Nuevo acuerdo salarial para empleados públicos y fin de recortes: Retos de CSIF para 2025

CSIF Castilla-La Mancha cree que el Sescam no está preparado para absorber a los mutualistas
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, desgrana durante la entrevista los principales objetivos de su sindicato para el año 2025 - EFE/Ismael Herrero
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, desgrana durante la entrevista los principales objetivos de su sindicato para el año 2025 - EFE/Ismael Herrero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) arranca 2025 en Castilla-La Mancha con dos retos para este año, alcanzar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos y acabar con los recortes que comenzaron en 2011 y siguen en la actualidad, afirma el presidente del sindicato en la región, Lorenzo Domínguez.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Domínguez hace balance de los meses que lleva al frente del sindicato, ya que fue elegido presidente de CSIF en Castilla-La Mancha en abril de 2024, y resalta el crecimiento de la organización tanto en número de afiliados como de delegados en estos meses, un incremento que se da en las administraciones públicas y en las empresas.

De cara al año que ha comenzado hace pocos días, Domínguez fija con claridad dos retos: un nuevo acuerdo salarial y acabar "con todos los recortes que llegaron con María Dolores de Cospedal y que Emiliano García-Page está manteniendo".

Sobre el acuerdo salarial, el presidente de CSIF en la región calcula que los empleados públicos han perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo desde 2010 y por ello reclama uno nuevo que permita recuperar ese poder adquisitivo, que sea plurianual y además vinculado al IPC, con una cláusula de revisión automática para que los empleados públicos puedan recuperar lo perdido.

En este punto, recuerda que mientras que la subida salarial automática es del 0,5 %, el sindicato solicita ya para este año un incremento del 6 %.

Fin a los recortes en sanidad, educación y en la Administración General de la Junta

El segundo reto marcado por Domínguez para 2025 pasa por poner fin a los recortes que se aprobaron en la Legislatura 2011-2015, gobernada por el PP, que asegura que se mantienen en la actualidad con un gobierno del PSOE, y sostiene que ese mayor compromiso con el empleado público redundará en unos mejores servicios públicos, que permitirán lograr "una sociedad más justa e igualitaria".

Entre sus propuestas, se encuentra el Plan de Acción Social de la Junta, que "lo derogó Cospedal y Page no quiere ni oír hablar de recuperarlo", y que consistía en una serie de dotaciones para los empleados públicos, como ayudas para la adquisición de gafas, apoyos para hijos con discapacidad o becas para comedores escolares.

Asimismo, advierte de que se está "abriendo la puerta a la privatización de determinados servicios" en el anteproyecto de ley de Simplificación Administrativa y exige más personal en servicios como las oficinas comarcales agrarias.

En educación, Domínguez lamenta la excesiva burocracia a la que deben hacer frente los docentes y que es "agobiante", al tiempo que reclama que se cumpla el acuerdo con el Gobierno regional para bajar las horas lectivas de los docentes y que se contrate más personal para las escuelas infantiles.

"Los recortes en la sanidad están siendo graves", denuncia Domínguez, que afea que están "restringidas las contrataciones desde el verano" y lamenta que está "colapsada la atención primaria y también las urgencias en los hospitales", ya que "falta personal y faltan recursos".

Para Domínguez, "la sanidad en Castilla-La Mancha no va bien y hay muchos recortes que hay que acabar con ellos".

También denuncia que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no ha recuperado la carrera profesional para los sanitarios y lo achaca a "un problema de gestión más que de otra cosa".

"Creemos que hay dinero. El consejero de Hacienda nos viene diciendo que desde el año 2015 se han aumentado los presupuestos un 55 % y, sinceramente, si no estamos recuperando esos recortes en los servicios públicos, no entendemos ese dinero", advierte Domínguez, que ante el argumento de que se han destinado los recursos a nuevos contratos, añade que "en otras comunidades se han ampliado las plantillas y se está pagado también la carrera profesional".

