El Gobierno da luz verde a subir el salario de los funcionarios un 2% para este año

- En enero de 2025 se aprobará una subida adicional del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

- El Gobierno suprime IVA del aceite de oliva y alimentos hasta septiembre y lo fija al 2% hasta diciembre

- Las autonomías recibirán este año del Gobierno unos recursos récord de 154.467 millones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
photo_camera La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida salarial del 2% para los más de tres millones empleados públicos prevista para este año, que se cobrará de forma inmediata, en la primera nómina posible, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a este 2% se le sumará un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación que se aprobará en enero de 2025, pero referido al ejercicio 2024.

"Mantenemos nuestro compromiso con los empleados públicos, no en vano, son el principal activo que tienen las administraciones", ha destacado Montero, que ha añadido que con la aprobación de esta subida salarial se da total cumplimiento al acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos.

En este sentido, ha subrayado que, en virtud de este acuerdo, la revalorización salarial total de los empleados públicos en su periodo de vigencia (2022-2024) alcanzará hasta el 9,8%.

En concreto, el Gobierno firmó con los sindicatos CCOO y UGT para este año un incremento salarial para los empleados públicos del 2%, más un 0,5% adicional si la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 supera el aumento retributivo fijo aplicado durante dichos años (8%).

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%.

De este modo, en enero de 2025 se aprobará ese 0,5% adicional para que el salario de los empleados públicos suba en el conjunto de 2024 un 2,5%.

IVA DEL ACEITE DE OLIVA Y LOS ALIMENTOS

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado este martes la supresión del IVA en los alimentos básicos --pan, huevos, verduras o fruta-- y en el aceite de oliva hasta el 30 de septiembre, mientras que el tipo subirá al 2% desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante el último trimestre se va a ver moderada a la baja.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha detallado el real decreto aprobado este martes por el que se prorrogan medidas para afrontar las consecuencias económicas, también las sociales, derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

Una importante novedad de este decreto es que el IVA del aceite de oliva, donde ya se había producido una rebaja del 10 al 5%, pasará al 0% desde el 1 de julio y se mantendrá así hasta el 30 de septiembre. Después se situará en el 2% entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Además, la ministra de Hacienda ha anunciado que este producto a partir de ahora va a formar parte de la cesta de productos y alimentos básicos, por lo que tendrá siempre un tipo superreducido.

El tipo superreducido en España es del 4%. Esto significa que cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será el 4% en vez del 10% que venía soportando durante todo este periodo anterior.

"Una decisión que reconoce la importancia del aceite de oliva en la dieta mediterránea, en la dieta saludable, para potenciar también a este mercado que ha tenido muchas dificultades en los últimos años fundamentalmente derivadas de la situación de sequía y en donde debemos desde luego cuidar este mercado y este producto como uno de nuestros bienes más preciados", ha remarcado Montero.

Asimismo, se prorroga también hasta el 30 de septiembre los tipos del 5% del IVA para la pasta y los aceites de semilla. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para la retirada gradual de medidas anticrisis, el tipo se situará en el 7,5%.

REBAJA DEL IRPF A 5,2 MILLONES DE PERSONAS

Otra de las medidas que se recogen en el decreto es la rebaja del IRPF, que va a evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen en el impuesto sobre la renta.

El Gobierno ya modificó anteriormente el reglamento del IRPF para evitar que estos trabajadores tuvieran ya desde este año 2024 retenciones en sus nóminas mensuales y lo que el Ejecutivo hace ahora es incluir la medida en la propia ley del IRPF.

El año pasado se elevó este umbral mínimo para practicar retenciones de 14.000 a 15.000 euros. Ahora se vuelve a incrementarlo hasta el 15.876 euros, es decir, el equivalente al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. "Por tanto, los trabajadores que reciban este salario no tendrán retenciones del IRPF ni tendrán que pagar posteriormente", ha remarcado la ministra.

Sin embargo, los colectivos que se benefician por esta medida son más amplios, dada la propia progresividad del impuesto, alcanzando la mejora hasta las rentas que llegan a los 22.000 euros.

Con todo, y según Montero, esta rebaja del IRPF beneficia a 5,2 millones de contribuyentes, especialmente son asalariados y pensionistas con rentas bajas y medias que lograrán un ahorro de 1.385 millones de euros.

