CSIF lamenta la lacra de la siniestralidad laboral y exige reformas legislativas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este lunes, con el lema 'No es un juego, es nuestra vida' y poniendo el foco precisamente en las elevadas cifras de siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha durante 2024, un año negro en el que perdieron la vida 58 personas y en la que se produjo una media de 75 accidentes de trabajo al día.

CSIF resalta que el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna es un derecho fundamental que "no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo", según ha incidido la central sindical en nota de prensa.

Los 58 accidentes mortales, 50 durante la jornada laboral y 8 in itinere, suponen un incremento del 36% en comparación con el año anterior y sitúan a 2024 como el año más trágico en la región desde 2006, cuando se registraron 80 accidentes mortales, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

"Desgraciadamente, Castilla-La Mancha arroja unos índices de siniestralidad laboral mortal totalmente desorbitados, con 6,6 muertes por cada 100.000 habitantes", lamentan.

La industria manufacturera, construcción y transportes son los sectores que aglutinan mayor número de accidentes laborales y entre las causas sobresalen las caídas, pérdida de control total o parcial de equipos de trabajo o materiales, golpes, sobresfuerzo físico y accidentes de tráfico.

Para CSIF, detrás de estas "terribles" cifras, junto a los 27.549 accidentes registrados en 2024 (75,4 accidentes al día), se encuentra "el deterioro de las condiciones de trabajo y de la cultura de prevención de riesgos laborales".

Además, apuntan desde CSIF que la siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos "siguen siendo invisibilizados y normalizados" y, "en muchos casos", son "consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de protocolos de prevención efectivos".

Según la central sindical, es fundamental que todos los participantes en la gestión preventiva (Gobierno central y autonómicos, empresas, administraciones, mutuas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, servicios de prevención, personas trabajadoras y representantes sindicales) "asuman su responsabilidad".

Para ello, desde CSIF reclaman reformas legislativas, con una actualización Ley de Prevención de Riesgos Laborales que "se adapte a la nueva realidad del mundo laboral", ampliación del cuadro de enfermedades profesionales incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

Del mismo modo, piden una regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.

También ven necesario dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.

Por último, solicitan un fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

- Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de

sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario,

docentes, prisiones y servicios sociales.

-Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

-Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.

-Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.

-Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.

-Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.

-Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.