Olvídense de la ideología
Los dos informes publicados recientemente -uno por el Comité de Sabios Europeos y otro por la Universidad Pontificia Comillas- han confirmado lo que ya se intuía: el apagón que paralizó España el pasado mes de abril fue el más grave registrado en la historia reciente de la Unión Europea y, probablemente, del mundo. Según ambos documentos, la causa principal fue un exceso de energía renovable en el sistema eléctrico sin un respaldo suficiente de otras fuentes estables, lo que provocó una pérdida de sincronismo con el resto de la red europea y el colapso total del suministro. Lo más preocupante es que el desastre no era imprevisible. Expertos habían advertido meses antes de la posibilidad de un fallo generalizado. De hecho, que sepamos, en al menos dos ocasiones, la operadora nacional se vio obligada a pedir a la industria que redujera su consumo para evitar un colapso. Sin embargo, el afán del Gobierno por demostrar que el país podía sostenerse casi exclusivamente con renovables terminó por forzar los límites del sistema.
El informe de Comillas señala que el fallo "no fue técnico, sino político". La decisión de no mantener un respaldo adecuado de energía gestionable -gas, nuclear o hidroeléctrica- fue determinante. Aun así, el Ejecutivo no ha reconsiderado su postura sobre el cierre progresivo de las centrales nucleares. Las empresas propietarias de Almaraz llevan semanas solicitando una reunión con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, sin obtener respuesta. Las consecuencias ya son visibles. El apagón costó unos 800 millones de euros, pérdidas que, según fuentes del sector, el Gobierno planea trasladar a los consumidores a través de un recargo en las facturas eléctricas. De hecho, ya se ha detectado un aumento adicional en los recibos.
Los expertos coinciden en que España necesita un mix energético equilibrado, basado en criterios técnicos y no ideológicos. La energía nuclear -segura y libre de emisiones- debe formar parte de la ecuación si se quiere garantizar la estabilidad del sistema. Además, urgen mayor transparencia en la toma de decisiones y una inversión decidida en la red eléctrica, esencial para absorber las nuevas instalaciones renovables. El 28 de abril quedará como una fecha negra para la historia energética española. Una lección cara y dolorosa de que la transición verde no puede hacerse a costa de la seguridad del suministro. Porque, si algo ha quedado claro, es que lo ocurrido no puede volver a pasar.
