La patronal vitivinícola denuncia a la CHG por presunto uso irregular de sanciones
La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha solicitado a la Guardia Civil que investigue el destino del dinero recaudado por sanciones a agricultores y ganaderos en el entorno del Acuífero 23, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). La patronal denuncia recortes drásticos en el uso de agua para riego y acusa al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de actuar con fines recaudatorios.
La AIVE ha iniciado la recopilación de quejas de agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Según la organización, el sector está sufriendo “acoso y atropello” por parte del organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En un comunicado, AIVE ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue el uso de los fondos obtenidos a través de sanciones desde que el Acuífero 23 fue declarado sobreexplotado en 1987. La asociación pide transparencia y auditorías para esclarecer el destino de “cientos de millones de euros” recaudados durante este tiempo.
La patronal rechaza también las restricciones impuestas al uso de agua para riego, que han pasado de 7.500 metros cúbicos por hectárea a 1.270 en las últimas décadas. Según AIVE, estas medidas buscan “sancionar, recaudar y asfixiar” al sector primario de Castilla-La Mancha.
El colectivo recuerda que la actividad agrícola y ganadera es clave para la producción de alimentos, la generación de riqueza y la lucha contra la despoblación en la región. En este sentido, considera que la gestión del acuífero, actualmente denominado Mancha Occidental, podría encubrir “un posible fraude” y exige explicaciones a la CHG.
