El reparto de menas
El criterio del Gobierno para el reparto entre las comunidades autónomas de los últimos contingentes de menas -emigrantes menores de edad- delata un patrón de conduta insidiosa. Dicho sea en el sentido académico del término, como comportamiento engañoso y perjudicial que no es evidente a simple vista.
Trasladado al asunto que nos ocupa, se aplica a personas que actúan con astucia y engaño para perjudicar a otras de manera sutil. O no tan sutil en este caso, visto que en el reparto de menas procedentes de Canarias hay dos comunidades: Cataluña y el País Vasco a las que no han sido asignados ni uno solo de los menores. Conocido que a otras, caso de Madrid, Valencia o Castilla La Mancha, en el reparto les corresponde un número elevado, ¿cómo justifica el Gobierno semejante asimetría claramente discriminatoria?
Para responder a la pregunta habría que acudir a la política. A la penosa dependencia parlamentaria que tiene Pedro Sánchez de los partidos separatistas. Algunos de los socios de la investidura son partidos tribales supremacistas y otros abiertamente racistas. Que le tienen en sus manos. Bastaría la abstención de algunos de estos grupos para tumbar al Gobierno en una hipotética moción de censura. Por eso Sánchez cede a cuanto le exigen. Aunque sea tan indecoroso como asumir las imposiciones de Junts, el partido del prófugo Puigdemont o a las del PNV. En el caso de Cataluña los herederos del partido de Jordi Pujol han entrado abiertamente en el discurso anti emigrantes porque a Junts le ha salido un competidor: Aliança Catalana, el partido cuya cabeza visible es Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll.
Diversas comunidades anuncian recursos contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, en el caso de Madrid ante el Supremo, señalando el reparto asimétrico de menas. Al trágala del reparto se añade otro agravio: las amenazas del ministro Ángel Víctor Torres de recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado para obligar a las autoridades autonómicas a aceptar los repartos. Una idea que desborda el sentido común y bordea el disparate. El agravio como instrumento de provocación. Aunque afecta también a una comunidad gobernada por el PSOE, tal parece como si esta estrategia estuviera dictada para provocar la reacción de los dirigentes del Partido Popular para intentar identificarles con Vox, partido que no oculta sus ideas xenófobas. Mal empieza el nuevo curso político.
