Castilla-La Mancha reduce la espera en dependencia por debajo del límite legal

El tiempo medio de espera para resolver un expediente de dependencia en Castilla-La Mancha se sitúa en 166 días, por debajo del plazo máximo de 180 días establecido por ley en España. La región es una de las seis comunidades autónomas, junto a Ceuta, que cumple este umbral en el conjunto del país.

En España, el tiempo medio de resolución alcanza los 320 días, casi el doble del plazo estipulado, mientras más de 13.500 personas fallecieron en lista de espera de la dependencia en los cinco primeros meses de 2026. En el extremo opuesto a Castilla-La Mancha se sitúa Murcia, que tarda 552 días en resolver los expedientes, según el último balance de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

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Castilla-La Mancha reduce la espera en dependencia por debajo del límite legal

Castilla-La Mancha se sitúa entre las pocas comunidades autónomas que respetan el plazo legal de seis meses para resolver los expedientes de dependencia, con un tiempo medio de 166 días desde la solicitud hasta la resolución, según el balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a cierre de mayo de 2026. La media nacional se eleva a 320 días, casi el doble del límite fijado por ley.

Solo seis comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta logran situarse por debajo del umbral de 180 días: Castilla y León (119 días), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171). En el extremo opuesto se encuentran Murcia (552 días), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335), comunidades que multiplican con creces el plazo legal.

13.500 personas fallecidas en lista de espera en cinco meses

El informe arroja un dato de gravedad excepcional: más de 13.500 personas murieron en lista de espera de la dependencia en los cinco primeros meses del año, un período en el que la cola global ha crecido en 7.293 personas respecto al cierre de 2025 y alcanza ya a 265.503 personas que, o bien no tienen aún la valoración solicitada, o no reciben los servicios a los que tienen derecho reconocido.

De esas 265.503 personas en espera, 110.108 aguardan la valoración (el 41,5 % del total) y 155.352 están pendientes de las prestaciones y servicios que ya tienen reconocidos (el 58,2 %). Entre los fallecidos, 6.940 esperaban ser valorados y 6.563 esperaban recibir la prestación a la que tenían derecho.

La distribución geográfica de los fallecimientos revela profundas desigualdades territoriales. Casi la mitad de los 13.503 fallecidos corresponden a Cataluña (4.342 personas) y Andalucía (2.204). En el otro extremo, Galicia registró los menores datos, con 34 fallecidos en lista de espera durante el mismo período.

Más atendidos, pero con servicios de menor coste

El número de personas atendidas ha aumentado en 47.323 entre enero y mayo de 2026 respecto al cierre del año anterior. Sin embargo, el informe advierte de que este incremento se concentra en servicios de menor coste, principalmente la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y la teleasistencia, en detrimento de servicios más intensivos y especializados.

Las comunidades que más han incrementado el número de beneficiarios con prestación en este período son Canarias (22 %) y Cantabria (6,6 %), mientras que Navarra (-1,4 %) y Extremadura (-0,5 %) han reducido el número de personas atendidas. En cuanto al número de personas con derecho reconocido a prestación o servicios, la cifra nacional crece un 3 %, con mayor dinamismo en Cantabria (12,3 %) y Canarias (9 %), y retrocesos en Navarra (2,1 %), Castilla y León (0,9 %), Extremadura (0,5 %) y País Vasco (0,4 %).

Asturias dispara sus tiempos; Canarias y Andalucía los reducen

Los datos del informe también permiten analizar la evolución de los tiempos de tramitación a lo largo de 2026. Asturias ha experimentado el mayor deterioro: sus plazos de resolución han crecido en 84 días en lo que va de año, situando a la comunidad entre las que peor gestionan la carga de trabajo. Por contra, Canarias ha recortado sus tiempos en 95 días, Andalucía en 50 y La Rioja en 30, aunque Andalucía continúa entre las regiones con mayor acumulación de demanda.

Cerca del umbral de los 180 días se mantienen Navarra (211 días) y Baleares (203 días), que superan el plazo legal aunque por un margen más estrecho que otras regiones.

"El ritmo es claramente insuficiente"

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, advirtió de que los datos reflejan la incapacidad estructural del sistema para absorber la demanda. "Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", señaló Ramírez.

El dirigente de la asociación también alertó del cambio de tendencia que representa el ejercicio 2026. La lista de espera había ido reduciéndose de forma progresiva entre 2015 y 2024, pero en los cinco primeros meses del año en curso ha vuelto a crecer, sumando 7.293 personas adicionales, lo que supone un incremento del 2,7 %. Este cambio de tendencia evidencia, según la asociación de profesionales, que el crecimiento sostenido de la demanda —fruto del envejecimiento de la población y la mayor conciencia sobre los derechos reconocidos en la ley— sigue superando la capacidad de respuesta del sistema.

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