Niega abusar de su nieta en Ciudad Real pero avalan a la menor

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgó este jueves, a puerta cerrada, a un hombre acusado de agredir sexualmente a su nieta cuando la menor tenía 8 años, en hechos ocurridos en septiembre de 2019 en un municipio de la provincia. El acusado, identificado como J.M.M.C., negó los cargos durante el juicio.

Las peritas psicológicas que elaboraron el informe psicosocial encargado en la causa consideraron creíble el relato de la menor. La acusación particular y el Ministerio Fiscal solicitan 11 años de prisión, junto a 15 años de libertad vigilada y otros 15 de alejamiento.

El acusado de abusar de su nieta de 8 años durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real - EP
El acusado de abusar de su nieta de 8 años durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real - EP

La Audiencia Provincial de Ciudad Real celebró este jueves, a puerta cerrada, el juicio contra J.M.M.C., acusado de un delito de agresión sexual a su nieta, que contaba con 8 años en el momento de los hechos, ocurridos en septiembre de 2019 en un pueblo de la provincia. El procesado negó ante el tribunal haber cometido los abusos que se le atribuyen, en un caso que no salió a la luz hasta más de cuatro años después de que se produjeran.

La abogada Concha Marín, que ejerce la acusación particular junto al Ministerio Fiscal, compareció ante los medios antes del inicio del juicio y detalló las penas que solicita para el acusado: 11 años de prisión, 15 años de libertad vigilada y 15 años de alejamiento de la menor, además de la correspondiente responsabilidad civil. Marín subrayó que ninguna compensación económica puede reparar el daño moral causado a la niña y a su familia.

La letrada destacó la "especial gravedad del caso" al tratarse de una presunta agresión sexual a una menor cometida, según la acusación, por su abuelo paterno, una persona de máxima confianza en el entorno familiar de la víctima. La defensa, por su parte, optó por no hacer declaraciones antes del inicio de la vista, aunque su letrado anticipó que su cliente negaría los hechos, tal y como finalmente ocurrió.

La menor tardó más de cuatro años en revelar lo ocurrido

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando la niña tenía 8 años. La menor no relató lo sucedido hasta el 18 de octubre de 2023, más de cuatro años después, cuando se lo contó a su madre. La revelación se produjo tras un período en el que la niña comenzó a presentar cambios de comportamiento, rebeldía y dificultades en la relación con sus padres, que alertaron a su entorno más cercano.

Fue precisamente su madre quien, al preguntarle por lo que le ocurría, provocó que la menor rompiera a llorar y verbalizara lo que había vivido. Ese mismo día, 18 de octubre de 2023, la progenitora presentó denuncia ante las autoridades. La Fiscalía recoge en su escrito que, a raíz de los hechos, la niña ha sufrido "una importante afectación emocional y sintomatología psicológica significativa".

Dos días después de interpuesta la denuncia, el 20 de octubre de 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Real decretó medidas cautelares contra el procesado: prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio, a su colegio o a cualquier otro lugar en el que se encontrara a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Las psicólogas avalan el testimonio de la menor

Un elemento central del juicio fue el informe psicosocial elaborado sobre la menor. Las psicólogas encargadas de su redacción consideraron creíble el relato de la niña tras conocerse los hechos, según explicaron las partes a la conclusión de sus intervenciones. Este tipo de peritajes, habituales en causas de abuso sexual a menores, cobra especial relevancia en casos en los que la víctima es la principal —y en ocasiones única— fuente de prueba directa.

El acusado, según el escrito de la Fiscalía, cuenta con antecedentes penales: fue condenado a más de dos años de prisión por un delito contra la salud pública en 2017. El Ministerio Fiscal sostiene que J.M.M.C. se habría valido de su relación familiar con la menor para cometer los hechos por los que ahora se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial.

El juicio se celebró a puerta cerrada, tal y como establece la ley para los procedimientos en los que están implicados menores de edad. El tribunal deberá ahora valorar las pruebas presentadas, entre ellas el informe pericial psicosocial y las declaraciones de las partes, antes de dictar sentencia en una causa que enfrenta al acusado con la posibilidad de ingresar en prisión por más de una década.

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