En cambio, califica de "muy buena" la oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para 2024, que suma 5.840 plazas, de las cuales 3.907 son para el Servicio Público de Empleo (Sescam) y se muestra partidario de "seguir ampliando para mejorar la prestación de los servicios públicos para a todos los ciudadanos, porque de ello depende que la sociedad sea más justa".

Lamenta que el Gobierno regional no le ha recibido

Sin embargo, Domínguez lamenta que a pesar de ser el sindicato mayoritario en la función pública en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional no le ha recibido.

"Nos convocan a mesas de negociación como a cualquier sindicato, pero institucionalmente el Gobierno de Emiliano García-Page no nos recibe y no entendemos por qué. (....) Hemos enviado ya algunas cartas mostrándoles nuestras reivindicaciones y solicitando que nos reciban, pero encontramos un muro. No sabemos qué tienen en contra del sindicato CSIF", se queja el presidente del sindicato a nivel autonómico, que reivindica que el objetivo de su organización es que "Castilla-La Mancha siga creciendo y que cada vez haya menos desigualdades".

Además, Domínguez también valora que el sindicato crece en la empresa privada y lo achaca a que trabajan "con independencia, transparencia y honestidad".

En este sentido, y ante uno de los principales problemas del mercado laboral castellanomanchego como es la elevada siniestralidad laboral, Domínguez reclama más prevención, más formación y mayores inspecciones para comprobar que se cumplen las condiciones de trabajo y más vigilancia para detectar "los fallos que puede haber para tratar de evitar esa alta siniestralidad".

Cree que el Sescam no está preparado para absorber a los mutualistas

En otro orden, el presidente de CSIF considera de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) "no está preparado" para absorber a los más de 50.000 empleados públicos de la comunidad autónoma que en la actualidad reciben asistencia sanitaria a través de Muface.

Domínguez alerta de que si el Sescam, en la actualidad, ya está "colapsando" en atención primaria y en las urgencias de los hospitales por el aumento de las enfermedades respiratorias, "cómo va a estar preparado para absorber a esa cantidad de castellanomanchegos que van a pasar al Sistema Nacional de Salud".

"No es un problema solo económico, es un problema de infraestructura. Faltan médicos, faltan camas, faltan todo tipo de instalaciones, de urgencias, de hospitales para recoger a todo ese personal que va a venir. No estamos preparados para ello", sostiene Domínguez, que incluso cree que el fin de Muface podría "desbordar" la sanidad pública castellanomanchega.

Por ello, critica que al Gobierno regional "todavía no se le ha oído manifestarse sobre este tema", algo que señala que sí han hecho otros ejecutivos autonómicos, como el de Madrid o Andalucía, que "están diciendo que no están preparados".

En términos generales, para Domínguez es un "despropósito lo que está ocurriendo" con Muface y acusa al Gobierno central de "dejarlo morir" porque "sabía perfectamente que a finales de 2024 terminaba el concierto y no se ha movido nada hasta finales de año, cuando salió la primera licitación a mediados de octubre y quedó desierta".

En esta línea, Domínguez recuerda que en diciembre, las aseguradoras presentaron sus condiciones y por ello reclama al Gobierno central que haga públicas esas condiciones y también el informe de viabilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre este sistema sanitario concertado.

"Si el Gobierno central no tiene una previsión y el de Castilla-La Mancha no se ha pronunciado, imagino que no tienen un plan preparado para estas situaciones", analiza el presidente del CSIF en la región, ante la posibilidad de que el Sistema Nacional de Salud o el Sescam debieran abordar un plan para atender a los mutualistas que pasarán a la sanidad pública.

Con todo, Domínguez señala que el sindicato "no pretende que las aseguradoras se enriquezcan o que se aprovechen de esta situación" y por ello apuesta por el diálogo entre todas las partes, de forma que "Gobierno, aseguradoras, Muface se reúnan y acuerden las condiciones que tiene que haber, entre todos, para que el sistema no caiga".

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