Cientos de postales exigen a Page aborto público en Castilla-La Mancha

Un total de 275 postales firmadas por ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha han sido dirigidas al presidente regional, Emiliano García-Page, para exigir que la Junta garantice el acceso efectivo al derecho al aborto en la sanidad pública de la comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos, denuncia el incumplimiento de la obligación legal de asegurar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de proximidad, calidad asistencial y sin intimidaciones.

Bajo el lema “Exijo que todas las administraciones garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”, las postales trasladan la preocupación de estos colectivos ante lo que consideran una falta de garantías por parte del Gobierno regional para asegurar este derecho dentro del sistema público sanitario.

La acción da continuidad a las movilizaciones desarrolladas en los dos últimos años en las cinco capitales de provincia de la región —Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo— con motivo del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro, en las que han participado organizaciones como Amnistía Internacional, Comisiones Obreras y Ágora Feminista de Albacete, entre otras.

Más del 60% de mujeres, fuera de la región

Las organizaciones denuncian que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que desean abortar deben desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho. Según los datos aportados en la campaña, de los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, solo 18.895 se realizaron en la propia región.

Asimismo, subrayan que el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas, mientras que en 14 años únicamente se han practicado 30 abortos en centros públicos de la comunidad. A su juicio, estas cifras evidencian un patrón de objeción de conciencia que “en ningún caso puede ser institucional”, ya que —recuerdan— la negativa a practicar abortos debe ser individual y nunca colectiva ni atribuible a los centros sanitarios.

Registro de objetores y organización del servicio

Los colectivos también critican que la Junta no haya informado de cómo se está implantando el registro de objetores de conciencia ni de qué manera se organizarán los servicios públicos para asegurar la prestación, tal y como establece el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023.

Según recuerdan, la norma señala expresamente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia” y que los servicios públicos deben organizarse de modo que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.

En este sentido, sostienen que la Administración autonómica debe asegurar que el ejercicio individual de la objeción no derive en una imposibilidad práctica de acceder al servicio dentro del sistema público.

Información insuficiente y denuncias de acoso

Otro de los aspectos señalados en la campaña es la falta de información pública accesible. Según indican, actualmente la información sobre interrupción voluntaria del embarazo “se reduce” al teléfono Salud Responde, lo que consideran insuficiente. Reclaman protocolos claros, folletos informativos y contenidos web accesibles, ya que —afirman— en la práctica queda a la voluntad de cada profesional sanitario informar y decidir cómo hacerlo.

Además, denuncian que no existe una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que, según sostienen, sufren mujeres y profesionales a las puertas de algunas clínicas por parte de grupos contrarios al aborto. Estos colectivos, aseguran, exhiben fotografías de fetos con el objetivo de influir en la decisión de las mujeres, y consideran que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar ante estas situaciones.

Sin respuesta institucional

Las organizaciones explican que se dirigieron a la Presidencia de la Junta para concertar la entrega formal de las postales, sin obtener respuesta. Asimismo, aseguran que en los últimos años han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y con la consejera de Igualdad, Sara Simón, sin que dichas peticiones hayan sido atendidas.

Colectivos impulsores de la campaña

La campaña está respaldada por una amplia red de organizaciones sociales de la región, entre ellas Ágora Feminista de Albacete; Almansa Entiende; Almansa Feminista; Amnistía Internacional; APLEC Inclusión; Asexórate; Asociación Feminista 13 Rosas de Chinchilla; Asociación de Mujeres María de Padilla de Toledo; Asociación de Promoción de Igualdad de Género (ASPIGA); Bolo Bolo – Asociación LGTB de Castilla-La Mancha; Coordinadora 8M Albacete; CCOO Castilla-La Mancha; CGT Albacete; CGT Alcázar de San Juan; CGT Cuenca; Colectivo Sin Fronteras Albacete; Dameteta Albacete; Feministas de Pueblo CLM; Fundación Triángulo Castilla-La Mancha; In Género; Las Palmiras (Las Pedroñeras); LGTBora; Médicos del Mundo de Castilla-La Mancha; Mujeres de la Plaza del Pilar de Ciudad Real; Organización de Mujeres de la Intersindical CLM; PETRA Maternidades Feministas; Plataforma 8M Toledo; Plataforma Feminista de Guadalajara; Plural LGTBI Mancha Centro; Red Feminista de Albacete; Red Feminista de Guadalajara; Sincronizadas; STAS-CLM; STE-CLM; Torre Púrpura; Torrijos LGTB; Trabe Asociación y UGT Castilla-La Mancha.