La Ley de Industria de Castilla-La Mancha impulsa la digitalización

El Observatorio de Promoción Industrial de Castilla-La Mancha reunió este miércoles, 22 de julio de 2026, a los agentes del sector en las instalaciones del Comité Olímpico Español (COE) en Toledo para conocer de primera mano las claves del Anteproyecto de Ley de Promoción y Fomento de la Actividad Industrial de la región. La sesión, presidida por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, situó en el centro del debate un texto legislativo que aún se encuentra abierto a aportaciones ciudadanas e institucionales a través del Portal de Participación Pública de Castilla-La Mancha y que marca uno de los ejes de la política industrial del Ejecutivo regional para los próximos años.

La reunión del organismo consultivo sirvió para presentar ante los miembros del Observatorio —que reúne a empresas, asociaciones sectoriales, agentes sociales y representantes de la administración— el contenido y la orientación estratégica de un anteproyecto que, según subrayó la propia consejera, nació con la intención de alinearse con la futura legislación estatal. Sin embargo, la parálisis en el desarrollo legislativo nacional en el Congreso de los Diputados ha llevado a Castilla-La Mancha a emprender su propio camino normativo, sin esperar a que el marco común de ámbito estatal vea la luz.

Un texto orientado a la modernización y la digitalización

La exposición técnica del anteproyecto corrió a cargo del director general de Empresas, Santiago Baeza, quien detalló las principales líneas estratégicas que vertebran el texto. La futura ley incorpora un enfoque de política industrial centrado en la modernización del tejido productivo, la digitalización y automatización de procesos y la incorporación de tecnologías avanzadas a las empresas de la región. Junto a estos ejes, el anteproyecto contempla también medidas específicas para incentivar el desarrollo de nuevos proyectos industriales, con el doble objetivo de reforzar la competitividad del tejido productivo regional y atraer inversiones externas a Castilla-La Mancha.

El texto responde, en palabras de la consejera Franco, a la necesidad de dotar a las empresas industriales de la región de un marco normativo actualizado que les permita afrontar los retos del momento: la transformación digital, la transición energética, la competencia global y la necesidad de generar empleo de calidad en el territorio. La norma busca así superar el vacío legislativo existente en la comunidad autónoma y proporcionar a los operadores económicos y a la propia administración instrumentos jurídicos y de planificación más ágiles y eficaces.

Participación pública abierta hasta el 13 de agosto

El Anteproyecto de Ley de Promoción y Fomento de la Actividad Industrial de Castilla-La Mancha se encuentra actualmente en el periodo de recepción de aportaciones, que estará abierto hasta el próximo 13 de agosto a través del Portal de Participación Pública de la Junta. En este trámite previo a la redacción definitiva del proyecto de ley, cualquier ciudadano, empresa, asociación u organismo puede presentar sus observaciones y propuestas sobre el contenido del texto.

La consejera Franco recordó en la reunión la importancia de este proceso participativo como garantía de que la futura ley recoge las necesidades reales del sector. La elección del Observatorio de Promoción Industrial como escenario para presentar el anteproyecto no es casual: el organismo funciona como foro de diálogo entre la administración autonómica y los principales actores del tejido industrial de las cinco provincias de la región.

Dos nuevos programas de apoyo a las pymes industriales

Al margen de la presentación del anteproyecto, Patricia Franco avanzó en la reunión otra novedad relevante para el tejido empresarial regional. El Ejecutivo autonómico trabaja para aprobar en los próximos días las órdenes de bases de dos programas de nueva implantación en Castilla-La Mancha: el Bono Crecimiento Pyme y el programa de Nacimiento de Pymes Industriales.

Ambas iniciativas se sumarán a las convocatorias de apoyo al tejido empresarial que se impulsan desde el Plan Adelante, cuya dotación conjunta asciende a 15 millones de euros. El Plan Adelante constituye el principal instrumento de la Junta de Comunidades para articular ayudas directas a la actividad empresarial e industrial de la región, y los dos nuevos programas ampliarán su cobertura tanto hacia pymes ya consolidadas que quieran crecer como hacia proyectos industriales en fase de creación.

La presentación de estas dos líneas de apoyo en el mismo acto en que se expone la futura Ley de Industria refleja la voluntad del Ejecutivo regional de combinar el desarrollo normativo con medidas de apoyo económico directo, buscando un enfoque integral que vaya de la legislación a la financiación concreta de los proyectos empresariales.