Nueva guía accesible en Castilla-La Mancha sobre los derechos del consumidor

Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha presentado una guía accesible de derechos de consumo dirigida a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo, y busca facilitar información clara para comprar, reclamar o entender contratos y facturas.

Una guía accesible de Plena Inclusión Castilla-La Mancha acerca los derechos del consumidor a personas con discapacidad
Una guía accesible de Plena Inclusión Castilla-La Mancha acerca los derechos del consumidor a personas con discapacidad

Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha presentado este viernes una guía accesible sobre derechos de consumo dirigida a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a otras con dificultades de comprensión, con el objetivo de facilitar información clara y comprensible sobre cómo ejercer sus derechos como consumidoras. La iniciativa se ha dado a conocer con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo, y ha sido presentada por Daniel Collado, director gerente de la federación regional.

La publicación, titulada “Tus derechos como persona consumidora de bienes y servicios”, ha sido elaborada por Plena Inclusión España con la colaboración de distintas federaciones territoriales, entre ellas la de Castilla-La Mancha. El material utiliza lenguaje claro, apoyos visuales y ejemplos prácticos para facilitar la comprensión de cuestiones habituales relacionadas con la compra de productos o la contratación de servicios.

Según ha explicado Collado, con esta iniciativa “el movimiento asociativo Plena inclusión quiere contribuir a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan conocer mejor sus derechos como consumidoras y ejercerlos con mayor seguridad y autonomía”.

Consejos prácticos para comprar y reclamar

La guía incorpora orientaciones prácticas para situaciones cotidianas relacionadas con el consumo. Entre ellas se incluyen recomendaciones sobre cómo comprar de forma segura, interpretar correctamente las etiquetas de los productos —por ejemplo, las fechas de caducidad o la lista de ingredientes— o realizar devoluciones tanto en tiendas físicas como en compras por internet.

Asimismo, el documento explica cómo utilizar la garantía de los productos o cómo presentar una reclamación cuando un servicio o artículo no cumple con lo prometido, además de ofrecer información sobre publicidad engañosa. También aborda ámbitos en los que las personas pueden encontrarse en mayor situación de vulnerabilidad, como los servicios bancarios, los suministros del hogar o el transporte público.

La iniciativa se enmarca además en el 20º aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que reconoce el derecho de este colectivo a participar plenamente en la sociedad y tomar decisiones informadas en todos los ámbitos de la vida, incluidos aspectos cotidianos como comprar, contratar servicios o entender una factura.

Barreras en la información y en los procesos de compra

Durante la presentación, Collado también ha puesto el foco en las barreras que encuentran muchas personas con discapacidad intelectual al ejercer sus derechos como consumidoras. Según ha explicado, contratos, facturas o condiciones de compra suelen presentarse con un lenguaje complejo, lo que dificulta comprender aspectos básicos como el precio real de un producto, las garantías o los plazos de devolución.

A ello se suman procesos de compra digitales poco accesibles, formularios complicados o servicios de atención al cliente que no siempre están preparados para ofrecer una comunicación clara y adaptada. Estas circunstancias pueden incrementar la vulnerabilidad ante fraudes, prácticas comerciales agresivas o publicidad engañosa, además de dificultar la presentación de reclamaciones o el seguimiento de procedimientos administrativos cuando surge un problema.

Por este motivo, desde la federación se insiste en la importancia de la accesibilidad cognitiva, entendida como la adaptación de la información para que pueda ser comprendida por todas las personas. La guía pretende así convertirse en “una herramienta útil y práctica para que las personas consumidoras sepan qué derechos tienen, qué hacer cuando algo no funciona correctamente y cómo defender sus intereses con seguridad y confianza”.

Una guía útil también para otros colectivos

Aunque el documento está dirigido principalmente a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus contenidos también pueden resultar útiles para personas mayores, migrantes o ciudadanos con baja alfabetización administrativa, que en ocasiones encuentran dificultades para entender información compleja.

Desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha subrayan que mejorar la claridad de la información beneficia al conjunto de la sociedad, ya que facilita el acceso a derechos básicos en ámbitos tan cotidianos como el consumo.

Difusión con apoyo de la Junta de Comunidades

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la convocatoria de la X Solidaria del Impuesto sobre la Renta. Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará en la difusión y distribución de la guía mediante la Dirección General de Salud Pública, el órgano autonómico con competencias en materia de consumo.

El objetivo es facilitar que este recurso llegue al mayor número posible de personas y contribuya a mejorar el conocimiento y el ejercicio de los derechos de consumo en la región.

Una federación con más de 9.000 personas representadas

Plena Inclusión Castilla-La Mancha trabaja desde 1981 para ofrecer apoyos y oportunidades a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. En la actualidad, la federación agrupa a 65 asociaciones en la región y representa a más de 9.000 personas.

Su labor se desarrolla gracias al trabajo de 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y el soporte de 250 centros, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo, defender sus derechos y promover su plena inclusión en la sociedad.

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