Así, la suma de las medidas fiscales incluidas en este real decreto, tanto el IVA como el IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año --1.400 millones en el IRPF y 1.036 millones en el IVA--.

"O dicho de otra forma, las rentas bajas y medianas pagarán menos impuestos con el gobierno progresista que lo que hacían con el gobierno del Partido Popular", ha enfatizado la ministra.

En relación con los colectivos vulnerables, el Gobierno ha extendido la vigencia del escudo social, que incluye hasta final de año prohibición de corte de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la extensión de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio del año 2025, es decir, hasta que pase el invierno próximo. Además, en el ámbito de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, el decreto concede el carácter indefinido para las comunidades de vecinos.

ACOMPAÑAR A FAMILIAS Y EMPRESAS "EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO"

La previsión que maneja el Gobierno es que a partir del último trimestre de este año se produzca una práctica normalización de la situación de inflación y, por tanto, decaerían esas medidas. No obstante, la ministra de Hacienda ha recalcado que el Ejecutivo acompañará a las familias y al tejido producto "el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad".

"El Gobierno ha diseñado la hoja de ruta con los datos que manejamos actualmente, pero evidentemente, como siempre, daremos respuesta a situaciones sobrevenidas o que no se correspondan con esas previsiones", ha enfatizado la responsable de Hacienda.

25.000 MILLONES DE REBAJA DE IMPUESTOS ENERGÉTICOS E IVA DE ALIMENTOS

Según Montero, este decreto es la continuación de una "potente política pública" de apoyo a las familias, a los hogares, al sector productivo, especialmente a las pymes y autónomos, que se ha desplegado durante todos estos años. En concreto, las medidas desplegadas desde 2020 alcanzan un importe de más de 120.000 millones de euros.

Además, la ministra ha destacado que el Gobierno ha llevado a cabo la mayor rebaja de impuestos energéticos y del IVA de la historia, lo que ha permitido un ahorro de 25.000 millones de euros a las familias españolas. "Pese al ruido, pese a los bulos de la derecha y de la extrema derecha sobre los supuestos infiernos fiscales, este Gobierno ha llevado a cabo la mayor rebaja de impuestos de la historia", ha remarcado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En otro orden, el Gobierno ha aprobado también este martes la distribución para este año de los 154.467 millones de euros entre las comunidades autónomas de régimen común en concepto de entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación autonómica, lo que supone casi 20.000 millones más que el año pasado.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que ha explicado que el Gobierno desea que este incremento de recursos "puedan fortalecer la sanidad, educación y dependencia".

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

En este contexto, el Gobierno ha aprobado la distribución de estos 154.467 millones de euros destinados a las comunidades autónomas en conceptos de entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación autonómica, que están incluidos en el decreto de prórroga de las medidas ante los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, desligándolo así de los Presupuestos Generales del Estado.

TRAS SER AVALADO POR EL CPFF

Y es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de diciembre ya avaló esta actualización de las entregas a cuenta, que ascienden a 134.658 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas este año. El resto de millones de euros corresponde a la liquidación del sistema de financiación.

Al haber renunciado a presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año por las elecciones en Cataluña, el Gobierno ha incluido la actualización de las entregas a cuenta en este decreto, que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de este martes y posteriormente tiene que ser validado por el Congreso.

El pago de las entregas a cuenta se efectúa mensualmente, a través de dos ingresos a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: uno al principio del mes y otro al final.

Y tal y como se acordó en la Comisión de Administración Local (CNAL), entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las entidades locales recibirán un montante de 28.557 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta para este año, 5.620 millones más que en 2023.

LO DESLIGA DE LA REFORMA DEL MODELO

Con todo, la ministra Montero ha reprochado al PP que dijera que era indisociable que las entregas a cuenta no se pudieran aprobar sin los Presupuestos: "Nosotros desde el primer día la hemos planteado distintas para que no penalice a los territorios el hecho de que no haya Presupuestos".

Al hilo, ha desligado la actualización de las entregas a cuenta de este año con las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica, que ha cogido especial relevancia últimamente por la intención del Gobierno central a otorgar un trato especial a Cataluña.

En cualquier caso, Montero ha incidido en que para el Gobierno el principal interlocutor es el PP para actualizar este modelo de financiación autonómica, aunque ha vuelto a pedir al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que consensúe una posición común entre todas sus comunidades.

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