Castilla-La Mancha advierte que el nuevo mapa de autobuses dejará sin conexión a 347 municipios
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha mostrado su frontal rechazo al nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por autobús impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al advertir que la propuesta estatal dejaría sin parada a 347 municipios de la región y supondría la desaparición de 3.181 trayectos actualmente en servicio. El Gobierno autonómico considera “inviable” asumir estas rutas sin un modelo de financiación que cubra íntegramente el déficit y cifra el coste real en 16 millones de euros, más del doble de los 7 millones comprometidos por el Ejecutivo central.
Un estudio que alerta del aislamiento rural
Según la carta enviada por la Consejería de Fomento al departamento que dirige Óscar Puente, a la que tuvo acceso Europa Press, el análisis regional detalla que la eliminación de paradas afectaría principalmente a municipios de carácter rural, que dependen en gran medida del transporte por carretera para conectarse con cabeceras de comarca, hospitales, juzgados o centros educativos. “El nuevo mapa deja aisladas a cientos de localidades y rompe la cohesión territorial de Castilla-La Mancha”, advierte la Junta.
El estudio elaborado por el Ejecutivo autonómico cuantifica en 16 millones de euros el coste necesario para mantener las expediciones, frente a la aportación de solo 7 millones prevista en el esquema de financiación planteado por el Ministerio. Ese desfase de 9 millones lo considera “inasumible” la administración regional, que advierte del riesgo presupuestario y de seguridad jurídica que supondría aceptar el plan sin una cobertura estable.
El ultimátum del Ministerio
El conflicto se enmarca en la reforma estatal del mapa concesional de autobuses, que lleva años de debate. Transportes pretende reordenar las líneas interurbanas para adaptarlas a la demanda real y modernizar las concesiones, algunas de ellas vigentes desde hace décadas. Como informó El Español, el Ministerio ha dado a las comunidades autónomas hasta el 15 de septiembre de 2025 para aceptar o rechazar el nuevo modelo.
El esquema diseñado en Madrid contempla una aportación global de 40 millones de euros a repartir entre las autonomías, que asumirían directamente la gestión de los tráficos interiores de su territorio. Sin embargo, el planteamiento exige que la comunidad que se sume lo haga con la totalidad de sus rutas regionales: no cabe la aceptación parcial. En caso de rechazo, el Estado se compromete a mantener la operatividad de todas las paradas de las líneas interurbanas nacionales, aunque no cubriría aquellas de carácter regional que quedaran fuera del mapa.
La posición de la Junta
En su respuesta oficial, la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha recuerda que ya ha diseñado un esquema detallado de los itinerarios que considera imprescindibles para garantizar la movilidad de sus ciudadanos. La Junta asegura que está dispuesta a ponerlos en marcha, pero subraya que cualquier implementación debe quedar supeditada a la existencia de financiación asegurada que garantice estabilidad presupuestaria.
El Ejecutivo autonómico no plantea objeciones a que comunidades vecinas asuman algunos trayectos en zonas limítrofes, siempre que se respeten los principios de coordinación interterritorial y no se genere solapamiento de competencias.
Riesgo de fractura territorial
La preocupación principal del Gobierno regional es el efecto que tendría el nuevo mapa en la vertebración de Castilla-La Mancha. Con una población dispersa y con comarcas enteras que dependen del autobús para acceder a servicios básicos, la pérdida de 3.181 expediciones supondría, según la Junta, “un retroceso de décadas en materia de movilidad rural”.
El Ejecutivo autonómico alerta además de que la reducción de servicios agravaría el riesgo de despoblación en zonas ya castigadas por el éxodo rural, al limitar las posibilidades de conexión con centros de trabajo y servicios públicos.
Un calendario ajustado y negociaciones abiertas
A pesar de la firmeza de su rechazo inicial, la Junta ha solicitado que las conversaciones con el Ministerio se prolonguen más allá de la fecha límite de septiembre. Su objetivo es consensuar una solución que contemple un modelo de financiación “adaptado a las particularidades de Castilla-La Mancha”, que asegure los recursos suficientes para mantener los trayectos y que ofrezca seguridad jurídica a largo plazo.
Por ahora, el Ministerio mantiene su hoja de ruta y reclama una decisión inminente. Si Castilla-La Mancha no acepta, se abriría un escenario en el que el Estado mantendría los servicios de largo recorrido pero quedarían sin respaldo buena parte de los trayectos regionales que conectan pueblos con ciudades cercanas.
El debate político
El asunto no solo enfrenta a administraciones, sino que ha abierto un nuevo frente político. Mientras el Gobierno regional del PSOE insiste en que el planteamiento del Ministerio es insostenible económicamente y lesiona a la España rural, desde la oposición se reclama una defensa más contundente de los intereses de los municipios afectados y se advierte del riesgo de que Castilla-La Mancha quede rezagada respecto a otras comunidades que sí logren acuerdos con Transportes.
Consecuencias en juego
El pulso entre ambas administraciones pone en juego algo más que cifras presupuestarias. Se trata de decidir si miles de ciudadanos de zonas rurales conservarán o no la posibilidad de subir a un autobús en su propio municipio. Con septiembre como fecha decisiva, el resultado de la negociación marcará el futuro inmediato de la movilidad interurbana en Castilla-La Mancha.
