CSIF reclama ampliar la campaña de incendios en Castilla-La Mancha
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) arrastra carencias estructurales graves que comprometen la seguridad de sus trabajadores y la eficacia de la respuesta ante incendios forestales en la campaña más peligrosa de los últimos años.
El sindicato advierte que el 88 % del dispositivo de extinción quedará inactivo a partir del 25 de septiembre, pese a que la región se encontrará todavía en periodo de alto riesgo, y exige que la campaña se amplíe del 1 de mayo al 31 de octubre con todos los medios operativos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, denunció este jueves las carencias estructurales de Geacam en plena entrada en riesgo extremo de incendios en la mayor parte de la región, una situación agravada por el hecho de que entre el 1 de enero y el 15 de junio se registraron 137 incendios forestales más que en el mismo periodo del año anterior, según datos comunicados por la propia Consejería de Desarrollo Sostenible.
La organización sindical centra sus críticas en seis ámbitos: la duración insuficiente de la campaña de extinción, la falta de personal, las malas condiciones laborales y salariales, las deficiencias en formación y seguridad, el deterioro de infraestructuras y los problemas con los equipos de protección individual. En todos ellos, señala, persisten déficits que ya se pusieron de manifiesto en campañas anteriores y que no han sido corregidos.
La campaña, demasiado corta para un riesgo que se alarga
CSIF califica de "auténtica temeridad" que la actual campaña de extinción tenga únicamente 103 días de duración. "Las campañas de extinción deberían comenzar, como mínimo, el 1 de mayo y concluir el 31 de octubre y que estén siempre operativos todos los medios", señaló Ana Nares, bombera forestal técnica de formación y delegada del sindicato en Geacam. Según Nares, "cada año estamos observando cómo se activan o se desactivan los medios con fechas ya determinadas a pesar de encontrarnos en niveles muy altos o extremos de incendios", y añade que "no todas las unidades ni siquiera llegan a estos 103 días de campaña".
El problema se agrava en el tramo final de la temporada. Según el calendario previsto, el próximo 18 de septiembre se desactivará el 26 % del dispositivo pese a que Castilla-La Mancha seguirá en plena época de peligro alto. Una semana después, el 25 de septiembre, se desactivará un 62 % adicional, lo que dejará inactivo al 88 % del operativo y reducirá los efectivos a únicamente 17 autobombas operativas en toda la región.
El 1 de julio está prevista la activación de la fase de riesgo extremo. A pesar de este escenario, el sindicato denuncia que se mantienen esquemas de activación progresiva que, a su juicio, no responden a la evolución real del riesgo meteorológico.
Personal insuficiente y bases al límite
La escasez de efectivos ya está teniendo consecuencias sobre el terreno. El pasado miércoles 24 de junio de 2026, el dispositivo de la provincia de Toledo tenía un 30 % de sus unidades terrestres operando con la dotación mínima, la misma jornada en que se declararon cinco incendios en los municipios de Villarejo de Montalbán, Yuncler, Navalcán, Camarena y El Viso de San Juan. CSIF denuncia retenes con dotaciones mínimas en varias unidades operativas, lo que impide cubrir todos los turnos en algunas bases, y señala que las bolsas de empleo resultan insuficientes para atender las necesidades reales del servicio.
Otro problema identificado es la concentración de personal en bases alejadas de sus zonas habituales de actuación. Cuando son movilizados desde esos emplazamientos, los efectivos pueden tardar más de una hora o una hora y media en llegar a la zona de emergencia, incrementando los tiempos de respuesta en intervenciones que exigen una actuación inmediata.
Salarios bajos y alta precariedad
Las condiciones laborales constituyen otro foco de preocupación. Alrededor del 30 % del personal está vinculado mediante contratos fijos discontinuos de cuatro meses o contratos de interinidad, lo que dificulta la retención de profesionales especializados. El sueldo base es de 1.340 euros netos, apenas 100 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al que se suma una disponibilidad absoluta 24 horas al día, siete días a la semana durante la campaña retribuida a 0,37 euros por hora, y un complemento por riesgo vital —penosidad, toxicidad y peligrosidad— de 2 euros diarios. El sindicato señala, además, que no se está respetando la desconexión digital.
Formación insuficiente y entrenamientos en las horas de más calor
En materia de formación, CSIF denuncia que el personal de nueva incorporación recibe únicamente cinco días de preparación antes de intervenir en incendios que pueden implicar jornadas de hasta 12 horas ininterrumpidas en condiciones extremas de calor, humo, esfuerzo físico y estrés. La preparación física se lleva a cabo una vez iniciada la campaña y, en el momento de emitir esta denuncia, los entrenamientos se estaban programando a las 16.30 horas, coincidiendo con el pico de temperatura del día. "Es prioritario que el personal llegue descansado y con plenas capacidades físicas y mentales a las emergencias", reclamó Nares.
Infraestructuras degradadas y equipos de protección incompletos
El informe sindical también recoge el mal estado de las infraestructuras. Varias bases permanecen pendientes de reforma o con obras sin concluir, y algunos puestos de vigilancia carecen de suministro eléctrico, aseos o taquillas, obligando a trabajadores a usar instalaciones municipales para cubrir necesidades básicas. Las bases de Villaverde de Guadalimar (Albacete), El Bonillo (Albacete), Montes Claros y El Vado (Guadalajara) son señaladas como ejemplos de bases sin sistemas de cloración operativos, lo que impide el uso del agua con garantías sanitarias incluso para ducharse. En los puestos de vigilancia de El Padrastro y El Padroncillo se han detectado problemas de infestación de insectos.
A estas carencias se añaden los equipos de protección individual (EPI): hay trabajadores interinos que no disponen de un segundo equipo, esencial ante intervenciones de alto riesgo con exposición continuada a humos, partículas y gases tóxicos.
El convenio colectivo, una oportunidad que se diluye
CSIF considera que la negociación del II Convenio Colectivo de Geacam representa una oportunidad para corregir buena parte de estas deficiencias, pero lamenta que los avances sean "muy limitados" por la falta de recursos presupuestarios alegada por la empresa y la "escasa voluntad de diálogo". El sindicato exige campañas ajustadas al riesgo real, cobertura inmediata de vacantes, mayor estabilidad laboral, formación adecuada, dotación completa de EPI, infraestructuras dignas y la aplicación plena de la Ley del Bombero Forestal.
La delegada de CSIF en Geacam Yolanda Galán, bombera forestal, cerró la denuncia sindical con una advertencia: "Invertir en los bomberos forestales no es un gasto, es una inversión en seguridad pública y prevención, una inversión en nuestros pueblos, en nuestros montes y en la protección de la ciudadanía."