Zapatero habló, pero no le oímos
Mejor hubiera sido que el ex-presidente Rodríguez Zapatero hablara a la ciudadanía sobre su imputación antes que con el juez Calama, pues fue aquella la que le confió en su día el gobierno de España y, en consecuencia, la primera a la que debía explicaciones sobre aquello de lo que se le acusa, más de índole moral y política que de judicial en el fondo. Tal vez debió, al siguiente día de su imputación y su breve comparecencia en un jardín, reunirse con los medios de comunicación como aseguró que haría, aunque se entiende que su abogado se lo impidiera, no fuera a decir algo que le pudiera perjudicar en la causa.
Por eso, porque la dimensión política del procedimiento trasciende con mucho su dimensión penal, sus declaraciones en la Audiencia Nacional deberían ser en abierto, y no circunscritas al ámbito estrictamente judicial, donde la cuestión se reduce, a fin de cuentas, a la pugna entre los que quieren condenar al investigado y los que defienden su inocencia. Sin embargo, el juez Calama ha cerrado tanto la primera comparecencia de Zapatero a la vista y los oídos del público que hasta ordenó a todas las partes presentes en la sala desprenderse de sus teléfonos móviles para evitar filtraciones.
Zapatero ha acudido a la Audiencia Nacional condenado de antemano por lo que se ha dado en llamar la pena del telediario. Las acusaciones particulares encabezadas por el Partido Popular, políticamente muy contrarias a su persona y a su ideario, han tenido muy fácil la imposición de esa pena por el enorme eco del caso y tratado de aquella manera en los medios afines, facilidad aumentada por el largo silencio del acusado, que, siéndolo, es al único al que no se ha oído y sigue sin oirse por la ciudadanía, condenada en su caso a la sordera.
Salvo de haber atracado una joyería a punta de recortada, a Zapatero se le acusa de todo, desde dirigir una banda de malhechores hasta de contrabando, razón por la que en su esperada deposición ante el juez nos hubiera gustado escucharle, oír de sus labios su defensa, porque aunque no personada en la causa, la ciudadanía es parte principal de ella en su dimensión política, que es casi toda, incluida su participación o no en el rescate de la aerolínea.