Peligran 4.500 concesiones de riego: la Junta exige su prórroga

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió este lunes en Toledo el mantenimiento de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana y de las 4.500 concesiones vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) más allá de 2027, fecha en la que expira el actual marco normativo sin que se hayan alcanzado plenamente los objetivos ambientales y socioeconómicos del plan. Gómez realizó estas declaraciones ante los medios antes de reunirse con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), Ángel Bellón, y con representantes de las ocho comunidades de usuarios que integran la federación.

La consejera anunció que el Gobierno regional convocará el Consejo Regional del Agua entre el 22 y el 23 de mayo para presentar y debatir el documento final de alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas, cuyo plazo de presentación vence el 28 de mayo. Ese documento es el resultado de las mesas de trabajo celebradas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, "reuniendo el sentir de todas y cada una de las confederaciones geográficas y con todos los interesados", según explicó la consejera. El objetivo es que el Consejo revise ese texto antes de su presentación oficial y que los colectivos con "particularidades muy concretas" que no hayan quedado recogidas en el documento general puedan trasladarlas mediante alegaciones propias.

La importancia socioeconómica del Alto Guadiana

Gómez subrayó la singularidad de la cuenca del Guadiana frente a otras demarcaciones hidrográficas españolas. Se trata de una zona que concentra el 54% de todo el regadío de la región, sustentada sobre importantes masas de agua subterránea que han sido históricamente determinantes para el desarrollo económico del territorio. "El Alto Guadiana no es solo agua, son personas, es empleo, es un modelo rural que funciona, que ha logrado mantener la población y la actividad económica, en parte gracias al regadío y a un tejido agroalimentario sólido", afirmó.

Los datos que manejó la consejera ilustran el peso del sector: el regadío en esta zona representa el 14% de todo el empleo agrario y el 64% de toda la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha. "No se pueden obviar los recursos hídricos que se necesitan, independientemente de la adaptación al cambio climático y la disponibilidad del recurso", sostuvo Gómez, quien reiteró que el Gobierno regional quiere reivindicar con firmeza el derecho de la región "a poder utilizar el agua que genera su propio territorio, especialmente en sectores tan determinantes como el agroalimentario".

La batalla por las concesiones y las dotaciones mínimas

Uno de los puntos más sensibles del debate es la extinción de las concesiones vinculadas al PEAG, en particular las referidas a cultivos de leñoso. Gómez calificó esa medida de "claramente desequilibrada" y exigió que se eliminen los obstáculos que impiden la renovación de esas concesiones. El Gobierno autonómico también rechazó cualquier rebaja de la dotación mínima de 700 m³ por hectárea, equivalente a 14,5 hectómetros cúbicos. La consejera puso esa cifra en perspectiva: "Se está derivando por el Acueducto Tajo-Segura un volumen anual que este año va a superar casi los 600 hectómetros cúbicos. No es nada y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de demostrar que su impacto socioeconómico en la región es fundamental".

Desde el Gobierno regional se insistió en que los nuevos planes hidrológicos deben "integrar de forma realista las medidas a adoptar, incorporando la evaluación de los costes socioeconómicos asociados, así como la necesidad de adaptar el marco normativo vigente".

Prórroga de la Directiva Marco del Agua

En paralelo a la defensa de las concesiones, la Junta apuesta por lograr una prórroga de la Directiva Marco del Agua (DMA) en los aspectos que afectan a la gestión equilibrada del recurso. Gómez recordó que Castilla-La Mancha ya ha llevado esta posición a Europa, la ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones y participa activamente en la revisión normativa donde se adoptan las decisiones. "Defendemos la ampliación del horizonte no para no hacer nada, sino para hacer bien las cosas: modernización del regadío, eficiencia, control de extracciones, recuperación progresiva del acuífero y garantizar el futuro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel", argumentó la consejera.

Gómez señaló también que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, sigue "con especial preocupación" la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, convencido de que el modelo actual de gestión "resulta insostenible" y de que es necesario avanzar hacia "un nuevo modelo hídrico más equilibrado y sostenible, garantizando una reserva hídrica estratégica para asegurar el abastecimiento y el regadío de nuestra tierra".

FERGUALT reclama unidad política ante la amenaza al regadío

El presidente de FERGUALT, Ángel Bellón, advirtió en la reunión de que el cuarto ciclo de planificación supone "una reducción de dotaciones y una extinción de derechos" en el periodo 2028-2033 que se traduce, a su juicio, "en miseria y pobreza para todo el Alto Guadiana". Bellón lanzó un llamamiento a la unidad política y reclamó, "con mucha neutralidad", que el Gobierno regional, el PP, el PSOE y Vox formen un frente común con una comisión que fije una posición consensuada. "Son miles y miles de familias que viven de la agricultura, la ganadería y la industria y que, por falta de dotación de agua, se tienen que ir a otras provincias o a otras comunidades autónomas", alertó.

FERGUALT agrupa a ocho Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, todas ellas declaradas en riesgo: Campo de Calatrava, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas, Rus-Valdelobos, Sierra de Altomira, Campo de Montiel, Masa Mancha Occidental I y Masa Mancha Occidental II. En conjunto, aglutinan más de 50.000 aprovechamientos y usuarios, con una superficie de regadío de 300.000 hectáreas en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados, lo que convierte al Alto Guadiana en la demarcación con mayor peso agrícola de toda la comunidad autónoma.

"Un ataque sin precedentes" al campo regional

Mientras el Gobierno autonómico y los regantes presentaban un frente común en Toledo, la diputada autonómica del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, compareció este mismo lunes en rueda de prensa en Ciudad Real (Ciudad Real) para denunciar que la nueva planificación hidrológica del Gobierno de España para el periodo 2028-2034 supone "una amenaza gravísima" para Castilla-La Mancha y para el sector agroalimentario regional, y acusó al presidente Emiliano García-Page de actuar "con consentimiento" ante esa política hídrica.

Merino alertó de que la propuesta publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 de noviembre de 2025 contempla recortes en las dotaciones de riego en todas las cuencas —especialmente en la del Guadiana—, reducción de superficies regables, extinción de derechos de riego, reconversión forzosa de regadío a secano y la posible no renovación de concesiones del PEAG para cultivos leñosos. "El daño será incalculable", advirtió la parlamentaria, quien también criticó que la planificación esté basada en "datos que generan enormes dudas, que nadie puede cotejar y que no sabemos quiénes los han hecho y con qué intenciones".

La diputada popular cargó también contra García-Page por su "falta de resultados reales" en materia hídrica y rescató su viaje a Bruselas para defender una moratoria de la Directiva Marco del Agua: "A la hora de votar, los parlamentarios europeos de Castilla-La Mancha votan en contra de dicha moratoria. Una auténtica tomadura de pelo", afirmó. Merino reprochó al PSOE que "dice una cosa aquí y vota todo lo contrario en Bruselas y en el Congreso" y comparó la situación de Castilla-La Mancha —con, según sus datos, un 44% de los fondos europeos sin ejecutar— con comunidades como Extremadura o Andalucía, donde sí se estarían desarrollando proyectos hídricos. El PP exige nuevas infraestructuras hidráulicas, planificación eficaz, ejecución de fondos europeos y el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, además de la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional