Una nueva gasolinera junto a 80 viviendas divide en Guadalajara
La instalación de una estación de servicio de la cadena Plenoil junto a un bloque de 80 viviendas en construcción en la calle Francisco Aritio de Guadalajara ha desatado este viernes un agrio enfrentamiento político entre el equipo de Gobierno municipal —formado por PP y Vox— y los grupos de la oposición, PSOE y Aike.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, defiende que la licencia era un acto administrativo reglado que no admitía discrecionalidad. La oposición considera que el Ayuntamiento no agotó las herramientas urbanísticas y de movilidad disponibles para frenar la instalación.
El enfrentamiento político por la gasolinera que Plenoil levanta pegada a una promoción de 80 viviendas en la calle Francisco Aritio de Guadalajara se recrudeció este viernes, cuando el concejal de Urbanismo salió a defender la actuación municipal ante las críticas del PSOE y de Aike. La licencia de obra e instalación fue concedida por la Junta de Gobierno Local el 28 de octubre de 2025, durante el actual mandato de la alcaldesa Ana Guarinos (PP), aunque el expediente se abrió en 2023, en tiempos del anterior gobierno socialista encabezado por Alberto Rojo.
La instalación se ubica a la altura del número 4 de la calle Francisco Aritio, junto a la rotonda del Paseo de la Estación y en las proximidades del histórico Puente Árabe, declarado Bien de Interés Cultural, en un enclave que en los próximos años podría acoger hasta 226 viviendas en el sector urbanístico SUE-30.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, sostuvo este viernes que el Ayuntamiento "ha actuado conforme a la ley en todo momento". Según explicó, aunque el planeamiento general municipal prohíbe este tipo de instalaciones en ese suelo, una normativa estatal de rango superior y la jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo habilitaron la instalación de estaciones de servicio en suelo de uso comercial, dejando a la administración local sin posibilidad de denegar la solicitud. "Hacer otra cosa sería prevaricación", afirmó. "Por encima de las normas no está nadie", añadió.
La responsabilidad política de la anterior Corporación
Esteban situó además parte del origen del conflicto en el anterior equipo de Gobierno socialista. Aseguró que el 5 de abril de 2023 el entonces alcalde, Alberto Rojo, firmó una cédula urbanística con informe favorable a la instalación, y calificó ese documento como "el primer informe técnico y jurídico favorable al proyecto". El concejal acusó a Rojo y a la concejal socialista Lucía de Luz de "mentirosos" y reclamó la dimisión de ambos.
En el plano personal, el edil reconoció que la ubicación tampoco le agrada. "Cuando lo veo no me gusta y me gustaría menos si hubiera comprado una vivienda allí y la tuviera bajo casa", señaló, aunque insistió en separar su valoración personal de la obligación administrativa de conceder una licencia que, a su juicio, cumplía la legalidad vigente.
Un expediente con una cronología singular
La empresa que solicitó la información urbanística previa es la misma mercantil que promovió las viviendas, aunque la licencia de la estación de servicio se aprobó con posterioridad a la del bloque residencial. La documentación municipal revela una cronología llamativa: el expediente de la gasolinera (número 14833/23) se abrió antes que el de las viviendas (número 21405/23), pero las alegaciones presentadas por otras estaciones de servicio de la zona —nueve en un radio de apenas tres kilómetros— retrasaron la concesión hasta finales de 2025, mientras la licencia de las viviendas se tramitaba sin incidencias y se concedía a Anaima Real Estate S.L. el 12 de marzo de 2024, año y medio antes.
El retraso tuvo una consecuencia relevante. Cuando Plenoil solicitó la licencia en 2023, un informe del policía adscrito al servicio de licencias afirmaba que "la parcela en la que se pretende instalar esa unidad de suministro de combustible no tiene colindantes". Sin embargo, cuando la Junta de Gobierno resolvió el expediente en octubre de 2025, la licencia de las viviendas ya estaba concedida. Según denuncian los afectados, todo el estudio técnico se realizó como si no existieran colindantes, pese a que en ese momento ya los había.
En julio de 2026, los futuros propietarios solicitaron formalmente al Ayuntamiento, mediante sede electrónica, que revisara la licencia por considerarla irregular al no contemplar los colindantes. A la fecha de este viernes no habían obtenido respuesta.
La posición del PSOE: "La licencia la dio Guarinos"
La concejal del PSOE Lucía de Luz rechazó la equiparación entre la cédula urbanística de 2023 y la licencia definitiva de 2025. "Alberto Rojo no firmó ninguna licencia. La licencia de esta gasolinera se firmó en 2025. Esto ha pasado con Guarinos", subrayó.
De Luz cuestionó que el Ayuntamiento haya utilizado "todas las herramientas" disponibles —urbanísticas y en materia de movilidad— para intentar impedir la instalación, y alertó de que los vehículos de la gasolinera accederían y saldrían por la misma rotonda que da servicio al bloque residencial. También reprochó que el equipo de Gobierno no se haya puesto en contacto con las familias afectadas. "Es muy fácil hablar de expedientes y es muy fácil hablar de trámites administrativos cuando el problema no está debajo de tu ventana", afirmó.
El PSOE ha solicitado formalmente acceso a los dos expedientes: el de las viviendas y el de la estación de servicio.
Aike apunta al impacto sobre el Puente Árabe y los accesos a la ciudad
Desde Aike, la concejala Susana Martínez añadió otra perspectiva al debate: la proximidad de la instalación al Puente Árabe, Bien de Interés Cultural, y a uno de los accesos principales a Guadalajara. Martínez recordó que fue la Junta de Gobierno Local —integrada por representantes de PP y Vox— quien aprobó la licencia, y cuestionó que expedientes con un impacto tan singular puedan tramitarse como una licencia ordinaria, sin una reflexión específica sobre sus consecuencias.
El enfrentamiento deja así dos posiciones irreconciliables. El Gobierno municipal defiende que la normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo obligaban a conceder la licencia y que cualquier otra decisión habría constituido prevaricación, al tiempo que atribuye parte de la responsabilidad política a la anterior Corporación socialista. La oposición, en cambio, sostiene que fue el actual equipo de Gobierno quien otorgó la licencia definitiva en 2025 y que no agotó las vías disponibles para proteger a más de 200 familias que en los próximos años convivirán con media tonelada de carburante en la base del edificio donde han comprado su vivienda.
