Condenan al Sescam a pagar el tratamiento de anorexia privado que no le prestó a una menor
La Justicia ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a reintegrar más de 5.000 euros a una familia de Guadalajara por el tratamiento de anorexia nerviosa que tuvo que costear en la sanidad privada para su hija de 15 años ante la falta de atención adecuada y urgente en el Hospital Universitario de Guadalajara. La resolución, ya firme, vuelve a poner el foco en las carencias de recursos públicos en salud mental, especialmente en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara, reconoce que la menor se encontraba en una situación de “necesidad y urgencia vital”, y condena al Sescam a devolver a los padres 5.445 euros más los intereses legales por los gastos abonados en un centro privado. Es la segunda vez que este mismo juzgado falla a favor de la familia por un caso similar, después de una resolución previa de 2022 que ya reconocía la anorexia nerviosa como una enfermedad que implica un riesgo grave para la vida.
Una derivación que nunca llegó
La joven había sido diagnosticada de anorexia nerviosa y, tras un empeoramiento del cuadro clínico, el servicio de psicología del Hospital Universitario de Guadalajara recomendó su atención en una Unidad específica de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). En Castilla-La Mancha únicamente existen unidades de este tipo en Ciudad Real, mientras que Madrid dispone de la del Hospital Niño Jesús, referente nacional.
Sus padres solicitaron formalmente la derivación a una de esas dos opciones. La respuesta, según se detalla en la sentencia y en la documentación aportada por la familia, fue doblemente negativa: no existía convenio con Madrid y en Ciudad Real no estaba disponible la hospitalización de día que la paciente necesitaba. Pese al informe clínico que alertaba de la urgencia, el hospital no articuló ninguna alternativa para garantizar el tratamiento especializado.
Ante esta ausencia de recursos, la familia acudió a un hospital privado, donde la menor inició un programa terapéutico intensivo que incluyó hospitalización de día y posteriormente ingreso completo. Ese proceso supuso un coste que ha ido acumulándose durante años: según detalla su representación legal, supera ya los 50.000 euros.
Un recurso anunciado pero nunca formalizado
La sentencia condenatoria es de 21 de marzo de 2025. El Sescam anunció inicialmente recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, un trámite habitual en este tipo de procedimientos. Sin embargo, el recurso nunca se formalizó.
Un auto de 3 de junio de 2025 declaró al Sescam desistido del recurso, y posteriormente, mediante diligencia de 3 de septiembre de 2025, el juzgado declaró la firmeza de la sentencia y ordenó el archivo de las actuaciones.
Críticas por la falta de recursos en salud mental
La abogada de la familia, Carmen Fernández-Bravo, de los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, lamenta que los padres se vieran “obligados, ante una urgencia vital, a recurrir a la sanidad privada”, a pesar de que la propia gerencia del área sanitaria había informado favorablemente a su reclamación en vía administrativa. Pese a ello, las resoluciones administrativas iniciales fueron desestimatorias.
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, advierte de que casos como este evidencian “la falta de recursos e inversión por parte de la sanidad pública ante la salud mental”, especialmente en menores y adolescentes, colectivos en los que las patologías relacionadas con la conducta alimentaria se encuentran en aumento. “Muchos padres no pueden afrontar estas cantidades. Es necesaria una reflexión y una crítica seria a los medios que se están ofreciendo desde la sanidad pública, que resultan insuficientes”, afirmó.
Flores recuerda además que la anorexia es una de las enfermedades psiquiátricas con mayor tasa de mortalidad y que la atención temprana y específica resulta determinante. En Guadalajara, sin embargo, no existe ninguna unidad especializada, y la sentencia vuelve a dejar en evidencia el vacío asistencial y las consecuencias que puede tener para las familias.
