Asaja y UPA convocan una gran protesta en Toledo el día 29 por la crisis del campo
Toledo vivirá el próximo 29 de enero una jornada de alta tensión social y política con la protesta masiva convocada por Asaja Castilla-La Mancha y UPA Castilla-La Mancha, una movilización que pretende paralizar la ciudad mediante la entrada de varias columnas de tractores procedentes de distintos puntos de la provincia. La marcha arrancará a partir de las 10.00 horas desde el recinto ferial de La Peraleda, desde donde los agricultores subirán hacia Zocodover, epicentro del Casco Histórico, sin detener su avance. Bajo el lema “Mentiras no, soluciones sí”, las organizaciones agrarias llaman al conjunto de la sociedad castellanomanchega a respaldar una protesta que consideran determinante para el futuro del campo.
La convocatoria llega en un momento que los dirigentes de ambas organizaciones califican de “situación límite” para agricultores y ganaderos. El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, alertaron en rueda de prensa de la acumulación de problemas estructurales que arrastra el sector: desde los recortes anunciados en la Política Agraria Común (PAC) y el impacto de acuerdos comerciales como Mercosur hasta una presión burocrática creciente, el encarecimiento de los costes de producción, la crisis sanitaria en la ganadería y la incertidumbre en torno a la planificación hidrológica. Todo ello, aseguraron, compromete la rentabilidad de miles de explotaciones, el relevo generacional y la viabilidad del medio rural.
Un conflicto estructural que amenaza la soberanía alimentaria
Fresneda fue especialmente contundente al advertir de que “el campo de Castilla-La Mancha está condenado porque quienes hacen los papeles son fundamentalistas radicales, enemigos del modelo productivo”. Según afirmó, la situación actual pone en riesgo la soberanía alimentaria, un concepto que ambas organizaciones sitúan en el centro del debate. El dirigente agrario criticó también el “hartazgo” generalizado ante las “muchas mentiras procedentes de la clase política”, y pidió a las consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible que no anuncien proyectos “sin presupuesto ni disponibilidad real de agua”.
El presidente de Asaja reprochó que la administración “divida al campo” con anuncios y medidas que, a su juicio, “confunden a la gente y hacen mucho daño”, y denunció que la política agraria actual responde a un modelo dominado por “fundamentalistas ecologistas, medioambientalistas y animalistas que tienen como objetivo acabar con el sistema productivo”. En este contexto, defendió que la manifestación del 29 de enero “no va con siglas, va con el campo”, e instó a la sociedad a participar activamente.
Rechazo frontal a Mercosur y a los recortes de la PAC
La política comercial de la Unión Europea es otro de los puntos de fricción que vertebra la convocatoria. Tanto Asaja como UPA expresaron su rechazo rotundo al acuerdo UE–Mercosur, al considerar que no garantiza reciprocidad y genera competencia desleal. Fresneda advirtió de que en países como Argentina se están desarrollando plantaciones masivas de olivar, un movimiento que —dijo— podría comprometer el liderazgo español en el sector en los próximos años.
Aún mayor preocupación genera la reforma de la PAC a partir de 2027, que prevé un recorte presupuestario de entre el 20% y el 30% y su integración en un fondo único europeo, una propuesta que las organizaciones califican de “la peor de la historia de la PAC”. Morcillo lamentó que esta fórmula genere “conflictos entre cultivos y entre países”, y reprochó que Bruselas no haya atendido las demandas planteadas por el sector durante el ciclo de movilizaciones de años anteriores.
Burocracia, costes de producción y crisis ganadera
Las organizaciones alertan también del peso creciente de la burocracia, que describen como un elemento “asfixiante” que resta competitividad, absorbe recursos y desincentiva la incorporación de jóvenes. Los representantes agrarios denuncian que el sector debe afrontar un volumen de trámites, controles y obligaciones “cada vez más complejo”, y reclaman una simplificación normativa real, mayor seguridad jurídica y un marco regulatorio estable.
A esta presión se suma el incremento sostenido de los costes de producción, con subidas significativas en energía, fertilizantes, gasóleo, maquinaria y mano de obra. Según Asaja y UPA, este encarecimiento, unido a la imposibilidad de repercutir los costes en los precios finales, ha situado a muchas explotaciones al borde del cierre. Por ello, exigen medidas que garanticen que los precios percibidos por los agricultores cubran los costes reales.
