STAS entrega 2.000 firmas para pedir recuperar la jubilación anticipada en la Junta
La entrega de miles de firmas ante la Delegación del Gobierno en Toledo ha convertido este martes a STAS en el altavoz de un malestar creciente entre el personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El sindicato denuncia que la reciente normativa estatal ha supuesto “el mayor retroceso en derechos laborales” para este colectivo en dos décadas y reclama medidas inmediatas para revertir la situación.
La publicación del Real Decreto 11/2024, de 23 de diciembre, aprobado por el Gobierno central y firmado también por CCOO y UGT, eliminó en la práctica la posibilidad de acceder a la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional. Hasta ese momento, quienes cumplían los requisitos legales podían reducir parte de su jornada en los últimos años de vida laboral, una medida especialmente relevante para empleados con tareas físicas y que permitía aliviar la carga de trabajo antes de la jubilación total.
Según explica STAS, la nueva norma introduce una modificación determinante: el contrato del trabajador o trabajadora relevista debe ser indefinido, un requisito incompatible con el acceso a la Función Pública, que está sujeto a procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta exigencia hace inviable la figura del relevista en la administración autonómica y, por tanto, impide aplicar la jubilación parcial.
El sindicato recuerda que el colectivo afectado lo integran 7.000 trabajadores y trabajadoras y que el impacto ya es tangible. Desde la entrada en vigor del Real Decreto, estiman que 300 personas que cumplían los requisitos no podrán solicitar la jubilación parcial. Solo en lo que va de año, a 80 empleados públicos se les ha denegado la petición en aplicación de la nueva legislación.
En su comparecencia ante la Delegación del Gobierno, representantes de STAS reclamaron una modificación legislativa mediante una disposición transitoria que permita recuperar el derecho perdido. La exigencia se dirige tanto al Gobierno central como a los sindicatos firmantes de la norma.
Además, el sindicato instó al Gobierno regional a dejar de “estudiar, pensar, meditar, contemplar, dialogar” y adoptar una posición firme en defensa de su personal laboral, al considerar que la situación requiere urgencia y determinación institucional.
