalá que no se vea decepcionado ni defraudado por algún interés electoral".

El llamamiento del presidente de las Cortes se dirige de forma velada —aunque inequívoca— a quienes, durante la fase de alegaciones en Madrid, han alterado lo pactado inicialmente y han dejado el proceso en un punto muerto. Bellido instó a que esa posición de bloqueo sea "reconsiderada" por parte de quien "está impidiendo aprobar lo que aprobamos los diputados y diputadas que representamos a la sociedad de esta región, y que lo hicimos porque así lo deseaban los representantes de las entidades sociales".

44 años del Estatuto que fundó la comunidad

Bellido aprovechó la conmemoración para trazar una línea entre aquel primer Estatuto y el que hoy aguarda en el Congreso. Recordó que el 10 de agosto de 1982 se aprobó el texto que dio nacimiento a Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, fruto de "un gran acuerdo entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, es decir, del centro derecha y el centro izquierda de España" de aquel momento. Lo calificó de "noticia formidable porque se aprobó el Estatuto que necesitaba en ese momento la sociedad".

Ese recuerdo histórico le sirvió para subrayar por contraste la naturaleza igualmente consensuada de la reforma en tramitación. La nueva versión del Estatuto, explicó, "también ha llegado fruto de un gran acuerdo, esta vez no solamente del Partido Socialista y el Partido Popular, sino con la sociedad de Castilla-La Mancha representada por sus agentes sociales, sus organizaciones, sus entidades y, en definitiva, por el conjunto de la sociedad castellanomanchega".

Un proceso paralizado desde principios de 2026

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha supone en la práctica una renovación integral del texto original. Fue aprobada en las Cortes Regionales en mayo de 2025 con los votos favorables de los grupos Socialista y Popular, los dos partidos con representación mayoritaria en la Cámara autonómica. Su tramitación como Ley Orgánica fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2025 con una amplia mayoría de la Cámara Baja.

Sin embargo, ha sido durante la posterior fase de alegaciones cuando el proceso ha quedado completamente atascado. Desde entonces, y en lo que va de 2026, no se ha registrado ningún avance. El statu quo generó la intervención pública de Bellido, quien consideró imprescindible alzar la voz en una fecha tan señalada para reclamar que el acuerdo alcanzado en Toledo no quede enterrado en Madrid.

"Seguir reivindicando los grandes acuerdos"

El presidente de las Cortes cerró su mensaje con un llamamiento más amplio que trasciende la coyuntura inmediata. Dirigiéndose a quien "hoy impide" que el nuevo Estatuto se apruebe, le exigió que "reconsidere su posición y respete lo acordado en nuestra región por toda la sociedad". Y añadió: "Tenemos que seguir reivindicando la necesidad de grandes acuerdos para que avance Castilla-La Mancha y para que los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra podamos seguir mejorando nuestra calidad de vida".

El mensaje de Bellido se produce en un momento en que la reforma estatutaria —uno de los proyectos políticos más ambiciosos de la actual legislatura regional— permanece en un limbo institucional cuya resolución depende enteramente de los equilibrios parlamentarios en Madrid, ajenos al consenso sellado en Toledo.