El Juzgado de Violencia de Toledo, al límite por falta de personal
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "insostenible situación" del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Toledo, incapaz de absorber el volumen de procedimientos que recibe desde que entró en funcionamiento en abril de 2024 con competencia sobre los partidos judiciales de Toledo, Orgaz e Illescas.
El sindicato alerta de que los funcionarios del juzgado prolongan habitualmente su jornada hasta las 17.00 o las 18.00 horas —frente al horario oficial de 8.00 a 15.00— sin compensación económica ni en tiempo libre, mientras cientos de procedimientos penales, civiles y de menores se acumulan sin resolución.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Toledo opera al límite de su capacidad. CSIF denunció este lunes, 2 de junio de 2026, que la plantilla de ese tribunal —ocho funcionarios de carrera y tres temporales— es manifiestamente insuficiente para atender la carga de trabajo generada por los partidos judiciales de Toledo, Orgaz e Illescas, que quedaron bajo su competencia cuando el juzgado comenzó a funcionar en abril de 2024. La consecuencia directa, según el sindicato, es una acumulación creciente de procedimientos sin resolver y unas condiciones laborales que el propio personal califica de insostenibles.
Manuel Pelayo, presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, describió sin ambages la dimensión del problema: "Con la plantilla actual solo se puede hacer lo urgente, mientras que el resto de procesos se van almacenando e incluso su resolución tarda años y años. Es un problema muy grave".
La jornada oficial de los funcionarios del juzgado está fijada entre las 8.00 y las 15.00 horas, pero CSIF advierte de que la sobrecarga obliga a prolongarla de manera habitual hasta las 17.00 o las 18.00 horas. Esas dos o tres horas diarias de trabajo extra no se retribuyen ni se compensan con descanso posterior, lo que agrava el desgaste del equipo.
La urgencia acapara toda la energía del juzgado
La presión asistencial es constante. Pelayo citó datos concretos para ilustrarla: el pasado martes se registraron once casos de violencia y el lunes —día en que CSIF hizo pública su denuncia— se produjeron otros seis. Cada uno de ellos activa una cadena de actuaciones que incluye procedimientos penales, civiles o de menores, órdenes de protección, medidas cautelares y coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y médicos forenses.
"Todo lo urgente se atiende, lo que conlleva que los trabajadores superen con creces su jornada laboral", explicó el presidente del sindicato. "Sobre ellos recae esta desproporcionada carga de trabajo, pero el resto de procesos es que directamente es inasumible poder atenderlos", añadió Pelayo.
Esta dinámica tiene una consecuencia directa sobre las víctimas: los procedimientos no urgentes pueden tardar años en resolverse, lo que pone en riesgo la tutela judicial efectiva que la ley garantiza a las mujeres que sufren violencia de género.
Tres plazas de refuerzo, insuficientes
La gravedad de la situación llevó a las autoridades a crear, hace meses, tres plazas de refuerzo destinadas exclusivamente a la incoación de demandas. Sin embargo, CSIF consideró esa medida "claramente insuficiente para atender la totalidad de las funciones que desarrolla el juzgado", ya que no cubre el amplio abanico de tareas que recaen sobre la plantilla.
Lejos de mejorar, el panorama se ha agravado recientemente. La creación de una segunda plaza de juez titular para el juzgado —que en principio debería haber supuesto un impulso a la actividad— no vino acompañada de más personal administrativo. El número de funcionarios sigue siendo el mismo, lo que significa que una mayor capacidad judicial se traduce, en la práctica, en aún más trabajo para los mismos empleados.
La bolsa de trabajo, vacía
La situación se ve agravada por un problema estructural añadido: no hay personal disponible para cubrir bajas ni sustituciones. La Bolsa de Trabajo de Toledo carece en este momento de efectivos en los cuerpos de Auxilio Judicial y Gestión Procesal. En el cuerpo de Tramitación Procesal, apenas quedan cinco personas disponibles. Pese a este panorama, el Ministerio de Justicia no tiene prevista una actualización inmediata de esas bolsas.
Ante esta situación, CSIF exigió al Ministerio de Justicia la adopción urgente de medidas para reforzar la plantilla, cubrir las necesidades estructurales del juzgado y garantizar "una respuesta ágil y eficaz en una materia especialmente sensible como es la violencia sobre la mujer". Pelayo cerró su comparecencia con una advertencia que pone el foco en los dos extremos de la cadena: "Las consecuencias son tremendas tanto para los profesionales que prestan servicio en este juzgado como para las víctimas, que dependen de una tutela judicial rápida y efectiva."
