La Red SSPA rechaza el nuevo modelo de financiación por agravar la despoblación rural
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) ha expresado su rechazo frontal a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España, al considerar que perjudica gravemente a los territorios despoblados y a las zonas rurales con población dispersa. La organización, integrada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, advierte de que estas medidas no solo no corrigen el problema de la despoblación, sino que lo consolidan y lo aceleran.
En un comunicado difundido este jueves, la SSPA subraya que el planteamiento del Ejecutivo se apoya de forma prioritaria en criterios de población y actividad económica, dejando de lado factores determinantes como la despoblación extrema, la dispersión territorial, el envejecimiento de la población o el sobrecoste real de la prestación de servicios públicos en estos territorios.
Un sistema que ignora los sobrecostes reales
Desde la red recuerdan que prestar servicios básicos en territorios extensos y con muy baja densidad de población resulta objetivamente más caro. Por ello, consideran que un sistema de financiación que reparte los recursos sin tener en cuenta estos sobrecostes condena a estas provincias a recibir menos financiación por habitante precisamente allí donde más se necesita.
A su juicio, el modelo propuesto generará un “círculo vicioso” que se traducirá en menos recursos, peores servicios y, como consecuencia, una mayor pérdida de población, lo que derivará a su vez en una reducción futura de la financiación. “En lugar de corregir el problema de la despoblación, lo consolidará y lo acelerará”, advierten.
Igualdad y cohesión territorial
La SSPA insiste en que la igualdad no puede basarse únicamente en el reparto de fondos por número de habitantes, sino en garantizar los mismos servicios públicos con independencia del código postal. En este sentido, reclama en primer lugar la incorporación obligatoria de criterios correctores de despoblación, superficie y dispersión en el sistema de financiación autonómica.
Asimismo, exige un reconocimiento explícito del sobrecoste que supone la prestación de servicios públicos en los territorios rurales extremos y, por último, que ningún modelo de financiación sea aprobado sin evaluar previamente su impacto real en las provincias más despobladas del país.
La red ha advertido de que continuará denunciando públicamente, y por todas las vías necesarias, cualquier reforma que, bajo el discurso de la igualdad, suponga el abandono de los territorios despoblados y de las zonas rurales y vulnere el principio de cohesión territorial recogido en la Constitución.
