La Junta ofertará 40 plazas de empleo público inclusivo en 2027
El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará en el segundo semestre de 2027 un cuarto proceso selectivo independiente con unas 40 plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual en la Oferta de Empleo Público (OEP) de Administración General, el máximo que permite la legislación vigente.
El anuncio lo realizó este jueves el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el acto de bienvenida a los 46 nuevos empleados y empleadas públicos del turno de discapacidad intelectual correspondiente a la OEP 2023-2024, celebrado en el Archivo Regional de Toledo.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, anunció este jueves en Toledo que el Gobierno de Castilla-La Mancha convocará en el segundo semestre de 2027 un cuarto proceso selectivo independiente dirigido a personas con discapacidad intelectual, en el que se agruparán las plazas reservadas de la OEP 2025-2026 de Administración General, con una estimación de unas 40 nuevas plazas. El anuncio se produjo durante el acto de bienvenida a los 46 nuevos empleados y empleadas públicos —31 hombres y 15 mujeres— del turno de discapacidad intelectual de la OEP 2023-2024, celebrado en el Archivo Regional de Toledo. Estos trabajadores han superado el tercer proceso selectivo independiente, adaptado e inclusivo habilitado en la comunidad autónoma tras la modificación puntual de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha en 2019.
Ruiz Molina presidió el acto y puso en valor el compromiso del Gobierno regional con una función pública "cada vez más inclusiva, accesible y justa", y con quienes más necesitan el apoyo de la Administración y de la sociedad. "Nunca dejar a nadie atrás", sintetizó el consejero el principio que articula esta política de empleo público.
146 plazas y un proceso altamente competitivo
Con las 46 incorporaciones de este tercer proceso, la Junta acumula un total de 146 plazas de personal funcionario y laboral cubiertas por personas con discapacidad intelectual mediante el sistema inclusivo, cifra que representa el 60% de todo este colectivo en la Administración autonómica. El proceso fue, según subrayó el consejero, "muy competitivo": 580 aspirantes concurrieron a las 46 plazas, una ratio de 12,6 candidatos por plaza, "muy por encima de la media de aspirantes para el conjunto de oposiciones que oferta la Administración regional".
Ruiz Molina quiso dejar claro que el acceso no fue fruto de ninguna concesión: "No les hemos regalado nada, se lo han ganado a pulso", afirmó, destacando el esfuerzo y la constancia de quienes superaron las pruebas. El consejero valoró también como "dato muy importante" que los 46 nuevos empleados son residentes en Castilla-La Mancha, lo que, a su juicio, refuerza la "retención de talento" en la comunidad autónoma y aporta "valor añadido relevante al empleo público de la región".
Puestos en 13 municipios y medidas de acompañamiento
De las 46 plazas adjudicadas, 29 corresponden a personal funcionario, principalmente en la categoría de auxiliar administrativo, y 17 a personal laboral en tareas de servicios domésticos. Los destinos se distribuyen en consejerías de peso como Educación, Cultura y Deportes y Bienestar Social, así como en servicios centrales, delegaciones provinciales, centros de enseñanza, residencias de mayores y oficinas comarcales agrarias y de empleo, repartidos en 13 municipios de la región, entre ellos cuatro capitales de provincia.
Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la atención personalizada en la adjudicación de destinos, compatibilizando las preferencias de los aspirantes con las necesidades de la Administración. El acompañamiento continuo se articula a través de manuales de acogida en lectura fácil y de las unidades de inclusión en los centros de trabajo, con tutorías y asesoramiento especializado prestado por entidades sociales. Un modelo diseñado, dijo el consejero, para "garantizar una adaptación efectiva entre las capacidades de los trabajadores y las funciones asignadas". Ruiz Molina destacó que estas unidades "están funcionando bien" y tienen "capacidad para mejorar", y reconoció expresamente la labor del CERMI, de CECAP y de Plena Inclusión por su "relación permanente" con el Gobierno regional.
El consejero aprovechó el acto para "sensibilizar a las unidades donde se va a incorporar el personal con capacidades diferentes", algo que consideró positivo para "que el entorno sepa a qué atenerse".
Un compromiso con respaldo presupuestario
Ruiz Molina recordó que estas incorporaciones materializan un compromiso del presidente Emiliano García-Page de "favorecer el acceso efectivo de estas personas al mercado laboral tanto público como privado", un objetivo que, subrayó, tiene también reflejo en las cuentas regionales: el presupuesto destinado a la atención a personas con discapacidad se ha incrementado en más de un 60% en los últimos diez años, hasta alcanzar los 325 millones de euros actuales, con un esfuerzo presupuestario que, señaló el consejero, "está muy por encima del que se hace para el resto de las partidas".
El titular de Hacienda también puso en valor el papel de las familias de los nuevos empleados como "principal soporte" para que puedan afrontar los retos cotidianos, y llamó a "colaborar entre todos" para mejorar los servicios públicos que presta la Junta y la calidad de los mismos.
Al acto asistieron, junto a Ruiz Molina, el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la secretaria general de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz; el director general de Función Pública, José Narváez; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; el gerente del CERMI CLM, José Antonio Romero; el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez; y el vicepresidente de Plena Inclusión, José Manuel García. Con su presencia, la Junta subrayó ante los nuevos empleados el alcance institucional y social de un modelo de empleo público inclusivo que, diez años después de los primeros pasos legislativos, sigue ampliando su cobertura.