Transportes propone endurecer penas por robo de cable ferroviario

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo en el Congreso. Su departamento impulsa una reforma del Código Penal para castigar con hasta seis años de prisión el robo de cable en la red ferroviaria.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsará una reforma del artículo 240 del Código Penal para castigar con penas de entre dos y seis años de prisión el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria que comprometan la circulación o el servicio.

La iniciativa responde a lo que el departamento que dirige el ministro Óscar Puente califica de "reciente oleada" de sustracciones en la red, que solo en la última semana ha registrado cuatro robos en el corredor sur de alta velocidad, varios de ellos con incidencia directa en la línea a su paso por Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este domingo su intención de impulsar una reforma del Código Penal para agravar las penas aplicables al robo de cable y otros componentes de la infraestructura ferroviaria, un delito que en la última semana ha afectado en cuatro ocasiones al corredor sur de alta velocidad, incluidos tramos a su paso por Castilla-La Mancha, provocando retrasos masivos e interrupciones del servicio que dejaron a miles de viajeros afectados.

La propuesta, comunicada a través de fuentes del ministerio, prevé la creación de un subtipo agravado de robo con fuerza dentro del artículo 240 del Código Penal. La nueva figura delictiva quedaría castigada con penas de dos a seis años de prisión cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o contra la prestación del servicio. El objetivo declarado es "adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria", calificada desde Transportes como "crítica".

Desde el ministerio se subrayó que "la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial". El último de los cuatro robos registrados tuvo lugar el pasado viernes, según precisaron las mismas fuentes, que lo pusieron como evidencia del "grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria".

Una oleada con impacto directo en CLM

La iniciativa legislativa surge directamente de la cadena de incidentes que ha sacudido al corredor sur de alta velocidad en los últimos días. Castilla-La Mancha fue uno de los territorios más afectados por estas interrupciones, con cortes que alteraron la circulación de trenes de larga distancia y obligaron a habilitar servicios de autobús alternativos para los pasajeros que no pudieron completar sus trayectos.

El Ministerio de Transportes calificó la situación de "totalmente inaceptable" y advirtió de que los hechos "se reproducen en otros puntos del país", señal de que la problemática ha adquirido una dimensión sistémica que desborda el ámbito regional. Las fuentes ministeriales describieron la sucesión de robos como una "oleada" que exige una respuesta proporcional tanto en el plano policial como en el legislativo.

Una reforma que va más allá del valor económico del cable

La clave de la propuesta reside en desligar la punibilidad del delito de su valor económico inmediato. Bajo el marco penal vigente, el hurto o robo de cable conductor se juzga atendiendo principalmente al precio del material sustraído —habitualmente cobre—, lo que en muchos casos resulta en penas reducidas o condenas suspendidas. La reforma que plantea el equipo de Óscar Puente pretende invertir esa lógica: lo determinante no sería el precio del cable en el mercado, sino el daño causado al servicio público y a los usuarios.

Esta reorientación punitiva conecta con un debate más amplio sobre la protección de las infraestructuras críticas que se lleva produciendo en Europa durante los últimos años, especialmente tras una serie de sabotajes a redes ferroviarias y energéticas en distintos países del continente. En ese contexto, la propuesta española incorpora el concepto de infraestructura esencial como bien jurídico autónomo digno de protección reforzada, con independencia del valor de los materiales dañados o sustraídos.

La reforma, que deberá pasar por el proceso legislativo ordinario antes de entrar en vigor, se enmarca además en un momento de particular atención política a la fiabilidad de la red ferroviaria española, sometida en los últimos meses a episodios de averías y saturación que han generado una intensa controversia pública y parlamentaria.

Nuevo robo este domingo en Ciudad Real

La propuesta del Ministerio llega mientras la red sigue sufriendo nuevas sustracciones. Este mismo domingo, 12 de julio, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía volvió a quedar afectada por un robo de cables, en este caso registrado entre Venta la Inés y Brazatortas (Ciudad Real). El gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, confirmó la incidencia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde indicó que el personal técnico trabajaba para resolver la avería "lo antes posible".

No es un hecho aislado en la provincia. El miércoles anterior, Adif ya había notificado otro robo de cables en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Malagón, también con afección a los servicios de alta velocidad con Andalucía. Dos cortes en cinco días en el mismo corredor y en la misma provincia convierten a Ciudad Real en el epicentro más visible de una oleada que el Ministerio de Transportes lleva días calificando de "totalmente inaceptable" y que ha precipitado la reforma penal anunciada este domingo.