El gasto en intereses de Castilla-La Mancha casi se quintuplicará hasta 2029
Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) proyecta que el gasto de las comunidades autónomas en intereses de su deuda se multiplicará por más de tres entre 2022 y 2029, al pasar de 3.608 millones a 11.528 millones de euros. El estudio advierte de que esta dinámica "obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda".
Castilla-La Mancha se sitúa entre las regiones con mayor incremento relativo previsto, con un aumento del 396 % en ese periodo, por encima de la media nacional. El informe, elaborado por los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín, insta a las comunidades a actuar "con especial prudencia" en sus políticas fiscales.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó esta semana un informe que proyecta una triplicación del gasto autonómico en intereses de la deuda entre 2022 y 2029, impulsada por dos factores combinados: la subida de los tipos de interés y el elevado volumen de pasivos que acumulan las administraciones regionales. Castilla-La Mancha, con un incremento previsto del 396 %, figura entre las cuatro comunidades con mayor variación relativa de toda España.
El estudio, elaborado por los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín para Fedea, cuantifica el impacto de la refinanciación progresiva de la deuda autonómica en un entorno de tipos muy superiores a los de la década anterior. El tipo medio de la deuda pública de las comunidades autónomas subiría del 1,1 % en 2022 hasta alcanzar el 3,3 % en 2029. Conforme venzan los títulos emitidos a tipos casi nulos durante los años de política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, las haciendas regionales deberán renovarlos a un coste sensiblemente mayor.
El informe parte de supuestos que los propios autores califican de optimistas. La deuda pública autonómica alcanzó su pico en 2020, al situarse en el 27,2 % del PIB, y presenta desde entonces una senda de reducción que llegará al 17,1 % en 2029. Sin embargo, Fedea advierte de que esa mejora en la ratio de deuda sobre el PIB no evitará el fuerte aumento del gasto financiero, ya que la refinanciación de los vencimientos se realizará a tipos de interés superiores a los de la deuda amortizada.
La trampa de los tipos
Fedea descarta que los tipos vuelvan a niveles cercanos al 0 % en el horizonte analizado, y fija el tipo de emisión de referencia para sus proyecciones en el 3 %, nivel similar al registrado justo antes de la Gran Recesión de 2008. En ese escenario, la presión sobre las cuentas autonómicas irá creciendo ejercicio a ejercicio: en 2022 las comunidades destinaron 3.608 millones a pagar intereses; al año siguiente, la cifra saltó a 6.468 millones, y en 2024 alcanzó los 7.452 millones.
La consecuencia más inmediata, según el informe, es el riesgo de desplazamiento del gasto social. "Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda", señala el texto. Las comunidades autónomas, concluye Fedea, "deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo que puedan adoptar tanto en el corto plazo como en los próximos años".
Castilla-La Mancha, entre las más expuestas
En el ranking de variación relativa, Castilla-La Mancha ocupa la cuarta posición a nivel nacional con un +396 % proyectado entre 2022 y 2029, solo por detrás de La Rioja (+804 %), Canarias (+410 %) y Murcia (+407 %), y por delante de la Comunidad Valenciana (+476 %). En términos absolutos, Cataluña será la comunidad con el mayor desembolso para pagar intereses en 2029, con 2.968 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.080 millones, Madrid con 1.409 millones y Andalucía con 1.356 millones.
En el extremo opuesto se sitúan las comunidades forales y Madrid, que presentan incrementos más contenidos: País Vasco (+96 %), Madrid (+85 %) y Navarra (+39 %).
El informe recuerda que las comunidades autónomas han sido en los últimos años "uno de los niveles de la administración con mayor deterioro fiscal", con una deuda pública que pasó del 6 % del PIB en 2008 hasta un máximo del 27 % en 2020, periodo en el que se vieron afectadas por la Gran Recesión y la pandemia de coronavirus. Fedea advierte de que las reducciones significativas de la presión fiscal o los programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas regionales.