Multan con 85.000 euros a la planta de Socuéllamos que registró una explosión

La planta de tratamiento de residuos biosanitarios del Grupo Athisa, ubicada en Socuéllamos (Ciudad Real), donde el pasado lunes murió una trabajadora de 51 años y otros dos empleados resultaron heridos graves, será sancionada con 85.000 euros por una infracción grave previa al accidente de esta semana.

Así lo ha indicado este miércoles la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, a preguntas de los medios de comunicación.

Fernández ha explicado que el expediente sancionador fue abierto con anterioridad al accidente, tras una inspección realizada por el Gobierno regional el 6 de agosto, y se encuentra ahora en periodo de alegaciones.

"Ese expediente sancionador va a salir hacia adelante con una falta grave y con una multa de 85.000 euros", ha precisado.

La delegada ha recordado que la planta solo tenía autorización para trabajar con residuos citostáticos, es decir, materiales procedentes de tratamientos oncológicos, como matrices de orina o utensilios utilizados en terapias hematológicas, y que no son residuos con riesgo de explosión. Por ello, ha advertido que será necesario determinar qué otros productos se manipulaban en la nave.

También ha detallado que, en la actualidad, la planta funcionaba acogiéndose a la exención de una autorización prevista en el artículo 34 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que permite a ciertos proyectos de investigación operar mediante declaración responsable, sin necesidad de una autorización expresa.

"Los proyectos de investigación no están obligados a tener autorización. Si cumplen una serie de requisitos, lo que hacen es comunicarnos su actividad. La Administración no autoriza, pero sí puede inadmitir esa comunicación si no se ajusta a la ley", ha explicado.

Sin embargo, la Junta rechazó en dos ocasiones las solicitudes de la compañía para ampliar su actividad. La primera fue en julio, cuando la empresa pidió trabajar con mayores volúmenes, y la segunda el 2 de octubre, cuando comunicó su intención de prolongar el proyecto actual más allá del 9 de octubre, fecha en la que expiraba el plazo inicial.

"A esa nueva declaración responsable les volvimos a decir que no", ha señalado la delegada, que considera que la segunda petición se realizó "con mala fe" al acabársele el plazo el 9 de octubre.

Además, ha subrayado que la Junta ya había advertido a la empresa de que debía hacer mejoras y que había detectado deficiencias en las actas de inspección, también ratificadas por el Seprona.

Respecto a si la empresa tenía o no licencia de actividad, Fernández ha aclarado que eso corresponde al Ayuntamiento de Socuéllamos y que "lo desconocen" al ser dependiente de la entidad local.

La delegada ha pedido prudencia y ha señalado que corresponde a la Policía Judicial de la Guardia Civil determinar las causas del siniestro. "Si ha habido alguna negligencia o irresponsabilidad por parte del empresario, tiene que caer el peso de la ley sobre la empresa", ha afirmado.

Por último, ha reiterado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida y ha trasladado su apoyo a los dos heridos, que siguen en estado crítico.

"Es un hecho tan dramático que no conviene frivolizar. Hemos cumplido taxativamente la ley y ahora solo esperamos que se investigue y se aclaren las causas cuanto antes", ha concluido Fernández.

CCOO PIDE "INVESTIGAR AL MÁXIMO"

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha abogado por investigar al máximo las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral y "depurar todas las responsabilidades que puedan existir en cualquiera de los ámbitos".

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa para presentar el Observatorio Social de las Personas Mayores, ha aludido al siniestro de Socuéllamos y al ocurrido también en Valdepeñas.

Recordando que el pasado viernes se creó el Consejo Regional del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región, ha reconocido que los efectos del trabajo de este órgano requieren "un cierto tiempo para que se vean reflejados".

No obstante, ha trasladado el compromiso de la patronal, la parte sindical y el Gobierno regional para combatir la sinestralidad laboral y enfrentar con firmeza aquellos casos que han supuesto incumplimientos de medidas de seguridad, aplicando "todo el peso de la ley a las empresas que incumplen estas medidas", que puedan ser "causa, lamentablemente" del fallecimiento de una persona trabajadora o una lesión permanente grave "para toda la vida".

En esta línea, respecto a la explosión de Socuéllamos, ha optado por mantener "cierta cautela y prudencia, porque está en fase de investigación".

"El sindicato está ejerciendo su labor, en este caso, de información a los trabajadores y sobre todo de información de cara a lo que ha podido suceder, pero la preocupación es muy elevada".

Con todo, ha señalado que no se puede permitir en Castilla-La Mancha "esta cifra negra que durante este último periodo estamos teniendo en materia de siniestralidad".