Multa de 16.000 euros a dos cazadores de Toledo por matar corzos

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia sancionó en abril de 2026 a dos cazadores furtivos, vecinos de Toledo, con un total de 16.000 euros en multas más una indemnización de 10.000 euros al titular cinegético, por abatir dos corzos sin autorización en el coto de Hornillos de Cerrato (Palencia) el 27 de mayo de 2023. La resolución puso fin a un expediente que tardó casi tres años en resolverse, en parte por una confusión administrativa sobre el estado judicial del caso, según informó Ecologistas en Acción, que había solicitado ser parte interesada en el procedimiento.

Los hechos se produjeron cuando agentes del Seprona, con la colaboración del puesto de Quintana del Puente, sorprendieron a los dos hombres junto a una mujer, vecina de Sevilla, en el interior de un turismo. Interrogados sobre la actividad que realizaban, ambos reconocieron haber disparado y matado un corzo, además de no contar con la preceptiva autorización para cazar en ese coto. En el momento de la detención, los agentes les decomisaron dos rifles.

La tramitación del expediente arrojó sanciones diferenciadas para cada uno de los infractores. Uno de ellos, que reconoció los hechos y se acogió al pago voluntario, fue multado con 2.000 euros por una falta grave. El segundo recibió una multa de 4.000 euros, la retirada de la licencia de caza durante un año y fue declarado responsable de dos faltas graves y una leve. A estas sanciones se suma la indemnización de 10.000 euros fijada a favor del titular cinegético del coto donde se cometieron las infracciones, en concepto del valor de los dos corzos abatidos, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Una demora de casi tres años marcada por fallos administrativos

El camino hasta la resolución no estuvo exento de obstáculos. Ecologistas en Acción solicitó en junio de 2023, apenas semanas después de los hechos, ser reconocida como parte interesada en el expediente sancionador. Al no recibir respuesta, la organización reiteró su petición en varias ocasiones y acabó presentando una queja ante el Comisionado de la Transparencia para obtener información sobre el estado del procedimiento.

La situación se complicó aún más cuando, en mayo de 2025, el propio Servicio de Medio Ambiente comunicó que el expediente no había iniciado su tramitación porque el caso estaba judicializado. Sin embargo, el juzgado que instruía la causa lo había archivado en febrero de 2024, más de un año antes de que la administración facilitara esa explicación errónea.

El expediente sancionador no se abrió finalmente hasta junio de 2025, y la propuesta de resolución no llegó hasta febrero de 2026. La resolución definitiva se dictó en abril de 2026, casi tres años después de que los furtivos fueran interceptados en el campo.

Los ecologistas reclaman respaldo institucional para los agentes

Ecologistas en Acción consideró necesario que la labor de los agentes que trabajan en el medio natural sea respaldada desde los despachos con una tramitación "eficaz y contundente" de las denuncias. La organización reclamó expresamente a la jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente que adopte las medidas oportunas para apoyar el trabajo de los Agentes Medioambientales y del Seprona, cuya intervención en campo resultó determinante para identificar y sancionar a los infractores.

El caso pone de relieve las tensiones entre la eficacia de los dispositivos de vigilancia sobre el terreno y los tiempos de la burocracia administrativa, un debate recurrente en el ámbito de la protección de la fauna silvestre en España. El corzo (Capreolus capreolus) es una especie cinegética sometida a regulación estricta en Castilla y León, y su caza sin autorización constituye una infracción grave conforme a la Ley 4/2021, de Caza de la comunidad autónoma, normativa bajo la que se tramitó y resolvió este expediente.