En el ámbito ganadero, la expansión de enfermedades como la lengua azul ha desencadenado una crisis sanitaria que ha golpeado con dureza a explotaciones de toda la región. Las organizaciones reclaman ayudas estructurales, compensaciones económicas “reales” y un programa de vacunación gratuito, así como una actuación rápida ante posibles crisis futuras.
El agua, un punto crítico: recortes, extinciones y falta de planificación
La planificación hidrológica es otro de los núcleos del conflicto. Asaja y UPA denuncian que la actual hoja de ruta implica recortes en dotaciones y superficies de riego, reconversiones forzosas a secano e incluso extinción de derechos de agua, un escenario que califican de insostenible. Morcillo mostró su preocupación por los expedientes en el Guadiana, especialmente los relativos al Plan Especial del Alto Guadiana, cuyos derechos —teóricamente previstos para renovarse en 2027— se incluirían ahora en el apartado de extinciones. “No lo vamos a aceptar”, subrayó, reclamando al Gobierno regional que “se ponga al frente” de la defensa del sector.
Fresneda coincidió en que es necesario “cambiar radicalmente el modelo de política de agua” y criticó que “enfrente” haya “una administración que está en contra del desarrollo del sector agrícola y ganadero”.
Una protesta para decidir el futuro del campo
Asaja y UPA insisten en que la manifestación del 29 de enero constituye un llamamiento claro y firme a las administraciones para que adopten medidas inmediatas y eficaces. Al mismo tiempo, apelan a los consumidores para que apoyen al sector apostando por productos locales y saludables. Ambas organizaciones subrayan que la movilización pretende unir al campo en un momento que consideran decisivo para su futuro.
Posicionamientos sociales ante el acuerdo UE–Mercosur
El rechazo al acuerdo UE–Mercosur, uno de los ejes de la movilización convocada en Toledo, también ha provocado pronunciamientos en otros ámbitos sociales. Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha expresado su apoyo a las protestas agrarias y ha denunciado la negativa de la Comisión Europea y de varios gobiernos europeos a atender “la preocupación generalizada” por las repercusiones del pacto en la agricultura, la salud, los derechos laborales y el clima. La organización advierte de que, en la región, las pequeñas agricultoras y agricultores serán los más perjudicados, al competir con grandes empresas del otro lado del Atlántico sometidas a normativas ambientales y laborales más laxas.
Según Ecologistas, el acuerdo beneficiará sobre todo “a la industria cárnica que empobrece y contamina el territorio”, alimentada por la producción de soja y otros insumos sin garantías sociales ni ambientales. La entidad, integrada en la campaña Stop UE–Mercosur, anuncia que promoverá movilizaciones para exigir al Parlamento Europeo un voto contrario al pacto comercial.
La organización recuerda que una mayoría cualificada de Estados miembros aprobó recientemente el acuerdo “a pesar de 25 años de rechazo por parte de la sociedad civil organizada, organizaciones agrarias, indígenas y sindicatos”, y subraya que es la primera vez que la UE da luz verde a un tratado comercial sin el consentimiento de todos los países. También ha mostrado su apoyo a las protestas de agricultores europeos que bloquean fronteras y carreteras en señal de rechazo y ha denunciado que las supuestas salvaguardias agrícolas son insuficientes, alimentando “una carrera suicida” que enfrenta a productores de ambos lados del Atlántico.
Para Ecologistas en Acción, este modelo de agricultura industrial orientada a la exportación es una de las mayores causas de la crisis climática y compromete la capacidad futura de producir alimentos. La entidad alerta de estudios que anticipan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la pérdida de cientos de miles de empleos, además del debilitamiento de los derechos indígenas, laborales y de las pymes afectadas por las compras públicas.
La organización acusa al Gobierno de España de priorizar los intereses de grandes empresas en detrimento de la clase trabajadora, la agricultura familiar y las pequeñas empresas de ambas orillas del Atlántico. Asimismo, critica el procedimiento “opaco y apresurado” con el que se ha cerrado el acuerdo, excluyendo a los parlamentos nacionales y adelantando su aplicación sin esperar al Parlamento Europeo. Como colofón, censura la postura “sumisa” de la UE ante Estados Unidos y la continuidad de políticas comerciales “colonialistas” hacia los países de Mercosur, India, China y el Sur global.
