El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana con el PP en contra

El reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas arrancará esta semana, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía.

También se aprobará esta semana la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida, como sucede en Canarias y Ceuta, para derivar así a los niños y niñas allí atendidos hacia otras comunidades.

Son los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, una redistribución obligatoria entre autonomías, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo aprobó en marzo y el Congreso refrendó el pasado mes de abril.

3.000 menores migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla

El plan es repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivarán a unos 3.000 menores migrantes que se encuentran en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año.

Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

Para concretar este mecanismo han sido necesarios otros dos decretos del Gobierno: el del 22 de julio, que detalla el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros este martes y que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía.

El propósito es que todo esté listo para que la política de derivaciones eche a andar esta semana, el día 28, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes, pues cada derivación conlleva un proceso y se estudia individualmente.

De forma paralela, por una vía distinta, el Gobierno ha iniciado el traslado de un millar menores solicitantes de asilo a los que deberá atender en recursos estatales en la península, siguiendo la orden que le dio el Tribunal Supremo.

La reubicación por territorios

El decreto del próximo martes definirá la capacidad ordinaria de cada autonomía, es decir el número de plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad, un dato clave para cifrar después el número de migrantes que deberá atender cada territorio.

Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).

En julio, con datos preliminares que no tenían en cuenta el millar de menores solicitantes de asilo de los que tiene que hacerse cargo el Estado, el Gobierno calculaba que las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571.

Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida.

Una vez consumados los traslados, Cataluña será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las demás.

100 millones de euros este año para reubicar a los menores

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros para este año.

El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses.

Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Según las previsiones iniciales del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

La Comunidad Valenciana, por su parte, recibiría 7.451.550 euros según esta propuesta, y Castilla-La Mancha, 4.176.000, cifra muy cercana a los 4.149.900 euros de La Rioja, los 4.136.850 de Galicia o los 4.097.700 de Islas Baleares.

Once autonomías han recurrido este sistema

Este sistema se enfrenta a la oposición frontal de diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional, como también ha hecho Castilla-La Mancha, con un Gobierno socialista.

Además, la Comunidad de Madrid y Baleares han optado por recurrir ante el Tribunal Supremo los últimos decretos aprobados por el Gobierno y el Gobierno balear ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del reparto.

En todo caso, mientras que la ley esté en vigor todas las comunidades autónomas deben cumplirla, según ha recordado en las últimas horas el Gobierno central.

Financiación suficiente y coordinación estatal

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su disposición a colaborar en el reparto de los menores migrantes no acompañados, aunque ha subrayado que esta solidaridad debe ir acompañada de recursos económicos y una planificación adecuada por parte del Estado.

Fuentes de la Junta señalan que la comunidad autónoma está preparada para asumir su parte, pero siempre “dentro de las posibilidades reales de acogida” y con la garantía de que los menores reciban una atención "integral y digna". El Ejecutivo de Emiliano García-Page insiste en que la responsabilidad no puede recaer únicamente en Canarias ni en unas pocas comunidades, y reclama un marco común que evite la improvisación.

Desde el área de Bienestar Social recuerdan que Castilla-La Mancha ya participa en programas de acogida y que cuenta con una red de recursos que podría ampliarse de forma puntual, siempre que exista financiación suficiente. “La solidaridad no puede ser opcional cuando hablamos de la protección de la infancia, pero debe ser acompañada de medios para garantizarla”, sostienen.

El Ejecutivo autonómico evita la confrontación con otras comunidades que han mostrado reticencias, pero recalca que la acogida debe abordarse como un compromiso de país y con la implicación de todas las administraciones.