Un robo de cable en Azuqueca causa retrasos en Cercanías C-2 y C-8
Un robo de cable registrado durante la noche en Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha provocado retrasos desde primera hora de este miércoles en las líneas C-2 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid.
Una veintena de trenes acumula demoras de entre 10 y 12 minutos desde el inicio del servicio. Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabaja en el lugar para restablecer la normalidad lo antes posible, según informó a Europa Press un portavoz del organismo.
Un robo de cable producido durante la noche en Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha generado este miércoles retrasos en la red de Cercanías de Madrid desde la primera hora del servicio. La incidencia afecta a las líneas C-2 (Guadalajara-Chamartín) y C-8 (Guadalajara-Cercedilla), así como a los trenes Civis, según informó Adif a través de un portavoz.
Desde el inicio de la circulación matinal hasta las 09.00 horas, una veintena de trenes registraron demoras medias de entre 10 y 12 minutos. Técnicos de Adif se trasladaron al lugar de la sustracción para reponer el material y recuperar la frecuencia habitual de paso en el menor tiempo posible.
El suceso de Azuqueca se inscribe en un patrón de sustracciones que viene golpeando la red ferroviaria a su paso por Castilla-La Mancha en los últimos meses. Entre finales de junio y mediados de julio, varios robos de cable afectaron al corredor sur de alta velocidad en tramos de Toledo y Ciudad Real, con retrasos que se extendieron a los servicios de Renfe, Iryo y Ouigo entre Madrid y Andalucía.
El Gobierno plantea endurecer las penas
La acumulación de incidentes llevó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, a anunciar en julio una propuesta de reforma del artículo 240 del Código Penal. La iniciativa contempla un subtipo agravado de robo con fuerza castigado con penas de entre dos y seis años de prisión cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria comprometa la circulación o la prestación del servicio.
Desde el ministerio argumentan que "la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial". La propuesta estaba pendiente de tramitación legislativa en el momento del nuevo incidente de este miércoles en Azuqueca.