Medio centenar de funcionarios rechazan la ley de simplificación frente a la Consejería

Medio centenar de funcionarios de todas las provincias de Castilla-La Mancha se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Administraciones Públicas para protestar contra la ley de simplificación administrativa, que, según denuncian, supone la privatización de servicios públicos.

Con gritos de "Lo público no se vende se defiende" o "Simplificación sin privatización", los miembros de las Juntas de Personal Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocados por CCOO, CSIF, STAS y UGT, han dicho "no al la privatización de los servicios públicos".

Han estado representadas las juntas del personal y los comités de empresa, que han mostrado su rechazo a esta norma, impulsada por el Ejecutivo autonómico.

El coordinador del sector autonómico de Comisiones Obreras, Juan Bautista González, ha asegurado a los medios de comunicación presentes que el modelo planteado por el Gobierno es "un engaño para el ciudadano" porque "se pretende agilizar trámites con un procedimiento que básicamente es la privatización de la administración pública".

"Es como si se fuera a introducir el virus de la externalización en la administración pública, de forma que a modo de epidemia zombie, poco a poco, mordisco a mordisco, las entidades privadas se van a hacer con toda la administración", ha advertido.

Los sindicatos también han censurado al Gobierno socialista de Emiliano García-Page. "No se entiende muy bien porque supone se que pertenecen a un gobierno progresista que defiende lo público", han afeado.

Los representante han confirmado que no tienen prevista reuniones con el Gobierno para tratar de revertir la norma y han reconocido que les queda "la movilización y la protesta" y que "la ciudadanía se entere cuál es nuestra posición".

La secretaria de negociación de CSIF, Victoria Ortiz, ha puesto sobre la mesa que el Consejo Consultivo "le dio un dictamen bastante desfavorable" a la norma y ha confiado en que con ese dictamen "por lo menos reflexionen".

Desde el sindicato STAS se ha apuntado la ley de simplificación administrativa "va a suponer también desigualdad entre los usuarios y usuarias del sistema público", porque "permite incluso el pago de tasas a las empresas" y ha afirmado que "los únicos garantes del bien público somos los empleados públicos".

El delegado de la Junta de Personal, Rafael López, ha resaltado que los sindicatos están de acuerdo en que hay que acometer una simplificación por "un exceso de burocratización", pero ha alertado que la norma no cambiará eso.

"Tendríamos que desarrollar las leyes con vistas a que a que sean los trámites más sencillos. Eso se va a dejar igual y simplemente cambiamos en vez de que lo haga personal público, lo van a hacer empresas privadas", ha afirmado.