Castilla-La Mancha gana 4.732 habitantes con su Ley de Despoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha conmemoró este lunes el quinto aniversario de su Ley contra la Despoblación con un balance que muestra una ganancia neta de 4.732 habitantes en las zonas rurales más afectadas por el declive demográfico. La norma, aprobada en junio de 2021 como la primera legislación específica frente a la despoblación tanto en España como en Europa, articuló medidas de acceso a servicios públicos, incentivos fiscales y apoyo a la creación de empresas con el objetivo de hacer del medio rural un entorno viable para vivir y trabajar.

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, fue el encargado de presentar el balance en un acto celebrado en Toledo. "Para garantizar servicios públicos, proyectos empresariales y medidas desde el punto de vista fiscal", resumió al describir los tres pilares sobre los que se asienta el articulado de la ley.

Servicios públicos: botiquines, escuelas y residencias

En materia de servicios públicos, los cinco años de vigencia de la norma se han traducido en la mejora de una veintena de centros de salud y consultorios médicos, y en la apertura de 88 botiquines en localidades que carecían de atención farmacéutica. A ello se añade la puesta en marcha de más de 100 escuelas infantiles en pequeños municipios, medida clave para retener a familias jóvenes con hijos en edad escolar.

El catálogo de nuevos equipamientos se completó con la apertura de cinco residencias rurales en Elche de la Sierra (Albacete), Chinchilla de Montearagón (Albacete), Munera (Albacete), Campillo de Altobuey (Cuenca) y San Lorenzo de La Parrilla (Cuenca), que cubren la demanda de atención a mayores en territorios que hasta ahora carecían de estos recursos.

Uno de los proyectos con mayor impacto en la movilidad rural ha sido el Transporte Sensible a la Demanda, un servicio que da cobertura a 337 núcleos de población y más de 54.600 habitantes. "Ya han usado más de 160.000 viajeros", destacó Martínez Guijarro, subrayando el uso creciente de un sistema pensado para conectar a quienes viven en poblaciones sin transporte regular.

Fiscalidad diferenciada para atraer vecinos

Una de las apuestas más singulares de la ley es la fiscalidad diferenciada, una herramienta sin precedentes en el ordenamiento jurídico español diseñada para hacer que los pueblos sean lugares económicamente atractivos para fijar la residencia. Los residentes en municipios escasamente poblados de Castilla-La Mancha pueden deducirse hasta un 25% de la cuota íntegra del IRPF, mientras que los contribuyentes que se trasladen a estas zonas por motivos laborales reciben una deducción de 500 euros. La norma contempla también un 15% de deducción por gastos en adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en estas áreas.

Los resultados de la última campaña de la renta revelan que más de 98.000 declarantes se beneficiaron de estas deducciones fiscales "por vivir en estos pueblos", cifra que evidencia la penetración real de la medida entre la ciudadanía.

Un 40% adicional en ayudas para empresas rurales

El fomento del tejido empresarial en el medio rural constituye otro de los ejes de la norma. La ley incorpora medidas de discriminación positiva que garantizan a quienes instalen su empresa en zonas rurales un 40% adicional sobre el importe de todas las ayudas a las que opten. A lo largo de estos cinco años, 5.594 beneficiarios han accedido a las líneas de establecimiento y consolidación en zonas despobladas.

Dos mil millones anuales y una Memoria de Impacto Demográfico

Desde 2022, los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incorporan una Memoria de Impacto Demográfico que cuantifica el gasto agregado de todas las consejerías destinado a frenar la pérdida de población. En las cuentas de 2026, esa inversión asciende a 2.116 millones de euros, lo que equivale a 5,8 millones diarios y representa el 3,4% del PIB regional. En términos relativos, uno de cada cuatro euros del techo de gasto efectivo va dirigido a políticas contra la despoblación.

Estrategia, ADUR y el futuro Estatuto del Pequeño Municipio

La arquitectura institucional para combatir la despoblación se articula en torno a la Estrategia frente a la Despoblación, que recoge más de 200 actuaciones. De ella parten las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR), elaboradas en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), con el objetivo de identificar las necesidades y fortalezas específicas de cada territorio y diseñar iniciativas a medida.

El siguiente escalón normativo ya está en fase de redacción: el Estatuto del Pequeño Municipio, que pretende establecer un marco jurídico específico para los municipios rurales, simplificar los trámites administrativos y dotar de continuidad a la lucha contra la despoblación más allá de la ley vigente.

RECAMDER: "La despoblación no era una condena inevitable"

La valoración del Ejecutivo regional encontró respaldo en la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), organización que aglutina a los Grupos de Desarrollo Rural de la región y que trabaja en estrecha colaboración con la Junta en la aplicación de las medidas de la ley.

Su presidente, Jesús Ortega, realizó un balance "muy positivo" de estos cinco años y subrayó el alcance histórico de lo conseguido. "Esta ley ha demostrado que la despoblación no era una condena inevitable y que, cuando existen políticas valientes, recursos y una estrategia clara, los pueblos pueden recuperar población, actividad y futuro", afirmó.

Ortega destacó que uno de los indicadores más significativos del cambio de tendencia es que actualmente una de cada cinco personas que se trasladan a vivir a Castilla-La Mancha elige como residencia una zona despoblada, dato que ilustra una dinámica nueva en la movilidad interna de la región. "Hace apenas unos años hablábamos de pueblos que perdían vecinos de manera constante. Hoy hablamos de municipios que reciben nuevos habitantes, familias que deciden instalarse en el medio rural y emprendedores que encuentran aquí oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida", señaló.

El presidente de RECAMDER hizo especial hincapié en la dimensión social de la norma. "La ley ha servido para garantizar derechos y servicios con independencia del lugar donde se viva, contribuyendo a que residir en un pueblo no suponga una desventaja respecto a quienes viven en grandes ciudades", indicó, al tiempo que valoró el esfuerzo del Gobierno regional por confiar en el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y "en el talento de nuestra gente".

Para Ortega, el balance de estos cinco años convierte a Castilla-La Mancha en "una referencia nacional e internacional en la lucha contra la despoblación", y reclamó que el modelo regional sirva de base para una legislación de alcance estatal. "Complementar esta ley con una normativa similar a nivel nacional es una necesidad que no podemos seguir aplazando", sostuvo.

La vivienda, el reto de la recuperación demográfica

El éxito parcial de la política demográfica ha generado su propio desafío. El aumento de vecinos en los pueblos ha disparado la demanda de vivienda en unas localidades que carecen de parque residencial suficiente. Para atenuar esta presión, el Ejecutivo regional ha rehabilitado 11 inmuebles de titularidad municipal en siete localidades de la región y los ha destinado al alquiler a precio asequible. A día de hoy, todos están ocupados.

En el ámbito de la rehabilitación de vivienda privada, Castilla-La Mancha lidera a nivel nacional la gestión del programa PREE 5000, destinado a municipios de menos de 5.000 habitantes. Con un presupuesto de 60 millones de euros, el programa ha alcanzado a 1.009 viviendas y ha beneficiado a 3.450 personas. "Supone un nuevo reto en el que estamos trabajando", señaló Martínez Guijarro al referirse a la necesidad de seguir ampliando la oferta residencial en el medio rural como condición indispensable para consolidar los avances demográficos logrados en el último lustro.